El Gobierno continúa privatizando el servicio público de la Administración de Justicia y se ve obligado a retroceder parcialmente retirando las tasas judiciales para las personas físicas


2 de mar. de 2015



  • El consejo de ministros del 27 de febrero de 2015, aprueba el proyecto de reforma de la LOPJ (cuyo texto ha sido conocido el mismo día en la web de mjusticia.es) y de la LECivil, así como un RD-Ley que, entre otras normas, modifica parcialmente la ley 10/2012, de 20 de noviembre, de tasas judiciales, eliminando las que introdujo para las personas físicas.


RAJOY Y CATALÁ SE VEN OBLIGADOS A RECTIFICAR PARCIALMENTE ANTE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL Y EL TEMOR AL RESULTADO ELECTORAL. ASÍ, ELIMINAN LAS TASAS JUDICIALES QUE ESTABLECIERON PARA LAS PERSONAS FÍSICAS EN 2012

CCOO CONSIDERA, SIN EMBARGO, COMO ASPECTOS PROFUNDAMENTE NEGATIVOS (recogidos en los proyectos aprobados de reformas de la LEC y de la LOPJ)  QUE EL GOBIERNO MANTENGA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN, QUE ENTREGAN A LOS PROCURADORES; LA REDUCCIÓN A UN 30% DE LA RESERVA DE PLAZAS PARA LA PROMOCIÓN  INTERNA Y LA PREVISIÓN PARA FOMENTAR Y PRIMAR LAS SUSTITUCIONES ENTRE SECRETARIOS JUDICIALES (que pasan a denominarse letrados de la Administración de Justicia) QUEDANDO COMO EXCEPCIONAL LAS SUSTITUCIONES POR PERSONAL DEL CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL.
        
Sin perjuicio de un análisis más profundo, que haremos en los próximos días, de las reformas aprobadas por el Consejo de ministros del viernes 27 de febrero, CCOO realiza una primera valoración:

Para CCOO, la eliminación de las Tasas Judiciales para las personas físicas,  aunque parcial, es  una victoria muy importante para la ciudadanía, pues echa abajo parte de la política intolerable de tasas judiciales que estableció este gobierno en 2012, y demuestra que las movilizaciones de los trabajadores/as junto a los movimientos sociales y la ciudadanía, puede obligar al Gobierno a rectificar sus decisiones más inaceptables, mucho más ahora cuando Rajoy está muy preocupado por lo que vaticinan las encuestas respecto a los resultados electorales. 

Pero CCOO sigue abogando por la derogación de la Ley de Tasas que no hay que olvidar que seguirá impidiendo el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a algunos colectivos como al de autónomos y pequeños empresarios. Además, CCOO mantiene la reclamación de que se suprima la condena en costas cuando cualquier trabajador/a acude ante los Tribunales para defender sus derechos laborales y profesionales.

En relación con el proyecto de reforma de la LOPJ, CCOO no puede más que denunciar las mentiras del ministro Catalá y su equipo que, una vez más, incumplen sus compromisos, aprobando este proyecto de reforma de la LOPJ sin el previo (o simultáneo a su aprobación) traslado a las organizaciones sindicales,  tal y como habían manifestado en la reunión que tuvo lugar el pasado 5 de diciembreCCOO exige a Catalá que cumpla con sus obligaciones y sus compromisos, y lleve este texto a la mesa sectorial y mantenga la negociación hasta el último día de la tramitación parlamentaria.

El proyecto de reforma de la LOPJ ni introduce la inmensamayoría de las propuestas que formuló CCOO en la negociación del anterior proyecto para la mejora de las condiciones de trabajo de miles de trabajadores/as (una de las pocas cuestiones que incorpora es la propuesta que CCOO lleva demandando desde 2009, la regulación de la promoción interna de TEL a Facultativos del INT y CF), ni avanza en la mayoría de los derechos del personal de la Administración de Justicia que venimos exigiendo, por el contrario se retrocede en la reserva de plazas para la promoción interna, reduciéndose de un 50% a un 30%,  y también en la regulación de las sustituciones de Gestión a Secretarios Judiciales (que ahora se denominarán letrados de la Administración de Justicia) al fomentarse y primarse las sustituciones entre letrados,  dejando como excepcionales el llamamiento de letrados sustitutos,  lo que para CCOO es otro duro ataque a la carrera profesional de los compañeros y compañeros del Cuerpo de gestión procesal.

