Que no te cuenten cuentos!


1/9/2014






Que no te cuenten cuentos…, pues, si se aprueba este texto de reforma de la LOPJ, retrocederemos a los tiempos en los que las condiciones de trabajo dependían de la voluntad del jefe o responsable de turno.

LO QUE NO ESTÁ EN LA LEY…ES PORQUE NO EXISTE” (fin de la cita de Mariano Rajoy) O LO QUE ES LO MISMO ¿POR QUÉ ALGUNOS SE CREEN A PIE JUNTILLAS LO QUE DICE EL MINISTRO GALLARDÓN SI NO ESTÁ ESCRITO EN NINGÚN SITIO?
CCOO EXIGE A GALLARDÓN QUE EL PROYECTO DE REFORMA DE LA LOPJ INCLUYA EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES, LA GARANTÍA DE QUE NO HABRÁ MOVILIDAD FORZOSA FUERA DEL MUNICIPIO Y QUE LAS OFICINAS JUDICIALES DE PAZ,  QUE DEBERÁN CREARSE DONDE EXISTA UN JUZGADO O UNA AGRUPACIÓN DE JUZGADOS DE PAZ, SE INCLUIRÁN EN LA LOPJ COMO  CENTRO DE DESTINO.


Hay preacuerdos y preacuerdos… y desde luego el preacuerdo firmado entre el Ministerio de Justicia de Gallardón y tres sindicatos el pasado 10 de julio –comprometiéndose a ello incluso sin ver siquiera el texto, o al menos sin verlo en la mesa de negociación- dice mucho de quién lo firma pero poco de qué es lo que se firma.

Porque si hacemos caso a la reciente cita de Mariano Rajoy “lo que no está en la ley es que no existe”, a continuación deberíamos preguntarnos,…si no está escrito en la ley (en este caso en el texto de la reforma de la LOPJ, ya sea Anteproyecto de ley o ya sea Preacuerdo firmado), ¿porqué algunas organizaciones sindicales se creen a pie juntillas lo que DICE Gallardón?

Porque tanto de la lectura del citado preacuerdo como de la propia nota de prensa del flamante ministro del día 31 de julio –que por cierto, omite cualquier referencia al preacuerdo como detonante de su cambio de posición– nada refleja que se mantendrán todos y cada uno de los partidos judiciales, o que las Oficinas Judiciales de Paz se crearán en cada localidad dónde exista un Juzgado de Paz o una Agrupación de Juzgados de Paz  ni que éstas  serán centros de destino como lo son en la actualidad los Juzgados de Paz.

CCOO sabe muy bien, y el resto de organizaciones sindicales debieran recordarlo, no solo lo difícil que es que el ministerio acepte en un preacuerdo los puntos de una plataforma reivindicativa, sino también la dificultad que entraña que se recoja expresa y concretamente los términos de los mismos para que luego no haya dudas ni falsas interpretaciones.

Porque para CCOO no es lo mismo que el preacuerdo recoja expresamente, “El Ministerio de Justicia se compromete a seguir negociando en mesa sectorial el resto de cuestiones planteadas por las organizaciones sindicales en sus enmiendas a la reforma de la LOPJ durante el trámite parlamentario de enmiendas al proyecto de LOPJ …” que no recogerlo. O que “Así mismo, el ministerio y las organizaciones sindicales firmantes de este preacuerdo negociarán la redacción concreta del articulado y disposiciones referidos a estos puntos en el texto de la LOPJ que no recogerlo.

Y ambas redacciones sí quedaron perfectamente reflejadas, tras el preacuerdo de noviembre de 2002 firmado por CCOO y también por CSIF Y UGT –STAJ no formaba parte en ese momento de la mesa sectorial de Justicia pero se opuso rotundamente al mismo–. Pero, además, el preacuerdo fue ratificado ampliamente por los trabajadores en referéndum en diciembre de ese año  (recordemos que fue convocado solo por CCOO y UGT y el resultado tuvo carácter vinculante), y, posteriormente,  firmado como acuerdo nuevamente por CCOO, CSIF Y UGT y el gobierno del PP.

Para CCOO tampoco es lo mismo que el preacuerdo firmado diga literalmente que “El Anteproyecto reconocerá expresamente la existencia de partidos judiciales” que recoja sin ningún género de dudas,  como exige CCOO que El Anteproyecto recogerá expresamente el mantenimiento de todos y cada uno de los partidos judiciales que existen en la actualidad.”

Y no es lo mismo, porque ni tan siquiera lo dice así Gallardón en su nota de prensa del pasado  31 de julio, en la cual explica que la nueva reorganización en Tribunales de instancia y reparto provincial de asuntos “rompe con la noción tradicional de partido judicial, que a partir de ahora se reserva para identificar las sedes de los órganos judiciales del Tribunal de Instanciay que la posibilidad de crear más de un Tribunal de Instancia en cada provincia será excepcional y siempre y cuando se cumplan los criterios territoriales, demográficos y sociales….en localidades con una importancia judicial igual o superior a la capital….exigiendo expresamente “…para que sea posible la creación excepcional de más de un Tribunal de Instancia por provincia que en cada localidad exista un mínimo de unidades judiciales: una en el orden contencioso-administrativo, social y civil y al menos cinco en el orden penal…

