Mesa Oposiciones Secretarios Judiciales OPE 2014


24/7/2014


Ayer 23 de julio se ha celebrado la reunión para la negociación de las bases de la convocatoria de las oposiciones de secretarios judiciales OEP 2014.

EL MINISTERIO DE JUSTICIA CONVOCARÁ LAS OPOSICIONES DE SECRETARIOS JUDICIALES NO ANTES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.

CCOO HA EXIGIDO QUE SE GARANTICE UN TRATO IGUALATORIO A TODAS Y TODOS LOS OPOSITORES INCLUYENDO EN LAS BASES DE MANERA EXPRESA LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UN EXAMEN DE INCIDENCIAS Y QUE SE EVITE LA DISCRIMINACIÓN DE LAS OPOSITORAS POR RAZÓN DE LA MATERNIDAD RECONOCIENDO QUE, EN CASO DE APLAZAMIENTO DE ALGUNA DE LAS FASES DE LA OPOSICIÓN, SE LES EQUIPARARÁN SUS DERECHOS A LOS DE LAS ASPIRANTES DE SU MISMA PROMOCIÓN.


Comisiones Obreras ha presentado decenas de alegaciones a las bases de oposiciones para acceso al Cuerpo de secretarios judiciales sin recibir contestación en la mesa a la mayoría de ellas. 

Detallamos las más significativas.

§         Que los opositores puedan presentarse por ambos turnos, promoción interna y libre.

§     Que se elimine el carácter selectivo del curso teórico-práctico, especialmente en el turno de promoción interna.

§         Que se reduzca de manera efectiva al 50 % el temario para el acceso por promoción interna, se elimine el examen oral y se sustituya por un test de caso práctico.

§         Que el primer examen se descentralice y se celebre, al menos,  en las mismas sedes en las que se celebran los exámenes de las convocatorias de los procesos selectivos para acceso a los cuerpos generales de Gestión, Tramitación y Auxilio.

§     Que en el temario solo se exija la legislación que está en vigor y, en todo caso, esto deberá ser así en materia de Registro Civil.

§       Que para el cómputo de los dos años de servicios efectivos en el cuerpo o escala de Gestión, necesarios para poder presentarse por el turno de promoción interna, además del tiempo trabajado como funcionario de carrera y como interino, se tenga también en cuenta el período de servicios prestados en sustitución vertical en el cuerpo de Gestión (realizado por personal titular del Cuerpo de Tramitación).

§         Que se incluya expresamente en las bases de la convocatoria, de una manera clara sin que pueda dar lugar a interpretaciones de los tribunales, que habrá examen de incidencias para los casos de embarazo o parto, riesgo durante el embarazo, enfermedad grave u hospitalización o cualquier otra circunstancia muy grave debidamente acreditada (En este sentido hemos puesto de manifiesto la jurisprudencia del TS, destacando la reciente sentencia de fecha 14 de marzo de 2014).

§         Que la nota de corte real en el primer ejercicio de promoción interna sea de 50 puntos efectivos o, como mínimo, que no se permita que el número de aspirantes que superan el primer ejercicio en promoción sea menor proporcionalmente, respecto al de las plazas convocadas, que el que se aplique al turno libre. Esta circunstancia debe constar en las bases.

§         Que sea obligación del Ministerio de Justicia ofrecer a los aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo todas las plazas vacantes de segunda y tercera categoría.
§         Que en la fase de concurso (valoración de méritos)  se tengan en cuenta todos los períodos de sustitución realizados por el aspirante, y ese cómputo se realice por días, como en el concurso de traslado.

§         Que las mujeres embarazadas o con licencia de maternidad que hayan tenido que aplazar alguna de las fases de la oposición por dicha circunstancia, incluido el curso teórico-práctico, se las considere a todos los efectos (elección de plaza, efectos económicos, escalafón…) como opositoras de la convocatoria y turno por el que se presentaron (Derecho reconocido ya por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y así hemos hecho especial mención a la reciente sentencia del TC de 5 de mayo de 2104)

§         Que se nombren Tribunales calificadores diferentes para el turno de promoción interna y para el turno libre. 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2015: A preguntas de Comisiones Obreras el Ministerio ha manifestado que la Administración de Justicia sigue siendo de las “privilegiadas” para una posible Oferta Pública de Empleo, pero que a día de hoy nos seguimos viendo sometidos a la injusta tasa de reposición. Confían en que para el año que viene tengamos la Oferta Pública de Empleo que hace años que Comisiones Obreras viene reclamando, y que de una forma u otra para el Ministerio de Justicia el año que viene la Oferta de Empleo Público para Médicos Forenses será prioritaria.

Oposiciones Gestión, Promoción Interna., OPE 2013. Valoración provisional de méritos




En la página del Ministerio se ha publicado el acuerdo del Tribunal Calificador Único del proceso selectivo para acceso al cuerpo de gestión procesal, turno P.I., OPE 2013, por el cual se aprueban y se hacen pública la Relación Provisional, de cada ámbito territorial, que contiene la valoración de los méritos de la fase de concurso respecto de los aspirantes aprobados en la fase de oposición y se concede a los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este Acuerdo en la página Web del Ministerio de Justicia, para alegar las rectificaciones que estimen oportunas respecto a la puntuación otorgada en la fase de concurso, ante el Tribunal Calificador del ámbito territorial correspondiente al que dirigieron sus solicitudes.