En relación con la modificación de la LEC (Ley de EnjuiciamientoCivil), CCOO sigue rechazando de plano la privatización de los actos de comunicación y continuará combatiendo con todos los medios a nuestro alcance la decisión de adjudicar a los Procuradores la ejecución de los actos de comunicación.

El gobierno sigue empeñado en desmantelar el servicio público de  la Administración de Justicia, entregando servicios y actuaciones, hasta ahora competencia exclusiva de esta Administración,  a colectivos minoritarios y privilegiados como los Registradores (privatización del Registro Civil, privatización de los expedientes de nacionalidad), Procuradores (privatización de los actos de comunicación), Notarios (privatización de procedimientos de jurisdicción voluntaria, expedientes de matrimonio, bodas….).

CCOO considera imprescindible la urgente y masiva movilización frente a estas reformas privatizadoras y limitativas de derechos, que deterioran gravemente las condiciones laborales pero, también, los derechos civiles y sociales.

Porque si el gobierno rectifica ahora en muchas de las cuestiones que le ha exigido la movilización social, es porque ya está convencido de que la ciudadanía está más que harta de sus mentiras, de los tremendos recortes que ha realizado a los derechos de millones de personas y de su falta de transparencia en la forma de gobernar, que ha ido acompañada de vergonzosos casos de corrupción que afectan de pleno al partido que sustenta el gobierno.

Que intente mantener las medidas que favorecen a colectivos privilegiados, como los citados más arriba, a los que quiere entregar lo que es de todos los ciudadanos/as, el servicio público de la Administración de Justicia, es porque lo quiere dejar resuelto antes de que en las próximas elecciones generales la ciudadanía les pueda alejar del poder político que ostentan.

Por eso, ahora, es el momento de incrementar la presión.

Para CCOO los pasos atrás del Gobierno, temeroso de perder los enormes privilegios de los que ha gozado con impunidad, son la mejor demostración de que en este año 2015, año electoral, es el momento de incrementar la lucha para lograr paralizar todas las privatizaciones, también en la Administración de Justicia, como la del Registro Civil y la de los actos de comunicación. Y también para reivindicar, y lograr, la recuperación de todos los derechos que nos han robado desde 2010.  


CCOO llama a incrementar las acciones contra la privatización del Registro Civil y de los actos de comunicación, de manera que converjan todas las acciones necesarias para obligar al Gobierno a dar marcha atrás en su decisión de privatizar el servicio público de la Administración de Justicia.
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El Consejo de Ministros aprueba la modificación de la LOPJ, de la LEC y de la Ley de Tasas





En la página web del Ministerio de Justicia se han publicado tres notas de prensa relativas a la modificación de la Ley de Tasas, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que atribuye a los Procuradores los actos de comunicación, reformas aprobadas en el Consejo de Ministros del viernes.

Nota de prensa reforma Ley de Tasas Judiciales

Nota de prensa y texto modificación Ley de Enjuiciamiento Civil

Nota de prensa y texto de la reforma de la LOPJ
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Navarra: Bolsa de trabajo de interinos 2014. Publicada baremación provisional Relación I (Tramitación) y Relación II (Todos los cuerpos)‏



Se han publicado en el Portal del Gobierno de Navarra en Internet, www.navarra.es, los listados de Baremación Provisional de los méritos acreditados por dos nuevos aspirantes de la Relación I del cuerpo de Tramitación, así como los listados de Baremación Provisional de los méritos acreditados por los aspirantes de la Relación II de los tres cuerpos

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días naturales a partir de la publicación de dichas relaciones para efectuar las alegaciones pertinentes, finalizando el lunes, día 9 de marzo, inclusive


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CCOO presenta enmiendas al proyecto de ley de reforma administrativa en el ámbito del Registro Civil


25 de feb. de 2015




El Gobierno pretende, a través del “proyecto de ley de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil”, modificar la ley 20/2011 del Registro Civil para que dicha ley se adapte a la entrega de su gestión a los Registradores Mercantiles, privatización contenida en la Ley 18/2014.