Por lo tanto, el pomposo anuncio de Gallardón solo afectaría en todo el Estado a las localidades de Ferrol, Santiago, Vigo, Gijón, Elche, Algeciras, Jerez, Ceuta, Melilla y Cartagena, únicas poblaciones que en la actualidad tienen, al menos, un Juzgado Contencioso-Administrativo, de lo Social y Civil y 5 juzgados de orden Penal. O sea, si bien hay un mínimo avance, NO EXISTE GARANTÍA DE QUE SE MANTENGAN TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES, tal y como viene denunciando CCOO, multitud de organizaciones sociales y ciudadanas y decenas de ayuntamientos (también muchos con mayoría del PP), ni que se cree más de un Tribunal de Instancia pues las condiciones que se deben cumplir para que esto último sea posible,  tan solo las reúnen 6 provincias (Coruña, Pontevedra, Asturias, Alicante, Cádiz y Murcia) más Ceuta y Melilla. Las 44 provincias restantes tendrán un solo tribunal de instancia, en la capital de provincia, y ese “municipio” será el centro de destino de todos los trabajadores que presten servicio en ese Tribunal, a donde previamente los habrán reordenado al desaparecer el partido judicial original, sin respetar su municipio de origen, puesto que el preacuerdo tampoco recoge expresamente, como exigió CCOOque  se vuelva  a incluir expresamente en el art. 624 de la LOPJ que  la redistribución  y reordenación de efectivos “en ningún caso supondrá cambio de municipio para el personal”

Menciona también Gallardón en su nota de prensa que  “las Oficinas Judiciales de Paz…mantendrán la cercanía de los servicios no jurisdiccionales al ciudadano” expresión ambigua dónde las haya de la que, precisamente, no se deduce ni que estas oficinas serán un centro de destino, ni que se crearán en todas las localidades en dónde exista un Juzgado de Paz o Agrupación de Juzgado de Paz ni, por asomo, que en las mismas estarán destinados todas y todos los trabajadores que actualmente prestan servicios  en éstos últimos.

Y por eso CCOO exigió que  el texto del preacuerdo debía mencionar expresamente, “EI texto recogerá la existencia de oficinas judiciales de paz reconociéndolas expresamente como centro de destino propio en el art. 622 de la LOPJ, donde estarán destinados todos los funcionarios que actualmente prestan sus funciones en las agrupaciones o en juzgados de paz de más de 7.000 habitantes creándose tantas Oficinas Judiciales de Paz como Juzgados o Agrupaciones de Paz existen en la actualidad; estas oficinas tendrán como principal objetivo reforzar la presencia de la Administración de Justicia como servicio público próximo a los ciudadanos, prestando funciones de apoyo a las oficinas judiciales y unidades administrativas del partido judicial, así como de información a la ciudadanía, modificándose por tanto también la Disposición Transitoria 12ª del Anteproyecto”

La conclusión para CCOO es clara: hay que seguir presionando con todas las medidas a nuestro alcance para lograr como mínimo que el proyecto de reforma de la LOPJ, que apruebe el Gobierno (probablemente en septiembre), contenga:

1.- El reconocimiento expreso en el texto legal de que se mantendrán todos y cada uno de los partidos judiciales actualmente existentes

2.- Que no podrán realizarse movilidades forzosas fuera del municipio (tal y como consta en la actual LOPJ 19/2003 en su artículo 523)

3.- Que se mantendrán como centro de destino los actuales Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz o, en su defecto, serán centro de destino las Oficinas Judiciales de Paz, recogiéndolo de manera expresa en el artículo 622 de la LOPJ. Además estas oficinas se crearán allí donde exista actualmente un Juzgado de Paz o una Agrupación de Juzgado de Paz, integrándose en aquellas, y en la misma localidad, todo el personal que actualmente presta sus servicios en los Juzgados o Agrupaciones de Juzgados de Paz.

4.- Que se reconocerá que los actos de comunicación y ejecución están reservados al personal de la Administración de Justicia y solo podrán ser encomendados a éstos.

5.- La garantía de que no desaparecerá ni un solo puesto de trabajo y por tanto se mantendrá la plantilla actualmente existente.

Mientras no se reconozcan estos derechos básicos, CCOO se opondrá frontalmente a este proyecto de reforma de la LOPJ y, en coherencia con lo anterior, mantendrá la convocatoria de las movilizaciones contra la reforma de la LOPJ.

¡¡DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS!!
¡¡DEFENDAMOS EL SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA!!
10 DE SEPTIEMBRE,  DÍA DE LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL,
CONCENTRACIÓN ANTE EN EL TRIBUNAL SUPREMO
¡¡ACUDE!!

¡¡8 DE OCTUBRE, HUELGA EN TODA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN TODA ESPAÑA, CONTRA LA REFORMA DE LA LOPJ Y CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES¡¡

LUCHEMOS PARA DARLE LA VUELTA
EMPLEA TU FUERZA,

NO LO DUDES, MOVILÍZATE Y LUCHA!!

CCOO denuncia que el gobierno oculta el nuevo recorte salarial y de prestaciones sociales a los EE.PP en el periodo 2014-2017


26/8/2014




Los salarios de los funcionarios y el gasto corriente de la Administración serán las partidas en las que el ajuste será más intenso, según la «Estrategia de política económica y programa de financiación del Reino de España», que el Ministerio de Economía, a través del Tesoro Público, ha expuesto a los inversores internacionales
El Ministerio de Economía (qué casualidad, el ministro que propone Rajoy para ser presidente del Eurogrupo, con el apoyo de Merkel) esconde los datos de los más de 40.000 millones de euros de recortes para el trienio 2014-2017 si vuelven a gobernar.