*Plazo para alegaciones del 25 de julio al 5 de agosto de 2014.


Acta mesa 10 de julio y firma de preacuerdo por Csif, Staj y Ugt




En la mesa de negociación de hoy 23 de julio, sin incluirlo previamente en el Orden del día de la misma, el Ministerio de Justicia presenta el Acta y el Preacuerdo sobre la reforma de la LOPJ para ser firmado por las centrales sindicales que ya anunciaron que así lo harían el pasado 10 de julio.

CSIF, STAJ Y UGT, COMO YA ANUNCIARON, HAN FIRMADO HOY UN PREACUERDO CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA SIN NINGUNA GARANTÍA PARA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, DANDO POR CERRADA LA NEGOCIACIÓN DE LA LOPJ.
CCOO VUELVE A EXIGIR UNA REDACCIÓN QUE GARANTICE:
EL MANTENIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PARTIDOS JUDICIALES ACTUALES
EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS CENTROS DE DESTINO ACTUALES, INCLUIDAS LAS OFICINAS JUDICIALES DE PAZ que deberán crearse en todas aquellas localidades donde hoy existen Juzgados y Agrupaciones de Paz y donde estarán destinados todos los funcionarios que hoy prestan servicio en los referidos Juzgados
QUE NO PODRÁ EXISTIRA MOVILIDAD GEOGRÁFICA en las reordenaciones de efectivos que se produzcan por cualquier causa (Registro Civil, NOJ, …) NI MOVILIDAD FUNCIONAL
LA SUPRESIÓN DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
LA GARANTIA ESCRITA EN LA LOPJ DE NO AMORTIZACIÓN DE PLANTILLAS

El ministerio ha presentado hoy el texto del Acta de lo ocurrido en la reunión del pasado 10 de julio. Anexo al Acta se adjunta el preacuerdo que Csif, Staj y Ugt ya anunciaron que suscribirían a pesar de la inexistencia de un documento escrito y que CCOO ya advirtió que no solo no recogía los aspectos esenciales para garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras sino que además suponía el cerrojazo a la negociación del resto de cuestiones incluidas en el Anteproyecto de reforma de la LOPJ.

Y mientras Csif, Staj y Ugt tan solo han necesitado cinco minutos para estampar inmediatamente su firma, CCOO ha solicitado un plazo de 48 horas para leerlo con detenimiento y hacer las alegaciones oportunas, tanto a la propia Acta de la reunión, pues CCOO no se reconoce en la misma al no recoger en absoluto la totalidad de nuestra extensa intervención acerca de cada uno de los puntos que consideramos deben ser modificados en el Anteproyecto de la LOPJ, como al texto del preacuerdo.

Para CCOO del examen y lectura de dicho texto, y tal como ya informamos en nuestra hoja de la reunión del pasado 10 de julio, se confirma:

  • En el punto 12, sobre los centros de destino: el ministerio contempla como centro de destino:

-          cada uno de los Servicios Común Procesales (SCP)  que radiquen en el mismo municipio, pero no reconoce las secciones de cada uno de los SCP a las que actualmente se puede concursar

-          las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPADs)  a órganos judiciales que radiquen en el mismo municipio, al haber desaparecido la distinción entre órganos unipersonales y órganos colegiados, así como las jurisdicciones en los Tribunales de Instancia, solo existirá una única UPAD como centro de destino; la movilidad funcional está servida.
-          El Registro Civil Central y los Registros Únicos se mantendrán como centro de destino solo hasta la entrada en vigor de la nueva ley que privatiza el Registro Civil en manos de los Registradores Mercantiles
-          Cada una de las Fiscalías, suprimiendo como centro de destino las Adscripciones de Fiscalía pero no incluyendo expresamente como tal las Fiscalías de Comunidad Autónoma o las Secciones Territoriales de Fiscalía
-          el Tribunal Supremo, sin distinción de salas y secciones como centro de destino propio tal y como es en la actualidad y como así propone CCOO
-          la Audiencia Nacional, sin distinción de salas, secciones, juzgados centrales…
-          cada uno de los IML, cada una de las sedes del INTCF, la MUGEJU

  • Respecto a los Juzgados de paz y Agrupaciones de Juzgados de paz desaparecen como centro de destino y como Juzgados, fruto de la privatización del Registro Civil y la desjudicialización de estos órganos.  A este respecto, en el punto 14 del texto sobre las Oficinas Judiciales de Paz, el ministerio sí recoge la existencia de oficinas judiciales de Paz, aunque en ningún momento garantiza el mantenimiento de tantas oficinas como Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz existen en la actualidad, ni las incluye en las relaciones de centros de destino, ni de ninguna manera garantiza que absolutamente todos los funcionarios/as mantendrán su destino en ellas pues recoge que estarán integradas por los funcionarios que actualmente prestan sus funciones en las agrupaciones o en juzgados de paz de más de 7.000 habitantes…prestando funciones de apoyo a las oficinas judiciales y unidades administrativas del territorio….” el ministerio nunca se ha pronunciado expresamente acerca de que estos trabajadores estarán destinados en ellas y que serán un centro de destino como sí lo eran los Juzgados de Paz. Además, en la redacción actual de la Disposición Transitoria 12ª de la LOPJ, que CCOO ha exigido su modificación una y otra vez, se dispone que estarían destinados en unos SCNE del partido judicial, por lo tanto, tampoco en estos casos se garantiza la localidad de origen de estos trabajadores.