CCOO presenta enmiendas al Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil” dirigidas a los grupos parlamentarios para su defensa

LAS ENMIENDAS DE CCOO PRETENDEN GARANTIZAR QUE LA LEY 20/2011 DEL REGISTRO CIVIL CONTENGA QUE ÉSTE SEGUIRÁ SIENDO UN SERVICIO PÚBLICO PROPIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SERVIDO EN EXCLUSIVA POR PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTA ADMINISTRACIÓN


Entre las enmiendas presentadas por CCOO para que sean defendidas por los grupos parlamentarios en el debate parlamentario, os informamos que les hemos trasladado, entre otras, las siguientes:

  • El Registro Civil constituye un servicio propio de la Administración de Justicia.
  • Las plazas de Encargados del Registro Civil se proveerán entre funcionarios del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios judiciales.
  • Las plazas de las Oficinas del Registro Civil se proveerán entre funcionarios de los Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia.
  • Los ciudadanos podrán presentar la solicitud y la documentación necesaria para las actuaciones ante el Registro Civil en los Juzgados de Paz y Juzgados que no sean sede de Oficinas de Registro Civil.
  • Todas las oficinas de Registro Civil serán servidas de forma exclusiva por el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
  • Todo el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia que, en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, esté prestando servicios con destino definitivo en los Registros Civiles Central o Únicos, allá donde los hubiere, o estén prestando servicio en las oficinas judiciales con funciones de Registro Civil, seguirá desarrollando sus funciones respectivas en las Oficinas de Registro civil que se ubiquen en la misma localidad, con carácter definitivo.
  • En aplicación de esta Ley permanecerá inalterable el número de puestos de trabajo de cada cuerpo de funcionarios de la Administración de Justicia existente en la actualidad en cada localidad del Estado y ningún trabajador, titular o interino, verá disminuidas sus retribuciones que actualmente percibe por cualquier concepto, incluidas las indemnizaciones por servicio de guardia, ni podrá ser obligado a cambiar su localidad de destino.


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Convocatorias ayudas socio-sanitarias MUGEJU 2015


23 de feb. de 2015



Publicada la convocatoria de ayudas del programa de atención para personas mayores, con discapacidad o drogodependientes para el año 2015, con ligera recuperación de las ayudas recortadas desde el año 2013
  • Se aumenta el nivel de ingresos para tener derecho a las ayudas de atención a personas mayores y se rebaja la discapacidad mínima al 65 %.
  • Se recuperan las ayudas para la autonomía personal para personas con rentas superiores a 1023 € al mes y se incrementan las cuantías de las mismas, pero siguen estando reducidas al 50 % respecto de las cantidades del año 2012.
  • Se incluyen de nuevo ayudas para tratamiento de alcoholismo
  • La Mutualidad no atiende las propuestas hechas por CCOO, alegando insuficiencia presupuestaria para ello.
  • La Mutualidad tiene margen presupuestario para recuperar gran parte de otras ayudas suprimidas o reducidas desde el 1.1.2013. CCOO espera que la Gerente cumpla su compromiso de hacerlo.