Esto es lo que le exige Merkel para dar su apoyo a la política de Rajoy. Los apoyos entre gobernantes sin escrúpulos se basan en intercambios de poder y de intereses, siempre con el horizonte de que millones de personas paguen con su esfuerzo y su sufrimiento los tremendos abusos de las políticas de austeridad que solo conducen al agrandamiento de la zanja entre pobres y ricos y al asesinato del Estado Social y derechos que hemos construido con la lucha de millones de personas.

CCOO denuncia esta nueva desvergüenza del presidente del Gobierno y anima al personal de la Administración de Justicia para prepararse para la movilización, para frenar la reforma, el desmantelamiento y la privatización de la Administración de Justicia y estos gravísimos nuevos recortes.

Noticia en prensa:

Rajoy pretende bajar aún más los salarios de los empleados/as públicos entre 2014-2017


Los salarios de los funcionarios y el gasto corriente de la Administración serán las partidas en las que el ajuste será más intenso



Publicado en www.larazon.es

El Gobierno asegura a los inversores un recorte de gasto de 50.000 millones hasta 2017

Carga el mayor ajuste sobre la masa salarial del Estado, las prestaciones por paro y el desembolso corriente

25 de agosto de 2014. 02:39h B. Carrascosa. Madrid.

El Gobierno pretende ajustar el gasto público de la Administración en más de 50.000 millones de euros (el 4,8% del PIB) en el periodo 2014-2017, según se desprende de la presentación «Estrategia de política económica y programa de financiación del Reino de España», que el Ministerio de Economía, a través del Tesoro Público, ha expuesto a los inversores internacionales para que éstos prolonguen las compras de títulos de deuda españoles. La fase más intensa del recorte, condición necesaria para el El Gobierno pretende ajustar el gasto público de la Administración en más de 50.000 millones de euros (el 4,8% del PIB) en el periodo 2014-2017, según se desprende de la presentación «Estrategia de política económica y programa de financiación del Reino de España», que el Ministerio de Economía, a través del Tesoro Público, ha expuesto a los inversores internacionales para que éstos prolonguen las compras de títulos de deuda españoles. La fase más intensa del recorte, condición necesaria para el cumplimiento de los objetivos de déficit pactados con la Comisión Europea, corresponderá a los dos últimos años del citado plazo.

Así, si el Ejecutivo renueva su mandato en las elecciones generales de noviembre de 2015, promete reducir en más de 30.000 millones de euros (el 2,9% del PIB) el gasto público durante los dos primeros años de una hipotética segunda Legislatura. En el presente ejercicio, el recorte será de 9.400 millones (el 0,9% del PIB); el año que viene, el ajuste rondará los 10.500 millones (el 1%).

Los salarios de los funcionarios y el gasto corriente de la Administración serán las partidas en las que el ajuste será más intenso. Así, durante el presente ejercicio, el Ejecutivo prevé un recorte de gasto de cerca de 7.500 millones conjunto entre los salarios de los funcionarios y los desembolsos en los servicios y bienes básicos para el funcionamiento de la maquinaría de Administración (agua, luz, combustible, material de oficina, etc.). En términos relativos, este capítulo asumirá casi el 80% del ahorro total previsto por el Gobierno en 2014.

De 2015 a 2017, el recorte en masa salarial del Estado y en gasto corriente superará los 22.000 millones de euros en conjunto, lo que supondrá un ajuste medio de más de 7.300 millones anuales. En los próximos cuatro años, estas dos partidas habrán registrado un ahorro cercano a los 30.000 millones, según la senda marcada por el Gobierno.

Ahorro gradual en cuatro años

Las transferencias sociales, los subsidios –especialmente, las prestaciones por desempleo– y las subvenciones representan la otra gran «pata» en la que el Ejecutivo planea meter la «tijera» con especial intensidad, especialmente a partir de 2015. Durante el presente ejercicio, el ajuste será de apenas 400 millones de euros, previsiblemente y según la presentación del Tesoro, pero el año que viene estas partidas registrarían un recorte cercano a los 3.900 millones, que iría creciendo de forma gradual hasta los 7.100 millones de 2017. En total, los ahorros estimados por el Ejecutivo en estos capítulos superarán los 17.000 millones.

Los 3.000 millones de euros restantes del ajuste comprometido por el Gobierno con los inversores internacionales afectarán, entre otros capítulos, también a la partida de inversión (empleos de capital). Crecerá levemente durante este ejercicio, será congelada el año que viene y descenderá progresivamente durante los años 2016 y 2017.

En términos de aumento de gasto público, el Ejecutivo sólo prevé que crezca la partida de intereses de la deuda pública por el aumento del volumen del pasivo estatal y autonómico. Este año el aumento rondará los 1.000 millones de euros y en 2015 alcanzará los 2.000 millones. A partir de entonces, el incremento de esta partida se suavizará durante los dos años siguientes.

En 2013, y según cifras preliminares, el gastó público descendió un 6,7%. Desde 2004, acumula un incremento del 40%.

Ingresos «extra» de 12.300 millones

El Gobierno calcula que los ingresos crecerán en 12.300 millones de euros (el 1,2% del PIB) entre 2014 y 2017. Las retenciones por IRPF subirán este año, y la senda alcista se suavizará a partir de 2015 con la reforma fiscal, una bajada de impuestos que se verá compensada por el aumento en la contratación. El IVA mantendrá una subida sostenida y registrará el mayor aumento de recaudación de todas las figuras impositivas. El Ejecutivo prevé ligeras pérdidas en cotizaciones sociales.