  • Punto 12 final: “El Anteproyecto recogerá expresamente la existencia de los partidos judiciales”,  que no es lo mismo que reconocer expresamente el mantenimiento de los Partidos Judiciales es decir, el Ministerio no reconoce ni se compromete en ningún momento a mantener todos y cada uno de los partidos judiciales que existen en la actualidad. Con esta redacción cabe preguntarse ¿cuántos partidos judiciales existirán? ¿todos? ¿uno? ¿algunos? ¿que ámbito territorial tendrán? La respuesta a estas cuestiones es importante para conocer el alcance del centro de destino pues aunque éstos sean referidos al “municipio”, solo habrá centros de destino en aquellos municipios donde se mantengan las cabeceras de los partidos judiciales. CCOO exige que se garantice por escrito que se mantendrán todos y cada uno de los partidos judiciales que existen en la actualidad.

Comisiones Obreras no puede dar su visto bueno a esa expresión cuando hoy mismo hemos conocido la noticia de que entre las 255 medidas que el sr. Montoro está pactando con las CCAA para seguir recortando en servicios públicos y en derechos de los empleados públicos y de la ciudadanía se encuentra precisamente la medida nº 110 sobre la “reducción del actual modelo de partidos judiciales”.

De los 14 puntos que el ministerio y los sindicatos Csif, Staj y Ugt han firmado como preacuerdo suficiente para cerrar la negociación del Anteproyecto de reforma de la LOPJ, (como así reconoció el propio Ministerio tal y como recoge el acta tras ser preguntado expresamente por CCOO) los puntos 12 y 14 contemplan alguno de los aspectos más dañinos para los derechos de los trabajadores, y, a lo largo de los otros puntos, el texto del preacuerdo que han firmado NO garantiza:

  • Que no habrá movilidad geográfica en las reordenaciones de efectivos por cualquier causa (NOJ, Registro Civil,…)
  • Las limitaciones a la movilidad funcional
  • Que no habrá amortizaciones de plantilla.,
  • Que no se reducirán las retribuciones actuales, incluidas las indemnizaciones por guardias
  • La eliminación de los Planes de Ordenación de Recursos Humanos
  • La retirada de la privatización de los actos de comunicación y ejecución a manos de los Procuradores

Del resto de puntos, el 3,4,5,7,8,9,10,11 y 13, ya estaban incluidos y aceptados por el ministerio en el texto que remite a las organizaciones sindicales en fecha 2 de julio, con anterioridad a la mesa de negociación donde se acepta el preacuerdo, y que todas las organizaciones sindicales reconocimos que eran totalmente insuficientes.

Y respecto a los tres puntos restantes del preacuerdo:

  • Punto 1: el ministerio reconoce la promoción interna extraordinaria de Gestión a Secretarios Judiciales (como así también lo recogía para el resto de cuerpos) y vuelve a exigir una antigüedad mínima de dos años y no tres como consta en el Anteproyecto de LOPJ.
  • Punto 2: respecto a las sustituciones del Cuerpo de Letrados por el cuerpo de Gestión (a los que se llamará “letrados suplentes”) se les reconoce preferencia sobre el llamamiento, sin embargo esta redacción es exactamente la misma que existe en la actualidad y que por ser vaga ha generado multitud de problemas y recursos judiciales para hacer valer la preferencia en el llamamiento del cuerpo de Gestión en las bolsas de Secretarios Judiciales. Además, nuevamente, el ministerio –y las restantes centrales sindicales con su aquiescencia- ha evitado incluir en la LOPJ la expresa reserva del puesto de trabajo para los Gestores que realicen sustituciones de Secretarios Judiciales, tantas veces exigido por CCOO y también por el resto de sindicatos que ahora renuncian a ello.
  • Punto 6: se reconocerán al personal los mismos derechos que a los Secretarios Judiciales reconocidos en el art. 552.2 del Anteproyecto, que se refiere a las libranzas por dedicación o servicio no retribuido.

CCOO insiste en que este preacuerdo no es que sea totalmente insuficiente (que lo es), si no que deja totalmente indefensos a miles y miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia aceptando la pérdida de importantísimos derechos laborales conseguidos durante años.


El preacuerdo no garantiza los derechos más elementales y además deja fuera de la negociación el resto de importantísimas cuestiones que tenemos pendientes de conseguir para recuperar y mejorar nuestras condiciones de trabajo,  entre ellas:

  • La convocatoria inmediata de OEP con la totalidad de las plazas vacantes, como única garantía de que no habrá destrucción de empleo en la Administración de Justicia.