Aparece publicada en el BOE de ayer, 19 de febrero de 2015, la Resolución de10 de febrero de 2015, de la Mutualidad General Judicial, por la que se convocan ayudas del programa del plan de atención socio-sanitaria. Por medio de esta resolución, tal y como ha demandado reiteradamente la Asamblea de la Mutualidad General Judicial a propuesta de CCOO, la Gerencia de la Mutualidad General Judicial ha empezado a recuperar algunas de las ayudas recortadas para estos programas desde enero de 2013, como consecuencia del recorte brutal en la asignación presupuestaria para ellas, pasando de un presupuesto para estos programas en el año 2012 de 1.893.690 € a un presupuesto para el año 2015 de 327.130 €; es decir, el presupuesto para estos programas de atención a las personas más necesitadas ha bajado desde el año 2012 un 82,73 %. Para que luego el Gobierno hable de “política social” y de salida de la crisis.

Para CCOO la recuperación de estas ayudas es adecuada pero insuficiente. Adecuada al tipo de ayudas específicas si bien CCOO exige al Ministerio de Justicia que dote adecuadamente la partida presupuestaria destinada a su pago hasta la recuperación del 100 % de las ayudas existentes hasta el 1.1.2013. Insuficiente poque existen además otras ayudas suprimidas o recortadas desde dicha fecha (ayudas del fondo de acción social, ayudas por prótesis y prestaciones complementarias, y ayudas por hospitalización psiquiátrica, entre otras) para las que hay margen presupuestario más que suficiente para recuperar gran parte de las ayudas suprimidas o reducidas desde el 1.1.2013, tal y como ha demostrado CCOO en las últimas Asambleas. La Gerente se comprometió en la última Asamblea a recuperar las ayudas en función de las disponibilidades presupuestarias, pero ya han pasado dos meses y seguimos igual. CCOO exige que la Gerente cumpla su compromiso público hecho en la última Asamblea.

Pero vayamos a las novedades, explicando brevemente las mejoras habidas respecto del año anterior.

1.- Programa de atención a personas mayores.

Cuantía de la ayuda: 200 euros/mes.
Requisitos para ser destinatario: Que la persona destinataria tenga una edad igual o superior a 70 años y tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 65%. Nivel de ingresos máximo para poder tener derecho a la ayuda: 1.600 € por miembro de la unidad familiar.

Diferencia respecto del año pasado: el año pasado se exigía una discapacidad mínima del 70 % y unos ingresos máximos de 1400 € por miembro de la unidad familiar.

CCOO propuso que además, se incluyese estas ayudas para las personas con edad igual o superior a 60 años que tuviesen reconocida una disparidad del 75 % (hasta el 1.1.2013 tenían derecho a estas ayudas las personas menores de 65 años pero mayores de 50 años que tuvieran reconocida una minusvalía igual o superior al 75 %.). La Mutualidad comparte nuestras razones, pero alega insuficiencia presupuestaria para ello.

2 Programa de atención a personas con discapacidad.

2.1 Ayudas para mantenimiento y potenciación de la capacidad residual.

Diferencia respecto al año pasado: se aumenta en 40 € la cuantía mensual de la ayuda en el tramo de ingresos entre 243 y 482 € al mes por persona.

2.2. Ayudas para la autonomía personal.
a) Ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas: Diferencia respecto al año pasado: incremento de entre 40 y 150 € por tramo de ingresos y discapacidad. Incluye ayudas para personas con ingresos superiores a 1022 € mensuales por persona.

b) Ayudas para medios técnicos: Diferencia respecto al año pasado: incremento de entre 8 y 60 € por tramo de ingresos y discapacidad. Incluye ayudas para personas con ingresos superiores a 1022 € mensuales por persona.

Programa de atención a personas drogodependientes. Diferencia respecto del año pasado: se incluye en estas ayudas el tratamiento del alcoholismo.

CCOO propuso que la cuantía inicial de la ayuda fuera del 50% del gasto acreditado mensualmente, con un máximo de 250 €, en vez de 150 € . La Mutualidad no ha aceptado la propuesta, justificando que en vez de ello han optado por ampliar la prestación incluyendo al colectivo afectado por el alcoholismo. No obstante se compromete a estudiar nuestra propuesta cuando se pueda afrontar una nueva reforma al alza de estas ayudas.