ENLACE PERMANENTE

Concurso de traslados: Orden anuncia publicación listados provisionales y plazo de alegaciones


12/8/2014



En el BOE de hoy, 12 de agosto se ha publicado Orden JUS/1508/2014, de 17 de julio, por la que se aprueba la relación de excluidos y se anuncian los lugares donde están a disposición de los interesados los anexos III del concurso de traslado para cubrir plazas entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/808/2014, de 29 de abril.


Los funcionarios interesados expresarán en un plazo a contar a partir del día siguiente a la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta el 15 de septiembre de 2014,su disconformidad con los datos obrantes en dicho anexo III, para lo cual deberán solicitar su corrección mediante el anexo IV (Modelo de Alegaciones) publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de mayo de 2014 y en la página web del Ministerio de Justicia, aportando la prueba documental oportuna.

El modelo de alegaciones y documentación adjunta, en su caso, se remitirán preferentemente al Ministerio de Justicia mediante fax, dirigido a la atención de «Concursos-Despacho 220», a los números 913904295/913902394/913904279913904250/913902076

Adjuntamos enlace a la página web del Ministerio de Justicia en dónde están publicados los listados de las adjudicaciones provisionales y el acceso al Anexo III así como el modelo de alegaciones.


Gallardón modifica la orden de delegación de competencias para eludir las normas sobre adjudicación de contratos públicos


6/8/2014



CCOO DENUNCIA QUE EL MINISTRO GALLARDÓN MODIFICA LA ORDEN DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS PARA ELUDIR LAS NORMAS SOBRE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS

ASÍ EL DIRECTOR GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO –A LA SAZÓN REGISTRADOR MERCANTIL- PODRÁ ELEGIR LA EMPRESA A LA QUE SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO PARA CREAR EL SISTEMA INFORMÁTICO NECESARIO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA Y COMPLETA DEL REGISTRO CIVIL

CCOO ya denunció la desfachatez del Sr. Gallardón, ministro de (in)justicia,  y el Gobierno al que pertenece que, en una alarde de desprecio al Parlamento y al debate parlamentario,  aprobó el Real Decreto Ley 8/2014 mediante el cual se avanza,  entre otras escandalosas medidas, en la privatización de los servicios públicos, entre ellos el Registro Civil cuya llevanza se encomienda a los registradores mercantiles.

El citado Real Decreto, en las distintas disposiciones adicionales referidas a la privatización del Registro Civil,  establece las normas para la efectividad de esta privatización decretando que todas las Oficinas del Registro Civil, incluidas las Consulares, utilizarán un único sistema informático y una misma aplicación.

Así en la Disposición Adicional vigesimotercera se establece que (...)2. La contratación que tenga por objeto la creación, mantenimiento, posterior gestión y seguridad del sistema informático único y de la aplicación de llevanza en formato electrónico del Registro Civil y su red de comunicaciones se realizará por la Corporación de Derecho Público que se crea por esta disposición (…).No obstante, la Dirección General de los Registros y del Notariado encomendará a la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.» u otro medio propio o unidad administrativa que determine el Ministerio de Justicia:

a)El inicio del expediente y la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que hayan de regir los referidos contratos.

b) Seleccionar los contratistas y adjudicar los contratos


Pero la Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre, sobre delegación de competencias no preveía esta posibilidad,  y es aquí dónde entre en juego el descaro del ministro, pues el Sr. Gallardón, sin ningún ni pudor, firma una reforma de esta Orden el 31 de julio que se publica en el BOE el día 2 de agosto (Orden JUS/1449/2014, de 31 de julio), de tal manera que el Director General de los Registros y del Notariado, registrador mercantil en Zaragoza, es ahora competente –por delegación– para adjudicar o decidir a quién adjudica cualquier contrato de asistencia técnica en la ejecución de cualquier aspecto de la modernización tecnológica del Registro Civil y de los demás registros (Mercantil y de la Propiedad).

¡¡Que necesidad hay de pasar por en el engorro de someterse a las normas sobre contratos del Estado publicando un concurso público si entre ellos pueden apañarlo!!

Para CCOO esto es claramente un trato de favor hacia alguien que además tiene intereses corporativos en dicha contratación.

CCOO presenta enmiendas a las disposiciones adicionales incluidas en el Real Decreto Ley 8/2014 que establecen la privatización del Registro Civil



CCOO no da tregua a Gallardón y continua la lucha día a día contra la privatización del Registro Civil

TRAS CONOCER QUE EL GOBIERNO HA INICIADO EL TRAMITE COMO PROYECTO DE LEY DEL RD-LEY 8/2014 QUE ATRIBUYE A LOS REGISTRADORES MERCANTILES LA LLEVANZA DEL REGISTRO CIVIL, CCOO HA PRESENTADO A LOS DISTINTOS GRUPOS PARLAMENTARIOS UNA ENMIENDA SOLICITANDO LA DEROGACIÓN DE LAS DISPOSICIONES ADICIONALES DEL PROYECTO DE LEY RELATIVAS AL REGISTRO CIVIL, Y SUBSIDIARIAMENTE, ENMIENDAS ALTERNATIVAS A LAS CITADAS DISPOSICIONES ADICIONALES PARA QUE SEAN DEFENDIDAS EN EL TRÁMITE PARLAMENTARIO.