  • La recuperación de todos los derechos laborales y retributivos robados durante estos últimos años e incluso que el Ministerio de Justicia adquiera el compromiso de que se va a avanzar en la consecución de más derechos.
  • O avanzar en la mejora de otras cuestiones que se regulan en la LOPJ como son: la objetividad en el nombramiento de personal interino, sustituto o en comisión de servicio; los sistemas de acceso a la Administración de Justicia incorporando el concurso-oposición como un sistema ordinario; concursos de traslado; modificaciones de las RPT; régimen disciplinario; funciones de cada uno de los cuerpos; adscripciones a órganos concretos –y no al IML- del personal laboral;  jubilación anticipada, forzosa y prórrogas en la edad de jubilación y voluntariedad para optar al régimen general o de clases pasivas; normativa general sobre jornada y horario; licencias y permisos; situaciones administrativas; régimen retributivo, etc. etc., aspectos, todos ellos, sobre los que CCOO ha presentado más de un centenar de propuestas y a cuya negociación no vamos a renunciar.

CCOO seguirá luchando para que la reforma de la LOPJ garantice los derechos de los trabajadores y trabajadoras y no avalará ninguna reforma de la LOPJ que no cuente con el respaldo previo de los trabajadores, manteniendo todas las medidas de presión que hemos anunciado, incluida la huelga convocada para el 8 de octubre, para lograr modificar la propuesta de reforma de la LOPJ y que se incluyan todos los aspectos que reclamamos, tanto en la LOPJ como en materia de Registro Civil, pues como pusimos de manifiesto en la reunión de ayer sobre el Registro Civil también es necesaria la modificación de los artículos de la LOPJ para garantizar los derechos de los trabajadores que van a ver desaparecer sus destinos y/o sus funciones de registro civil.

El Código Penal castiga con mayor dureza a un huelguista que a un agresor sexual



Un informe jurídico de la Fundación 1º de Mayo de CCOO señala que la razón por la que el Código Penal hace de peor condición a los trabajadores y trabajadoras huelguistas que a otros penados por delitos socialmente más reprobables se debe a un delito tipificado heredero del Código Penal franquista cuyo redactado se mantiene casi intacto.
Portada del informe de la Fundación 1º de Mayo de CCOO.
Portada del informe de la Fundación 1º de Mayo de CCOO.
Artículo publicado en nuevatribuna.es

¿Por qué el Código Penal (CP) hace de peor condición a los trabajadores huelguistas que a otros penados por delitos socialmente más reprobables? Según el magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Carlos Hugo Preciado Domènech, esto se debe a un delito tipificado heredero del Código Penal franquista (Artículo 496. 2 y 3) cuyo redactado se mantiene casi intacto.

En el informe jurídico, 'Represión penal y derecho de huelga. La vuelta a la España del siglo XIX', elaborado por Fundación 1º de Mayo de CCOO, Preciado Domènech, a su vez profesor asociado de Derecho Penal de URV, recuerda que el Artículo 315.3 del CP impone penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses "a los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga". El límite mínimo de la pena de prisión de 3 años que contiene la norma impide acceder al penado al beneficio de la suspensión de la pena (Artículo 80.1 CP), lo que se conoce como segunda oportunidad, por lo que la condena impone su ingreso en prisión ,aunque sea el primer delito que comete en toda su vida.

De esta forma, en España, no hay segunda oportunidad para los huelguistas y sí para otros penados por delitos socialmente más reprobables como el homicida imprudente, el agresor sexual, el que comete abusos sexuales con menores, al reo con fuerza en casa habitada o al reo de robo con violencia o intimidación, que pueden librarse de la cárcel al imponérseles penas que no superan los 2 años de prisión.

En la actualidad, según un informe de CCOO, 260 sindicalistas están siendo objeto de procedimientos sancionadores administrativos y penales, imponiendo penas de prisión a personas que carecían de antecedentes penales, lo que resulta, a juicio del magistrado autor del informe, “es claramente desproporcionado”.

“No tiene sentido y es un despropósito constitucional que esa figura delictiva se mantenga en el Código Penal de 1995, reprimiendo conductas que, a diferencia del Código franquista, se desarrollan ahora en el contexto del ejercicio de un derecho fundamental, como la huelga”, señala.

Preciado Domènech denuncia que la última reforma laboral del Gobierno ha supuesto un enorme retroceso en materia de libertad sindical y negociación colectiva favoreciendo el ‘dumping social’. Según datos del propio Ministerio de Empleo, mientras que en 2012 se inaplicaron 748 convenios colectivos, en 2013 la cifra asciende a 2.512. En este contexto, “es lógico” el aumento de los conflictos laborales y las huelgas: “A menos negociación, más conflicto”, señala el experto. Mientras que en 2011 se contabilizaron 485.054 jornadas de huelga, en 2012 fueron 1.290.114, también según datos del Gobierno.

Otra muestra de desproporción, sigue Preciado Domènech, es que “no existe razón alguna para que se castigue más gravemente el ejercicio abusivo del derecho de huelga que las coacciones que tengan por finalidad impedir el ejercicio de un derecho fundamental”.

Por todo ello, el magistrado aboga por hacer desaparecer el delito de coacciones a la huelga recogido en el Artículo 315.3 de CP. Además, a su juicio, desde el prisma interpretativo del delito debería interpretarse “de forma ultra restrictiva” teniendo en cuanta la doctrina constitucional existente. Asimismo, pide que se indulte a los trabajadores, trabajadoras y sindicalistas que ya han sido condenados por su participación en huelgas.