CCOO también propuso que el plazo de presentación de solicitudes de estas ayudas se extendiera hasta el 31 de diciembre, y no hasta el 1 de diciembre, pero por motivos que desconocemos la Mutualidad mantiene como fecha límite de presentación de solicitudes para estas ayudas el 1 de diciembre (apartado 3.5.3).




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El Ministro de Justicia miente en el parlamento y a la ciudadanía sobre la privatización del Registro Civil


18 de feb. de 2015



  • El ministro de Justicia ha mentido descaradamente hoy, 18 de febrero, en el Congreso de los Diputados al responder a una pregunta de la portavoz parlamentaria socialista, Rosa Aguilar sobre la privatización del Registro Civil.


La contestación de Catalá ha sido escandalosa y faltando a la verdad al menos en tres ocasiones:

Primera mentira:  El ministro Catalá ha mentido diciendo que había llegado a un acuerdo con las organizaciones sindicales sobre la plantilla tras la privatización. Ni siquiera ha reunido a las organizaciones sindicales desde hace meses en que se incorporó al frente de la cartera de ministro de Justicia. ¿Cómo puede afirmar esto si ni siquiera ha convocado mesa sectorial? Al menos con CCOO, el ministro Catalá no ha alcanzado acuerdo alguno

Segunda mentira: Catalá ha vuelto a mentir cuando ha afirmado que numerosas sentencias expresan que los registradores de la propiedad y mercantiles son funcionarios públicos, cuando sabe perfectamente que las sentencias de la Unión Europea de 2009 dictaminan sin posibilidad de interpretación que dichos profesionales no son funcionarios públicos, que deben cobrar el IVA (sabiendo que ningún funcionario público puede cobrar el IVA), y además la propia LGPE 2015 establece claramente que su régimen de seguridad social es el especial de autónomos (régimen al que solo pueden estar acogidos personal cuyo régimen de relaciones laborales es privado a todos los efectos).

Sabe Catalá -aunque lo niegue- que la sentencia de la Unión Europea de 2009 dictamina que dichos profesionales no presentan las características de subordinación y dependencia que resultan esenciales para que los servicios en cuestión puedan considerarse prestados por un funcionario a la Administración a la que pertenece; no están integrados en la organización de la Administración pública, sino como una actividad realizada en el marco de una profesión asimilada a una profesión liberal.

Tercera mentira: Catalá ha vuelto a mentir también porque sabe perfectamente que la desjudicialización del Registro Civil no conlleva la privatización del mismo. CCOO demanda el mantenimiento del Registro Civil en el ámbito público y dentro de la Administración de Justicia, servido por el personal funcionario de esta Administración y que sus encargados sean los Secretarios Judiciales. Lo hemos manifestado de forma reiterada y hemos denunciado con diversas iniciativas su privatización.

Hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Hemos presentado una Iniciativa legislativa Popular, que ha sido admitida a trámite y en los próximos días comenzaremos la recogida de firmas, en defensa del Registro Civil como servicio público y dentro del ámbito de la Administración de Justicia

Además, hemos ejercido el derecho de petición ante el Parlamento Europeo en defensa del servicio público del Registro Civil.

Y hasta una cuarta mentira: Catalá ha afirmado que el Registro Civil es el servicio peor valorado por la ciudadanía. Sabe perfectamente que el Registro Civil tiene una valoración general superior al 80 %, y en los pocos lugares donde existe una valoración ciudadana inferior, solo es debido al abandono de los medios personales y materiales en que ha dejado interesadamente el Ministerio de Justicia al Registro Civil

Sabe perfectamente Catalá que el Registro Civil tiene un grado de satisfacción de los ciudadanos del 84 %, según el Observatorio de Calidad de los Servicios Públicos del año 2012, superior a la media de los demás servicios públicos, que es del 73 %; y que en los pocos lugares donde existe una valoración ciudadana inferior, solo es debido al abandono de los medios personales y materiales en que ha dejado interesadamente el Ministerio de Justicia al Registro Civil: los 14 Registros Civiles que tuvieron mayor número de reclamaciones y denuncias por su funcionamiento en la última estadística disponible del Consejo General del Poder Judicial son todos administrados por Gobiernos del Partido Popular.