Algún grupo parlamentario ya se ha dirigido a CCOO para manifestar que presentará y defenderá nuestras enmiendas.


Dentro de las múltiples acciones que CCOO está llevando a cabo desde hace más de un año, para evitar la privatización del Registro Civil y, tras conocer que, finalmente, el Gobierno tramitará como proyecto de ley el Real Decreto-Ley 8/2014 de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, CCOO inició una segunda ronda de entrevistas con los grupos parlamentarios.

Entre otras cuestiones CCOO ha demandando a los grupos parlamentarios la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra el citado Real Decreto Ley 8/2014 que, como venimos informando, finalmente ha sido presentado por los grupos parlamentarios de IU, PSOE y UPyD ante el Tribunal Constitucional la semana pasada.

Además CCOO ha presentado a los grupos parlamentarios, incluido al Partido Popular que sustenta al gobierno, una propuesta de enmienda solicitando la derogación de las disposiciones adicionales del proyecto de ley relativas al registro civil y, subsidiariamente, propuesta de enmiendas alternativas a las citadas disposiciones adicionales para que las presenten y las defiendan en el trámite parlamentario. Para CCOO las resoluciones contra la privatización del Registro Civil aprobadas por multitud de Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y CCAA, en muchos casos gobernados por el Partido Popular y/o apoyadas con los votos de sus concejales o diputados, en pos de una coherencia interna, obligaría a votar en consecuencia también a sus diputados en el parlamento español.

Algún grupo parlamentario, ya se ha dirigido a CCOO para manifestar que defenderá nuestras enmiendas.
El Registro Civil, es un servicio público, gratuito y universal, integrado como tal servicio público en la Administración de Justicia, servido por funcionarios de la Administración de Justicia de manera eficaz y eficiente y con las garantías de confidencialidad y privacidad acordes a los datos que se tratan y para CCOO así debe seguir siéndolo, sin ningún paliativo.

Por eso CCOO no cejará en su empeño y seguirá luchando con todas las acciones que sean necesarias, además de la concentración convocada en septiembre el día de la apertura del año judicial y la huelga convocada en la Administración de Justicia para el día 8 de octubre, para salvar el Registro Civil como servicio público integrado en la Administración de Justicia y para garantizar todos los puestos de trabajo, del Registro Civil Central, de los Registros Civiles Exclusivos, de los Juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucción con funciones de Registro Civil, de los Juzgados de Paz y Agrupaciones de Juzgados de Paz, sea cual sea el ámbito territorial en el que están ubicados estos órganos judiciales.

El Gobierno y su ministro Gallardón golpean de nuevo al servicio público de la Administración de Justicia


5/8/2014



  

EL PASADO VIERNES EL CONSEJO DE MINISTROS APROBÓ EL PROYECTO DE LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA QUE DESJUDICIALIZA CIENTOS DE PROCEDIMIENTOS CUYA TRAMITACIÓN ATRIBUYE A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES LO QUE SIGNIFICA, COMO CCOO VIENE DENUNCIANDO HACE MESES,  UN PASO MÁS PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

Sólo con la movilización masiva conseguiremos parar las reformas de Gallardón, por eso llamamos a los trabajadores y trabajadoras a secundar las movilizaciones convocadas por CCOO, entre otras, la concentración que tendrá lugar en septiembre, el día de la apertura del año judicial, y la huelga convocada para el día 8 de octubre  en la Administración de Justicia.


Gallardón continúa reformando leyes para desjudicializar procedimientos y otorgar a profesionales privados la capacidad para realizar actos y tramitar procedimientos que hasta ahora se realizaban de manera exclusiva por el personal que presta servicios en la Administración de Justicia, reformas encaminadas a obstaculizar a la ciudadanía el acceso a la justicia y a eliminar puestos de trabajo.

El proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, aprobado en el consejo de ministros del pasado viernes, atribuye a los Notarios y a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, previa regulación de los aranceles de derechos correspondientes a su intervención, el conocimiento para tramitar procedimientos que hasta ahora eran competencia exclusiva de la Administración de Justicia.

Ya el pasado mes de junio el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto en el que se establecía que la acreditación de la condición de sefardita se hará por medio de los Notarios, la tramitación se hará a través de una plataforma electrónica, y habrá que pagar una tasa de 75 €. En el consejo de ministros del 4 de julio, mediante una Disposición Adicional vigésima introducida en el RDL 8/2014, se atribuye la llevanza del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles y ahora,  el consejo se ministros, vuelve a favorecer a estos profesionales privados en detrimento de un servicio público fundamental como es la Administración de Justicia.

Los Notarios tramitarán la mayoría de expedientes relativos a declaraciones de herederos, las subastas voluntarias e incluso tendrá competencia para conocer de reclamaciones de deudas dinerarias. Además podrán tramitar el expediente previo al matrimonio civil –en su caso se denominará acta- y celebrar el enlace matrimonial-, y tendrán potestad para acordar la separación o divorcio de mutuo acuerdo cuando no haya hijos menores o personas con discapacidad.

Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, entre otros, tendrá competencia para el conocimiento de las reclamaciones en aquellos casos en los que las sociedades mercantiles no convoquen la junta general ordinaria o las juntas generales previstas en los estatutos, y la reclamación para constituir el sindicato de obligacionistas y designar un comisario en el caso de las sociedades anónimas y personas jurídicas que emitan obligaciones de cualquier clase no lo hubieran constituido.

Para CCOO este real decreto supone otra privatización en toda regla de un servicio público.