Represión penal y derecho de huelga. La vuelta a la España del siglo XIX

¿SE ACABARON LOS RECORTES ? ... Mentiras... Mentiras... Mentiras



  • ATENCIÓN: PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES... ATENCIÓN CIUDADANÍA, SE PREPARA UN NUEVO ATAQUE A NUESTROS DERECHOS

¿Creíais en el crecimiento económico de Rajoy,  en el fin de las políticas de austeridad y de los recortes de derechos sociales?... CRASO ERROR...  AHORA VIENE LA SEGUNDA PARTE:


En estos momentos Hacienda tiene un DOCUMENTO  con 255 medidas de ahorro y recorte que presentará a las CCAA para debatir en el próximo Consejo Político y Fiscal.

ESTAS MEDIDAS NOS AFECTAN COMO PERSONAL FUNCIONARIO 

- La ampliación de la jornada de los empleados y empleadas públicos a 40 horas semanales
- Eliminación de las plazas vacantes y no creación de nuevas plazas 
- Eliminación de todos los moscosos
- Eliminar la práctica de Función Pública de declarar los días 24 y 31 de Diciembre como no laborables
- Reducción de retribuciones anuales en cuantía equivalente a una paga extra Eliminación de los complementos adicionales de las pagas extra en junio y diciembre
- Reducción de jornada y retribuciones al personal interino
- Limitación de la incorporación de personal interino
- Intensificación del control del absentismo vinculado a la política de personal y a los modelos de incentivos vigentes.
- Ampliación del concepto de absentismo, incluyendo permisos, licencias y reducciones de jornada
- Prohibición o, en su caso, suspensión de acuerdos retributivos sectoriales o generales que impliquen
  aumento de gastos de personal
.- Adopción de medidas para garantizar asignación eficiente y optimización de recursos humanos
(movilidad por reorganizaciones o carga de tareas) 
- Implantación de herramientas de evaluación del desempeño de forma obligatoria y fomento de la
productividad de los servicios internos. 
Mantenimiento de complementos salariales, prohibiéndose la creación de nuevos complementos 
retributivos y revisión de complementos específicos aprobados por la Comunidad Autónoma.

ESTAS MEDIDAS NOS AFECTAN COMO PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

- Valoración de la reforma de la planta y demarcación judicial, mediante una revisión y reducción del actual modelo de partidos judiciales así como del ámbito jurisdiccional de una gran parte de los órganos judiciales.   ( MEDIDA 110)
- Medidas de ahorro en prestación de servicios y  suministros
- Establecimiento de tasas en primera instancia en el orden civil y mercantil
- Tasas por la prestación de servicios personales y materiales
- Reducción del módulo del turno de oficio
- Racionalización gasto postal en ámbito judicial Norma Autonómica Presupuesto que Integra propuesta Implantación de oficinas postales en sedes judiciales de gran volumen.
- Medidas de ahorro en prestación de servicios y suministros. 
- Fomento de los medios extrajudiciales de resolución de conflictos. Mediación y arbitraje

ESTAS MEDIDAS NOS AFECTAN COMO CIUDADANOS Y CIUDADANAS

- Concesión privada sobre determinados servicios públicos ( privatización y subidas de precios)
- Ajuste de las tarifas del transporte público ( es decir, subida del billete )
- Más copago en medicamentos
- Copago por asistir a consultas médicas y urgencias
- Revisión de  la cartera de servicios ( es decir,ciertas enfermedades y tratamientos desaparecerán del sistema público de salud )
- Copago por la interrupción del embarazo y técnicas de reproducción asistida.

SON MUCHAS MÁS. SOLO DESTACAMOS LAS MÁS IMPORTANTES












Reunión de negociación sobre el Registro Civil y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras


23/7/2014



Hoy tuvo lugar la reunión de la mesa de negociación sobre el Registro Civil y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras,  que continuará el próximo martes 29 de julio.


CCOO NO RENUNCIARÁ A CONSEGUIR QUE EL GOBIERNO RETIRE SU DECISIÓN DE PRIVATIZAR EL REGISTRO CIVIL Y REITERÓ SU ROTUNDA OPOSICIÓN A LA PRIVATIZACIÓN DE ESTE SERVICIO PÚBLICO

EL MINISTERIO DE JUSTICIA SIGUE SIN GARANTIZAR TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE ACTUALMENTE DESEMPEÑAN FUNCIONES DE REGISTRO CIVIL Y AFIRMA TAJANTEMENTE QUE NO PUEDE OBLIGAR A LAS CCAA CON COMPETENCIAS A MANTENER LOS PUESTOS DE TRABAJO ACTUALMENTE EXISTENTES.

El Ministerio de Justicia ha afirmado rotundamente que no iba a discutir el modelo de Registro Civil y su privatización, y solo discutiría sobre la redacción de la Disposición Transitoria 8ª de la Ley 20/2011 partiendo del texto que había remitido unos días antes. No obstante, CCOO ha vuelto a denunciar  la entrega a los Registradores Mercantiles de la gestión del Registro Civil supone la privatización de un servicio público y, además de la huelga convocada por CCOO para el día 8 de octubre, seguiremos luchando con todos los medios sindicales a nuestro alcance,  incluidas las acciones legales (civiles y penales) que estimemos oportunas,  para evitar que esta ley cercene aún más los derechos y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras y propine un nuevo ataque a la ciudadanía.