¿Cuánto tendrá que esconder el ministro de Justicia y el Gobierno, para tener que mentir tan descaradamente ante una pregunta parlamentaria?

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CCOO denuncia una nueva encomienda de las nacionalidades a la Registradores


12 de feb. de 2015


  • Catalá anuncia una tercera encomienda de gestión de las nacionalidades a los registradores
  • CCOO denuncia que Catalá formenta el deterioro del servicio público de la Administración de Justicia, infradotándolo de medios, para justificar así la privatización del Registro Civil

ccoo acusa a catalÁ de engañar a la opinión publica, pues a pesar del rotundo fracaso de la gestión realizada por los registradores en las anteriores encomiendas (expedientes con documentación incorrecta, aumento de las denegaciones, expedientes remitidos a RC que no corresponden por su tramitación inicial, resolución de expedientes más modernos en perjuicio de los más antiguos, deficiencias en el escaneado de la documentación….), anuncia una tercera encomienda en detrimento del servicio público del registro civil


AHORA ES EL MOMENTO DE DAR UN GRAN IMPULSO A LA LUCHA EMPRENDIDA POR CCOO PARA IMPEDIR LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL. LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP), PRESENTADA POR CCOO EL PASADO MES DE DICIEMBRE, PARA GARANTIZAR EL CARÁCTER DE SERVICIO PUBLICO Y GRATUITO DEL REGISTRO CIVIL Y QUE  SE MANTENGA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, HA SUPERADO EL TRÁMITE DEL CONGRESO Y DEL SENADO Y HA SIDO REMITIDA A LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL QUE ES LA ENCARGADA DE NOTIFICAR SU ADMISIÓN A TRÁMITE PARA PROCEDER A LA RECOGIDA DE FIRMAS


La política del Ministro de Justicia en materia de Registro Civil es clara: hundir el servicio público del Registro Civil, infradotándolo de medios personales y materiales, y ante las lógicas quejas de los usuarios ante el Defensor del pueblo y otras instituciones, presentar como salvadores del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, los cuales deben asumir dicho servicio público por el bien de la ciudadanía. Así lo sigue haciendo, tal y como se deduce del anuncio publicado en la página web del Ministerio de Justicia, en que Catalá anuncia una tercera encomienda de gestión de las nacionalidades a los Registradores.

En un país civilizado lo ocurrido con la resolución de los expedientes de nacionalidad española sería causa más que suficiente para el cese fulminante de los responsables políticos del Ministerio de Justicia. España no lo es. Tal y como denunció CCOO, tras la finalización del Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN) el 31 de diciembre de 2013, y estando pendientes de resolver miles de expedientes y de recursos, por más que el Ministerio de Justicia no deje de vender el éxito de dicho plan en que se denegaron más solicitudes de nacionalidad y se requirieron más documentación adicional que nunca, el Ministerio de Justicia asumió el 1 de enero de 2014 la tramitación y resolución de los expedientes de nacionalidad pero, en lugar de poner los medios necesarios, infradotó el servicio que tiene que hacer la tramitación, y tan sólo alrededor de 70 personas son las encargadas de  tramitar y resolver todos los expedientes, es decir, los expedientes de 2010, 2011 y 2012 que no se repartieron para tramitarse durante el PIN, 20.000 recursos de reposición, un alto porcentaje de expedientes de 2013, la totalidad de los expedientes de 2014 (que aún están todos ellos sin número de expediente)... así que, a día de hoy, puede haber acumulados ya otra vez una cifra cercana a 200.000 expedientes y alrededor de 20.000 recursos. La dotación de personal del Ministerio, tal y como denunció CCOO, resulta claramente insuficiente, demuestra una clara dejación de sus funciones por parte del Ministerio de Justicia cuya obligación es dotar con los medios personales y materiales necesarios el servicio para resolver en un plazo razonable las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española, pero de esta manera abre la puerta a la justificación para su externalización y, por tanto, para su privatización.