El Gobierto y su ministro Gallardón,  continúan con sus políticas encaminadas a privatizar  los servicios públicos y destruir el estado del bienestar,  gobernando a golpe de real decreto, cumpliendo con los mandatos de la troika para reducir el déficit público.

La Administración de justicia no escapa a este afán privatizador, empezaron con la imposición de las tasas judiciales, obstaculizando así  a la ciudadanía el acceso a la justicia para impedir que lleguen a los juzgados y tribunales las demandas; luego siguieron las reformas de varias leyes con el fin de desjudicializar procedimientos cuyo conocimiento atribuyen a profesionales privados;  continuaron con la privatización del Registro Civil y de actuaciones que hasta ahora realizaban en exclusiva funcionarias y funcionarios de la Administración de Justicia, como por ejemplo los actos de comunicación;  y todo ello  para poder llevar a cabo su verdadero objetivo, desmantelar el servicio público de la Administración de Justicia lo que conllevará el cierre de cientos de juzgados, la movilidad geográfica y funcional, la amortización de plazas,  la desaparición de  miles de puestos de trabajo, que a su vez supondrá menos posibilidades para la movilidad voluntaria en los concursos de traslado y prácticamente la desaparición de la oferta de empleo público para la Administración de Justicia.


El Ministro Gallardón anuncia que los Tribunales de Instancia podrán ser de ámbito inferior al provincial


1/8/2014



EL MINISTRO DE JUSTICIA ANUNCIA EN GALICIA QUE LOS TRIBUNALES DE INSTANCIA PODRÁN SER DE ÁMBITO INFERIOR AL PROVINCIAL AUNQUE  ESTA POSIBILIDAD “será excepcional y siempre y cuando se cumpla con los criterios territoriales, demográficos y sociales que se establezcan por leyY CONFIRMA QUE MUCHÍSIMOS JUZGADOS SERÁN CERRADOS AL EXIGIR UNOS REQUISITOS MUY DETERMINADOS PARA QUE SE MANTENGA LA SEDE JUDICIAL (“entre otros, la dispersión de la población, los tiempos de desplazamientos a la capital de provincia o el aprovechamiento de las infraestructuras existentes”)

  • Las presiones, entre ellas la huelga convocada por CCOO para el 8 de octubre, están obligando a Gallardón a rectificar, aunque sigue sin garantizar la permanencia de todos y cada uno de los actuales partidos judiciales, ni la de todos los juzgados ni la de todos los puestos de trabajo
  • Para CCOO queda todavía mucho camino por recorrer y si realmente Gallardón ha rectificado y tiene intención de mantener todos los Partidos Judiciales tiene una manera muy fácil de demostrarlo,  incluir esa “declaración de intenciones”  en el texto de reforma de la LOPJ con una redacción precisa que lo garantice, y CCOO reta a Gallardón a que lo haga de manera imperiosa y nos remita el nuevo texto

Según una nota de prensa del Ministerio de Justicia y diversas informaciones aparecidas en la prensa, Gallardón, en una reunión con el presidente de la Xunta de Galicia, da por muerta su propuesta inicial de crear un único Tribunal Provincial de Instancia en las capitales de provincia y suprimir todos los demás partidos judiciales y, todo ello, en la medida en que se van acercando las elecciones municipales y  autonómicas.

Pero para CCOO queda todavía mucho camino por recorrer y si realmente Gallardón ha rectificado y tiene intención de mantener todos los Partidos Judiciales tiene una manera muy fácil de demostrarlo,  incluir esa “declaración de intenciones”  en el texto de reforma de la LOPJ con una redacción precisa que lo garantice, y CCOO reta a Gallardón a que lo haga de manera imperiosa y nos remita el nuevo texto.

Como hemos venido informando, desde que CCOO tuvo la primera noticia sobre las intenciones del gobierno de suprimir masivamente la gran mayoría de los juzgados españoles nuestra actividad ha sido incesante: para detener ese despropósito hemos mantenido contactos con todos los grupos políticos en el ámbito estatal, autonómico, provincial y local; hemos trasladado nuestra oposición a los parlamentos autonómicos, diputaciones provinciales y ayuntamientos en los que hemos propiciado la aprobación de una grandísima cantidad de mociones, proposiciones no de ley y otras resoluciones, incluso en instituciones cuya mayoría política es del Partido Popular; hemos movilizado a la sociedad civil a través del apoyo que nuestras propuestas han obtenido de numerosísimas organizaciones profesionales, vecinales, de consumidores y usuarios, etc.

Hemos ejercido además toda la presión posible mediante múltiples escritos remitidos al ministro Gallardón y a su equipo y, en la Mesa Sectorial de Negociación, CCOO se ha negado a aceptar acuerdos que en absoluto garantizan el mantenimiento de todos y cada uno de los puestos de trabajo, ni la desaparición de los mecanismos de movilidad funcional y geográfica forzosa para los funcionarios y funcionarias, a quienes ni tan siquiera se les garantizan sus actuales retribuciones.