CCOO ha rechazado de plano el texto propuesto por el ministerio pues el mismo no  asegura todos y cada uno de los puestos de trabajo existentes a día de hoy, no  garantiza que, como mínimo, se seguirán percibiendo las mismas retribuciones, y tampoco garantiza que, en ningún caso, habrá movilidad geográfica.

El ministerio sigue afirmando, con palabras exclusivamente, que en su ámbito de gestión, se compromete a que todo el personal (titular e interino) tendrá un puesto de trabajo, pero reconoce que no puede garantizar el de las CCAA con competencias pues una vez más se justifica con no poder interferir en sus competencias. Sin embargo el Subsecretario de Justicia es incapaz de garantizar con hechos para su ámbito de competencia todos los puestos de trabajo, las retribuciones y la localidad de origen, y es por ello por lo que

CCOO ha exigido que en el texto debe aparecer sin ningún género de dudas:

  1. Que, en los órganos judiciales y fiscales de cada localidad donde actualmente hay un Registro Civil exclusivo, se incrementarán las plazas de cada cuerpo, en número igual o superior a las plazas que actualmente compone la plantilla de los RC exclusivos. En el caso del Registro Civil Central el incremento de plazas deberá hacerse en los Órganos Centrales de Madrid capital.
    Además, ese incremento de plantillas deberá ser negociado con las organizaciones sindicales, pues es totalmente inasumible para CCOO que el ministerio pretenda reubicar a estos trabajadores en plazas ya vacantes, ya que de ser así se estarían perdiendo (amortizando) plazas en la Administración de Justicia a efectos de concursos, oposiciones…
  2. Que todos los funcionarios que actualmente están destinados en los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados Paz, quedarán destinados automáticamente en la oficina judicial de paz de la misma localidad, que el ministerio dice que se crearán, y que CCOO exige que se reconocerán expresamente como centro de destino en el art. 622 de la LOPJ y la Disposición Transitoria 12ª de la misma. 
  3. Que en ningún caso habrá cambio de municipio para ningún trabajador que preste servicios en un registro civil y para CCOO sólo se garantizará esta cuestión si se incluye en el art. 624 de la LOPJ nuestra enmienda “en ningún caso supondrá cambio de municipio” siempre que se respeten, además, todos y cada uno de los actuales partidos judiciales, cuestión ésta que con el Anteproyecto de LOPJ hoy por hoy, no está garantizado en absoluto

El ministerio ha manifestado que los destinados en Juzgados de 1ª Instancia o mixtos con funciones de registro civil seguirán destinados en dichos juzgados, y si fuese necesaria una reordenación posterior, se respetará la localidad, precisamente por esta cuestión, para CCOO es imprescindible que se recoja en el art. 624 de la LOPJ que la reordenación de efectivos “en ningún caso supondrá cambio de municipioy además CCOO ha exigido al ministerio que aporte todas las plantillas de cada juzgado con competencias de registro civil de todo el Estado, (incluidos los Registros civiles únicos y el Registro Civil Central) para poder concretar in situ la situación en la que quedarían los trabajadores.

El ministerio tampoco se ha comprometido claramente a crear tantas plazas como las existentes en los Registros civiles únicos  de su ámbito de gestión y en el Registro Civil Central (cuyas funciones en este último caso serán asumidas por el futuro registro civil y mercantil de Madrid).

Pese a la insistencia de Comisiones Obreras con las Oficinas judiciales de Paz, el ministerio vuelve a responder con vaguedades y a no concretar si serán centro de destino en iguales condiciones que los actuales Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz y si absolutamente todos los destinados en ellos estarán destinados también en las referidas Oficinas,  el ministerio da la callada por respuesta.

Ante esta dinámica y puesto que el ministerio ya había anunciado que tendríamos una nueva reunión para la semana próxima, pues el trámite de enmiendas se cerraría la primera semana de septiembre (y no como había dicho en la reunión informativa anterior que se cerraría hoy mismo), el ministerio ha conminado a las organizaciones sindicales a remitirle nuestras propuestas por escrito y que, una vez estudiadas, volvería a remitir una nueva redacción de la referida Disposición Transitoria, pero ya anuncia que va a ser difícil que pueda recoger todo lo que las organizaciones sindicales proponemos.

Ante las dudas que plantea el propio ministerio sobre la extensión de la propia redacción de la Disposición Transitoria que, según él, debiera ser una norma marco de mínimos para abrir un proceso posterior de negociación en cada ámbito, CCOO le ha puesto encima de la mesa una sencilla redacción que englobaría todo lo que venimos exigiendo:

En aplicación de esta ley permanecerá inalterable el número de puestos de trabajo de cada cuerpo de funcionarios de la Administración de Justicia existente en la actualidad en cada localidad del Estado y ningún trabajador o trabajadora titular ni interino verá disminuidas las retribuciones que actualmente percibe por cualquier concepto, incluidas las indemnizaciones por servicio de guardia, ni podrá ser obligado a cambiar su localidad de destino."


