Tras la sentencia solo se mantendrán las tasas fijas para las personas jurídicas en la interposición de demandas del orden jurisdiccional civil en sus actuales cuantías y quedan anuladas las tasas para los recursos en todos los órdenes jurisdiccionales y la parte de las tasas que estaban vinculadas a la cuantía del procedimiento
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, QUE DECLARA FUERA DE LA LEGALIDAD PARTE DE LAS TASAS JUDICIALES IMPUESTAS POR GALLARDÓN EN 2012, DEMUESTRA DE NUEVO QUE EL GOBIERNO DEL PP LEGISLÓ VIOLENTANDO EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
No obstante, CCOO considera que la sentencia es extremadamente benévola con el poder ejecutivo, olvidando los derechos de decenas de miles de ciudadanos, al establecer que “no se ha producido una lesión del derecho fundamental mencionado, que deba repararse mediante la devolución del importe pagado”, (…) “por lo que no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables”
Si bien la sentencia declara que el establecimiento de las tasas judiciales “no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental como es el del acceso a la Justicia en cualquiera de sus vertientes”, el Tribunal Constitucional seguirá permitiendo al poder legislativo la imposición de tasas judiciales aunque para ello deberían revisarse a la baja las cuantías de algunas de ellas.
Aunque esta opción sea constitucionalmente aceptable, CCOO apuesta por recuperar lo establecido en la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de supresión de las Tasas Judiciales. Defendemos que la ciudadanía y las pequeñas y medianas empresas no abonen tasas judiciales porque ya pagan con sus impuestos la financiación de todos los servicios públicos, como la Educación, la Sanidad y la Justicia.
CCOO rechaza de plano el establecimiento de “copagos” para los usuarios de los servicios públicos esenciales.
Para CCOO esta sentencia da parcialmente la razón a las organizaciones sociales y a la ciudadanía que nos unimos en la lucha contra esta injusta ley en el intento del gobierno del PP de dejar fuera de la tutela judicial efectiva a millones de personas.
En esta lucha, ha sido fundamental la unidad de las organizaciones sociales que, como en la Plataforma Justicia para Todos, impulsamos la recogida de decenas de miles de firmas contra esta Ley y las acciones de protesta masivas que se llevaron a cabo.
No obstante, la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) adolece de la fortaleza necesaria para emitir un dictamen claro que muestre a la ciudadanía que tiene en ese alto Tribunal el garante de sus derechos.
Porque declarar, como hace la sentencia, que no debe obligarse al Gobierno a devolver los más de 500 millones de euros recaudados de las decenas de miles de personas que tuvieron que hacer un enorme esfuerzo para poder ejercer un derecho constitucional como es el acceso en condiciones de igualdad a la Administración de Justicia, es una severa demostración de que dicho Tribunal no está a la altura de lo que le exige esta sociedad democrática: ser absolutamente independiente del poder político y vigilante de sus actuaciones si éstas ponen en riesgo los derechos de todas y todos los ciudadanos.
Asimismo, para CCOO es totalmente inaceptable también que el Tribunal Constitucional en su sentencia “olvide” a ese inmenso número de personas que no pudieron acudir a defender sus legítimos derechos ante los Juzgados y Tribunales por culpa de una injusta ley de Tasas impuesta por Gallardón y su Gobierno, con su presidente a la cabeza. Puede deducirse del contenido de esta sentencia que el TC desconoce que decenas de miles de personas han visto presuntamente vulnerados sus derechos a la tutela judicial efectiva al no poder acudir a los Tribunales a defenderlos, y esa presunta vulneración no puede ya remediarse ni está el TC dispuesto a exigirlo al Gobierno.
No es aceptable en absoluto, que se pretendiera por Gallardón y Rajoy imponer tasas para acceder a la Administración de Justicia con cantidades paritarias para todos, de forma que debían abonar lo mismo una persona con ingresos mínimos como una gran empresa que factura cientos de miles de millones de euros al año. Los impuestos si no son progresivos en función de los ingresos atacan los pilares de un Estado social, y las tasas judiciales constituyen un ataque a esos cimientos.
Solo la eliminación de todos los aspectos de la Ley de Tasas del Gobierno del PP, el reconocimiento de que lo abonado por la ciudadanía debería devolverse y la restauración de los derechos de todos aquellos que intentaron acudir a la Administración de Justicia y no pudieron hacerlo porque la Ley de Tasas Judiciales se lo impidió, hubiera permitido abrir un camino para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la Justicia.
Pero el contenido de la sentencia del TC permite que siga prevaleciendo la posición del Partido Popular de seguir en una senda profundamente injusta que, a través del deterioro de los servicios públicos y la dificultad para el acceso a los mismos, sigue castigando a la mayoría más débil de la sociedad y que ha encontrado en tribunales que dictan sentencias como ésta un impagable aliado.
El Tribunal Constitucional en esta sentencia ha declarado la pérdida sobrevenida del objeto del recurso en relación con las tasas que la ley 10/2012 había impuesto también para las personas físicas por lo que no se ha pronunciado sobre su constitucionalidad. Nada más tomar posesión, el ministro Catalá propuso la modificación de esa Ley eximiendo a las personas físicas del pago de las tasas judiciales, que Gallardón también había propiciado con la complicidad de su gobierno y de todo el Partido Popular. Nunca sabremos, por tanto, si esas tasas impuestas a los ciudadanos y ciudadanas respetaban o nola Constitución Española pero para CCOO sigue estando claro que constituían un ataque sin precedentes a la mayoría de la sociedad en su derecho a la tutela judicial efectiva por lo que seguiremos luchando para que ningún nuevo gobierno ni parlamento persista en este tipo de políticas contrarias al estado social y democrático que propugna nuestra constitución.