Ahora Gallardón intenta rectificar ante la evidente amenaza de pérdida de votos en las localidades en los que pretendía cerrar el juzgado de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas y así ahora, tras su entrevista con el Presidente de la Xunta de Galicia [cuyo Parlamento con mayoría absoluta del PP, aprobó una moción en contra de la reforma judicial], anuncia que permitirá la creación de distintos Tribunales de Instancia en cada Provincia pero eso sí  esta posibilidad, será excepcional y siempre y cuando se cumpla con los criterios territoriales, demográficos y sociales que se establezcan por ley y la Comunidad Autónoma responsable deberá presentar un informe con la propuesta sobre la demarcación territorial de cada uno de estos tribunales de instancia  tendrá que presentar igualmente una propuesta de acuerdo con los criterios establecidos en la LOPJ, entre otros, la dispersión de la población, los tiempos de desplazamientos a la capital de provincia o el aprovechamiento de las infraestructuras existentes y  un estudio del TSJ correspondiente con las cargas de trabajo de los distintos juzgados para que sea informado por el Consejo General del Poder Judicial cuyo presidente, Carlos Lesmes,  ha declarado hace tan solo unos días en la clausura de un curso de verano en la Universidad Complutense de Madrid Ha llegado el momento de que España modifique su organización territorial de la justicia y pase a eliminar sus 432 partidos judiciales, que ya no tienen ningún sentido", (eldiario.es25/07/2014 “Lesmes defiende  la“concentración” de los 432 partidos judiciales españoles)

La nota de prensa delMinisterio deja claro que desaparecerán sedes judiciales en muchas de las actuales cabeceras de partido, al recoger que Para que cada uno de estos Tribunales de Instancia pueda tener a su vez distintas sedes judiciales, cada comunidad autónoma tendrá que presentar igualmente una propuesta de acuerdo con los criterios establecidos en la LOPJ, entre otros, la dispersión de la población, los tiempos de desplazamientos a la capital de provincia o el aprovechamiento de las infraestructuras existentes. Es decir, que se mantiene el criterio que para las sedes desplazadas establecía el anteproyecto de LOPJ, criterio que establece la valoración conjunta de nueve requisitos para mantener abiertas sedes judiciales en estas localidades.

En definitiva, la única novedad que anuncia Gallardón es que podrá haber tribunales de instancia además de en las capitales de provincia en localidades con una importancia judicial igual o superior a la capital” donde “exista ya un mínimo de unidades judiciales: una en el orden contencioso-administrativo, social y civil y al menos cinco en el orden penal”.

En la nota de prensa publicada por el Ministerio de Justicia esta misma tarde también se recoge que Los Tribunales de Instancia permiten una reorganización de la carga de trabajo entre los distintos juzgados, que actuarán bajo un único órgano judicial (el Tribunal de Instancia). Esta homogeneización se consigue mediante el reparto provincial o por Tribunales de Instancia de asuntos,(…)y la reasignación de efectivos del mismo órgano judicial (el Tribunal de Instancia) en función de las necesidades es decir la movilidad funcional y la geográfica forzosa entre distintas localidades, dentro de la misma provincia, está servida, tal y como viene denunciando CCOO.

Finalmente anuncia que, las Oficinas Judiciales de Paz, “que serán las sucesoras de los Juzgados de Paz, y que mantendrán la cercanía de los servicios no jurisdiccionales al ciudadano”, pero es incapaz de manifestar con precisión que dichas Oficinas se crearán en todas las localidades en las que hoy existen los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz, tal y como exige CCOO. Tampoco se menciona que en estas Oficinas quedarán destinados automáticamente todas y todos los trabajadores que actualmente prestan servicio en los citados Juzgados o Agrupaciones, lo que eliminaría la movilidad geográfica y garantizaría los puestos de trabajo actuales de esos órganos, y, por supuesto, nada se dice que estas oficinas serán incluidas como centro de destino en la LOPJ.

Una vez más Gallardón miente e intenta engañar a los trabajadores y a las trabajadoras y a la ciudadanía que, afortunadamente, son inteligentes y ya no se creen las mentiras de este ministro y su Gobierno, pues las condiciones que ahora establece para poder crear más de un Tribunal de Instancia en un misma provincia son las mismas condiciones que establece el actual texto del anteproyecto de reforma de la LOPJ, y hay que valorarlas todas ellas en conjunto.

CCOO exige a Gallardón que todas estas afirmaciones se trasladen de inmediato al texto de la reforma de la LOPJ, se nos entregue y se convoque la mesa sectorial de inmediato, y antes de que se apruebe el proyecto de reforma de la LOPJ, para comprobar que se incluyen con la redacción necesaria para que no quepan interpretaciones retorcidas y se conviertan en papel mojado.

Mientras tanto, y hasta que no comprobemos que Gallardón no vuelve a mentir y que estas manifestaciones no son mera palabrería electoralista ante la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas, CCOO mantiene las movilizaciones, también contra el texto de la reforma de la LOPJ.

Por eso, CCOO llama a todos los trabajadores y trabajadores que prestan servicios en la Administración de Justicia a secundar las movilizaciones convocadas por  CCOO, entre otras, la concentración que tendrá lugar el día de la apertura del año judicial en septiembre y la huelga convocada para el día 8 de octubre de en la Administración de Justicia, pues sólo con la lucha y la presión constante del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, junto con las organizaciones profesionales, vecinales, de consumidores y otras, a las que expresamente invitamos a convocar y secundar las mismas de forma unitaria, conseguiremos parar las reformas de Gallardón cuyo objetivo no es otro que desmantelar la Administración de Justicia para así poder reducir el déficit público.

Y de hecho, la presión ejercida estos meses,  desde todos los frentes, ha impedido también que el Consejo de Ministros apruebe antes del verano, como era su intención, el proyecto de LOPJ que, según las informaciones de la prensa, será aprobado y remitido a las cortes en Septiembre.