Con esta redacción se salvaguardan todos y cada uno de los aspectos (no amortización de plantillas, iguales retribuciones y localidad de destino) que venimos exigiendo tanto para el territorio ministerio como para las CCAA con competencias, pero el Ministerio ha sido incapaz de aceptarlo en ese momento, lo que nos lleva a dudar sobre cuáles son sus verdaderas intenciones pues hasta el momento ni en la LOPJ ni en la reforma del Registro civil se garantizan absolutamente los derechos de los trabajadores, por lo que de mantener esta posición, CCOO seguirán adelante con la movilización prevista para el próximo otoño a la que llamamos a todos los trabajadores/as y a todas las organizaciones sindicales pues el ministerio nos demuestra una y otra vez que una cosa es lo que dice y otra muy distinta lo que está dispuesto a poner por escrito.

Gobierno y comunidades autónomas planean más recortes



  • CCOO responderá con la máxima contundencia si hay nuevos recortes al personal público

Ante las informaciones publicadas ayer en el diario El País, en las que se anuncia una nueva batería de propuestas de ajuste hacia las empleadas y empleados públicos, CCOO informa que, de ser ciertas estas medidas, el sindicato responderá con la máxima contundencia

Para CCOO es absolutamente inaceptable, además de incongruente, que el propio Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, inicie una ronda de contactos amparándose en el crecimiento económico y el fin de la crisis, y ahora se anuncie un documento con nuevas propuestas de recortes en las administraciones públicas para cumplir el déficit.

De materializarse estas iniciativas, que van en la línea de recortes de derechos y de desmantelamiento de los servicios públicos, esto supondría un paso más del Gobierno del Partido Popular en la destrucción del Estado de bienestar, además de repercutir un mayor coste de la crisis sobre las empleadas y empleados públicos, que ya han sufrido recortes en los últimos cuatro años.

El personal al servicio de las administraciones y empresas públicas ha sufrido importantes recortes en su salario, además de la supresión de una paga extra, la reducción o supresión de las ayudas de acción social, el aumento de la jornada, la supresión de días de vacaciones y asuntos propios, así como el recorte en los días de bajas médicas.

Por otro lado, el Área Pública de CCOO considera especialmente lesivo para el buen funcionamiento de los servicios públicos que se profundice en la pérdida de empleo, tal y como se anuncia en las medidas contempladas por el PP.

Los medios de comunicación sacan a la luz las intenciones del gobierno del PP - que sólo oculta por intereses electorales - y de las comunidades autónomas - y ponen de manifiesto que el Ministro Montoro (uno de los expertos, junto con Gallardón, en poner en práctica maniobras de distracción) discute nuevos recortes con las comunidades autónomas

Que nadie se engañe, y que nadie nos engañe. El gobierno tiene como objetivo reducir el déficit público, únicamente, a costa de desmantelar los derechos sociales, los servicios públicos (entre ellos la Administración de Justicia con la privatización del Registro Civil y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que elimina los partidos judiciales, los juzgados de paz, las audiencias provinciales, que destruirá miles de puestos de trabajo, que impondrá la movilidad forzosa, que reducirá las posibilidades de promoción profesional y movilidad voluntaria así como las retribuciones complementarias) y de seguir recortando derechos de los empleados públicos.

En cambio, descaradamente, admite que los contribuyentes perdamos más de 11.500 millones de euros al vender al BBVA, por sólo 1.187 millones, un banco, el Catalunya Banc, por cuyo rescate hemos tenido que pagar 12.622 millones de euros.


Reproducimos parte del artículo publicado en el diario El País que literalmente dice que las medidas más radicales están en el apartado de recortes en gastos de personal

“Funcionarios. Eliminación del exceso de plazas vacantes y no creación de nuevas plazas salvo en servicios prioritarios. Ampliación de la jornada semanal de funcionarios a 40 horas. Eliminación de todos los moscosos. Reducción de las retribuciones anuales del personal en la cuantía equivalente al importe de una paga extraordinaria. Suspensión de planes de pensiones. Reducción de jornada y de retribuciones a personal funcionario interino y laboral temporal. Revisión del gasto en acción social. Reducción de un 5% en las aportaciones a entes o empresas del sector público autonómico excepto en hospitales. Mejorar el uso del parque móvil, limitar vehículos, compartir uso, primer uso de vehículos representativos de alquiler. Limitación de las ayudas a las organizaciones sindicales están en el apartado de recortes en gastos de personal.

Las comunidades autónomas, en especial algunas, siguen teniendo problemas importantes para cumplir sus objetivos de déficit y cuadrar sus cuentas. Y algunas proponen medidas de recorte drásticas para ajustarlas. El Gobierno ha iniciado un proceso de consulta con todas ellas para ver qué propuestas de “racionalización del gasto”, el eufemismo utilizado, les hacían llegar. El ministerio de Hacienda ha recogido todas esas propuestas en un documento, con 255 medidas muy concretas, y se las ha enviado a todas las comunidades. Y en ese texto hay iniciativas muy polémicas, como nuevos copagos, establecimiento de “tasas hosteleras” en los hospitales, nueva ampliación de la jornada laboral de los funcionarios, eliminar de nuevo una paga extra o reducir el 10% el complemento de los profesores.

Todas las medidas que figuran en este documento que ha elaborado Hacienda provienen de propuestas de una o varias autonomías, aunque en el texto no se especifica quién las planteó para evitar el coste político que supondría si se dieran a conocer y más ahora que se acercan las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Este proceso, que lleva meses en marcha, tiene un momento clave la próxima semana, cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, convoque a todos los consejeros de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para discutir, entre otras cosas, las medidas de racionalización del gasto.