Pero además el problema se ha visto agravado porque el registro y digitalización de los expedientes de nacionalidad realizado por el Centro de Digitalización del Colegio de Registradores de la Propiedad, ha ido durante el año 2014 tremendamente lento, e incluso se paralizó durante al menos 4 meses, y en la actualidad están registrando los expedientes remitidos en diciembre de 2013. Hasta que los expedientes no se registran y digitalizan no se puede iniciar la tramitación de los mismos, que corresponde al Ministerio de Justicia.

Ante el desastre creado de nuevo por el Ministerio de Justicia, con Catalá a la cabeza,  en lugar  de dotar de mejores medios al Ministerio de Justicia, o de permitir que los Registros Civiles completen la fase de instrucción en lo que corresponde al Ministerio de Justicia y elevar propuesta de resolución, lo primero que hace es, de nuevo, cargar contra los actuales Registros Civiles. Y lo segundo es alabar a los Registradores, como bálsamo de fierabrás que acabará con los males del Registro Civil y de los expedientes de nacionalidad, aunque ello suponga la privatización de un servicio público.

Y con ello Catalá avanza en la privatización del Registro Civil y su entrega a los Registradores, privatización puesta en marcha en 2012 por los entonces responsables del Ministerio de Justicia, con el Director General de Registros y sus asesores que eran registradores a la cabeza, y del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

CCOO vuelve a rechazar la implantación del Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN) porque supone privatizar la tramitación y propuesta de resolución de los expedientes de nacionalidad, siendo que el mismo o mejor resultado se puede obtener dotando de más personal al Ministerio de Justicia para su resolución o modificado el art. 222 del Reglamento del Registro Civil, a fin de permitir a los Registros Civiles, instructores del expediente, la petición de los informes a Policía Nacional y demás, elevando propuesta de resolución para su firma digital por el Director General de los Registros y del Notariado. De esta forma los expedientes no saldrían de los Registros Civiles y no habría habido la gran cantidad de problemas derivados de la tramitación del PIN por personas desconocedoras de esta materia. 

Todo lo anterior demuestra claramente la incompetencia del ministro de Justicia para hacer frente a sus responsabilidades y, por ello, para CCOO debería dimitir. El Ministerio de Justicia se quiere quitar de encima a los actuales Registros Civiles por mandato de Rajoy y regalarlos a los Registradores,  utilizando cualquier excusa para ello, a pesar de que sabe que al hacerlo está actuando en claro conflicto de intereses y adoptando decisiones que huelen a presunta corrupción política.


CCOO llama a los trabajadores y a las trabajadoras, y a la ciudadanía, a que se unan a esta lucha, apoyando de forma activa la recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, tan pronto la Junta Electoral Central notifique su admisión a trámite para proceder a la  recogida de firmas, CCOO trasladará a todos los colectivos ciudadanos, profesionales, vecinales, de consumidores, partidos políticos y sindicatos que compartan con nosotros la apuesta de un Registro Civil público, gratuito y dentro del ámbito de la Administración de Justicia, para que, entre todos,  podamos conseguir las 500.000 firmas necesarias para que la iniciativa se debata en el Congreso como Proyecto de Ley.
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NOJ: resolución de concurso específico y de libre designación para Secretarios Judiciales


10 de feb. de 2015


Hoy se publican en el BOE la Orden JUS/168/2015, de 27 de enero, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Orden JUS/2211/2014, de 12 de noviembre (Cuerpo de Secretarios Judiciales, NOJ Murcia y Ciudad Real) y la Orden JUS/169/2015, de 27 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación de puestos de trabajo de Directores de los Servicios Comunes Procesales, efectuada por Orden JUS/2338/2014, de 24 de octubre (Cuerpo Secretarios Judiciales, NOJ León y La Seu D'urgell).