¡¡PAREMOS LA REFORMA DE LOPJ!!
 DEFENDAMOS EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES!! 
DEFENDAMOS EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS CENTROS DE DESTINO ACTUALES!! 
NO A LA MOVILIDAD FORZOSA GEOGRÁFICA Y FUNCIONAL!! 
¡¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL!!
MOVILIZATE Y LUCHA

 8 DE OCTUBRE HUELGA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CCOO mantiene su firme oposición a la privatización del Registro Civil



  • No dudaremos en utilizar todos los medios legales y sindicales a nuestro alcance para salvar este servicio público
  • CCOO ha vuelto a exigir al Ministerio de Justicia que garantice todos los puestos de trabajo de todos los órganos judiciales con funciones de Registro Civil en todos los ámbitos territoriales
  • CCOO vuelve a exigir por escrito que se garantice que no se impondrá a ningún trabajador la movilidad geográfica forzosa fuera del municipio en el que se encuentra actualmente destinado y que no sufrirá pérdidas retributivas, incluidas las guardias
Ante la suspensión unilateral por el Ministerio de Justicia de la reunión del 29 de julio, CCOO ha vuelto a trasladarle nuestra propuesta sobre el Registro Civil, ya anunciada en la reunión del día 22 de julio y remitida también por escrito al Ministerio ese mismo día
CCOO se ha dirigido al Ministerio de Justicia de nuevo para reiterarle nuestra propuesta, presentada en la mesa sectorial el pasado 22 de julio, contra la privatización de los Registros Civiles y por la defensa del mantenimiento de todos los puestos de trabajo en los órganos judiciales con funciones de Registro Civil.


El Ministerio,  tras la decisión de Gallardón de privatizar los Registros Civiles,  había anunciado que solo iba a permitir la negociación de las condiciones en las que quedaría el personal destinado en órganos judiciales con funciones de Registro Civil, fijando como fecha tope el día 22 de julio,  alegando que los plazos para enmendar la futura ley de los Registros Civiles acababan en julio. Sin embargo, en la mesa del día 22,  comunica que el plazo de enmiendas finalizaba en septiembre y anuncia convocatoria de nueva mesa para el día 29 de julio que, finalmente,  de manera unilateral y sin ningún argumento, suspende dos días antes sin fijar nueva fecha, sabiendo que era imprescindible mantener dicha reunión porque lo que está en juego son los derechos de miles de personas que hoy prestan servicio en cualquier Registro Civil en España.


La propuesta que CCOO presentó el día 22 de julio, y que ahora reiteramos, contiene varias premisas fundamentales:


1.-  El Registro Civil es un servicio público fundamental integrado en la  Administración de Justicia y CCOO no va a tolerar su privatización, por lo que vamos a seguir luchando con todos los medios para impedirlo, pues la entrega de su gestión a los Registradores Mercantiles acordada por Gallardón, es lisa y llanamente una  privatización.


CCOO insiste en que los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no son funcionarios públicos, y así lo ha dictaminado también la Unión Europea. Las contumaces mentiras de Gallardón que afirma lo contrario,  a pesar de conocer perfectamente las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, demuestran la gravedad de la posición del Gobierno que incumple normativa europea cuando le conviene


2.- CCOO no va a consentir, en ningún caso, la pérdida de ningún puesto de trabajo, en ningún ámbito territorial del Estado, del personal destinado en órganos judiciales con funciones de Registro Civil. 


CCOO no puede entender como alguna organización sindical puede aseverar que se van a garantizar  el 70 % de los puestos de trabajo,  (¿y que pasa con el 30% restante, es decir, más de 1.500 puestos de trabajo?), porque esa afirmación ni responde a la verdad, pues con la propuesta del Ministerio de Justicia ni tan siquiera están asegurados todos los puestos de trabajo del personal destinado en el ámbito no transferido, y además  supone un abandono a su suerte de miles de personas que hoy trabajan en órganos judiciales con funciones de Registro Civil.


3.- CCOO, en la propuesta que ha presentado, ha exigido al Ministerio de Justicia que debe constar por escrito, tanto en el texto de la  Ley del Registro Civil, como en el de la LOPJ,  la garantía de que en ningún caso se impondrá la movilidad geográfica, con cambio de municipio, a trabajadores y trabajadoras destinado en órganos judiciales con funciones de Registro Civil.


4.- CCOO también ha reiterado que exigimos al Ministerio de Justicia que deben respetarse  todas las retribuciones del personal destinado en órganos judiciales con funciones de Registro Civil, incluidas las guardias.


5.- CCOO ha reclamado que se incluyan expresamente en la LOPJ y en la Ley del Registro Civil como centro de destino  los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz. En el caso de que el Ministerio de Justicia lleve a cabo su eliminación, se deberán crear tantas Oficinas Judiciales de Paz como Juzgados y Agrupaciones de Paz  existen en la actualidad, y éstas serán centros de destino del personal de la Administración de Justicia recogiéndose así en los citados textos legales.


Como sabéis, entre las medidas de presión al Gobierno para impedir la privatización de los Registro Civiles, CCOO viene demandando a los grupos parlamentarios la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 8/2014 que incluye la privatización de los Registros Civiles. En este sentido hoy los grupos parlamentarios de IU, PSOE y UPyD han presentado dicho recurso ante el TC.


¡¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL!!

¡¡PAREMOS LA REFORMA DE LOPJ!!

8 DE OCTUBRE, HUELGA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

¡¡MOVILÍZATE Y LUCHA!!!