Las comunidades, sobre todo las que tienen más dificultades, plantean que sea el Gobierno el que, a través de la normativa general, asuma el coste político de forzar esos nuevos recortes, aunque serían ellas las que ahorrarían.

Es lo que sucedió en 2012, cuando desde la normativa básica se amplió por ejemplo de 25 a 35 el ratio máximo de alumnos por clase —una de las medidas plantea aumentarlo otra vez un 10%— o el horario de los funcionarios de 35 a 37,5 horas semanales —ahora se plantea subirlo de nuevo a 40—.

Hacienda explica que, antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, este documento que se ha enviado ahora “se depurará para eliminar las propuestas más inasumibles”, aunque de momento no se ha hecho el trabajo de diferenciar cuáles son discutibles y cuáles hay que descartar. A una semana de la cita clave, las autonomías solo disponen de este texto con 255 medidas.

No todas las que se plantean son especialmente polémicas. Muchas de ellas se concentran en cuestiones en las que están de acuerdo todas las autonomías, como la centralización de todo tipo de compras —para poder negociar mejor con los grandes proveedores y obtener rebajas— y otras que ya se habían estudiado en el documento sobre la reforma de la Administración promovida por el Ejecutivo, como la eliminación de defensores del pueblo autonómicos y la coordinación entre las comunidades de todo tipo de iniciativas, desde las políticas de empleo a las licencias de caza. También hay una parte final en la que se plantean cambios radicales en la recolección de datos para poder hacer este tipo de políticas de racionalización con datos homologables entre todas las autonomías. La dispersión de los datos es uno de los principales problemas con los que se han encontrado los expertos a las hora de la racionalización y la coordinación entre las autonomías.

Sin embargo la parte más novedosa del documento, y empieza por ahí el listado de medidas, son las propuestas de nuevos copagos y las reducciones del número de empleados públicos y de sus salarios reales o en especie.

De hecho, la primera iniciativa de las 255 es un “copago por falta de asistencia a citas programadas o no retirada de pruebas, y emisión de facturas informativas al paciente del coste del servicio”. La segunda es “copago por asistencia a consulta médica y urgencias”. La tercera es copago por interrupciones del embarazo. Y la cuarta, una “cuantía mínima por la expedición de recetas a los pacientes, diferenciando pensionistas y activos”. Esto es, el euro por receta que el Gobierno ha rechazado en varias ocasiones, sobre todo porque lo hacían de manera individual comunidades como Cataluña y Madrid. En el documento se pide que se implante en toda España.

Todas las primeras medidas van esa línea y también se plantea el “aumento de los porcentajes de financiación de los usuarios para la prestación farmacéutica ambulatoria”. Esto es, mientras algunas comunidades no quieren aplicar esta medida del copago farmacéutico en los hospitales implantada por el Ministerio de Sanidad, otras están pidiendo que se aumente.

En la misma línea de copago van otras muchas propuestas, también las que se refieren a la ley de dependencia. “Avanzar en la aplicación efectiva de la contribución económica del usuario al sistema”, dice una de ellas. Pero las más radicales están en el apartado de recortes en gastos de personal, tanto que algunas incluyen directamente la “suspensión del nombramiento de personal interino”.



¡¡ NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL!!


PAREMOS LA REFORMA DE LA LOPJ

         
DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS LABORALES Y RETRIBUTIVOS!!


¡¡NO A LA MOVILIDAD FORZOSA!!


¡¡ NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS  ACTOS DE COMUNICACIÓN!!


EN  DEFENSA DE  LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMO SERVICIO PÚBLICO


EMPLEA TU FUERZA, VAMOS A CAMBIAR LAS COSAS


¡¡ SÍ SE PUEDE!!


¡ MOVILÍZATE Y LUCHA!!


8 DE OCTUBRE, HUELGA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 


En el BOE de hoy, 23 de julio, se ha publicado:

Orden JUS/1309/2014, de 2 de julio, por la que se resuelve el concurso, convocado por Orden JUS/639/2014, de 24 de marzo, en losInstitutos de Medicina Legal, Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y Agrupaciones de Forensías, para el cuerpo deMédicos Forenses.

Para los funcionarios que se encuentren en servicio activo, en servicios especiales o en excedencia voluntaria por el cuidado de familiares, el cese deberá efectuarse el 2 de septiembre de 2014, salvo que se encuentren disfrutando de permisos o licencias, incluidos los de vacaciones, en cuyo caso, cesarán el día de su incorporación.

La toma de posesión del nuevo destino obtenido por concurso, para los funcionarios indicados en el párrafo anterior, se producirá en los tres días naturales siguientes al cese si no implica cambio de localidad del funcionario; en los ocho días naturales siguientes si implica cambio de localidad dentro de la Comunidad Autónoma y en los veinte días naturalessiguientes si implica cambio de Comunidad Autónoma, a excepción de la Comunidad Autónoma de Canarias, Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Ciudad de Ceuta y de Melilla en que el plazo será de un mes a partir del cese tanto si el puesto de trabajo es de origen como de destino.




Resolución resuelve concurso de traslado cuerpo Médicos Forenses, IML GALICIA