Concurso específico Secretarios Judiciales NOJ Murcia y Ciudad Real Orden JUS/168/2015, de 27 de enero

Libre designación Directores SCP NOJ León y La Seu D'Urgell. Orden JUS/169/2015, de 27 de enero
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En defensa de las libertades y el derecho de huelga: CCOO convoca movilizaciones el 18 de febrero


9 de feb. de 2015


CCOO hace un llamamiento a participar en las manifestaciones y concentraciones que se celebrarán el próximo 18 de febrero, en todo el país, en defensa del derecho de huelga y la libertad sindical.

Estas movilizaciones se enmarcan en la Jornada de Acción Mundial convocada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) para denunciar la creciente y preocupante criminalización del derecho de huelga y de la protesta social por parte de los Gobiernos, poderes públicos y, especialmente, del grupo de empleadores en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que pretenden bloquear el derecho de huelga, con el consiguiente debilitamiento de la libertad sindical.

Gaceta Sindical: En defensa de las libertades y del derecho de huelga
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El Consejo de Ministros aprueba la creación de 66 plazas de fiscales



En la página web del Ministerio de Justicia se ha publicado nota de prensa en relación a la aprobación por el Consejo de Ministros del pasado viernes de 66 nuevas plazas de fiscales.

Otra vez el Ministerio de Justicia y su titular hacen un grandilocuente anuncio (como el realizado el pasado 31 de octubre con la creación de 282 plazas de jueces y magistrados) de creación de plazas para que la Administración de Justicia pueda luchar con más medios contra la corrupción y el crimen organizado (igual que ocurrió con el anuncio de la creación de las plazas de jueces y magistrados estas 66 plazas no son reales pues 50 de esos fiscales ya están en la escuela judicial)

Y, una vez más, este pomposo anuncio no tiene en cuenta la plantilla de los Cuerpos Generales. Si fuera real el propósito del Gobierno de incrementar los medios de la Administración de Justicia para luchar contra la corrupción eso implicaría incrementar también las plantillas del personal de los Cuerpos Generales, lo contrario es un mero anuncio publicitario de cara a la galería y al año electoral que se avecina.


El Consejo de Ministros aprueba la creación de 66 plazas de fiscales.
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CCOO exige de nuevo una convocatoria de un mínimo de 2000 plazas en 2015 y el compromiso de convocatorias de OEP en tres años consecutivos con todas las vacantes




El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no ha aprobado aún la convocatoria de oferta de empleo 2015 en la Administración de Justicia, ni concretado, en caso de aprobarla, cuántas plazas finalmente se incluirán.

CCOO considera inadmisible que varias comunidades autónomas no incluyan plazas en la OEP en 2015 y que no se convoquen plazas de todos los cuerpos, pues no se incluirán ni de Técnicos Especialistas de Laboratorio ni de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

CCOO EXIGE DE NUEVO UNA CONVOCATORIA DE OEP DE CON UN MÍNIMO DE 2.000 PLAZAS EN 2015, JUNTO AL COMPROMISO DE QUE HABRÁ CONVOCATORIAS EN TRES AÑOS CONSECUTIVOS PARA INCLUIR TODAS LAS VACANTES.

Para CCOO es asimismo inaceptable que algunas comunidades autónomas pretendan incluir una ridícula OEP, cuando su número de plazas vacantes es muy superior.


Las plazas que la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia informó el pasado 23 de enero a las organizaciones sindicales representativas ascendían a unas 1.500, con el tope de 1.800, incluyendo en este número las plazas de promoción interna.

CCOO ha trasladado, tanto al Ministerio de Justicia como el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que este número es muy insuficiente porque:

-Un número inferior a 2.000 plazas en 2015, y que no vaya acompañada, además, ineludiblemente, de un compromiso expreso del Ministerio de Justicia, y de las comunidades autónomas con competencias, de que se va a convocar OEP en tres años consecutivos para ofertar las numerosas vacantes existentes (más de 9.000, según el Ministerio, alrededor de 10.000 según nuestros datos), no solucionará el gravísimo problema de empleo en precario existente en la Administración de Justicia.

Las plazas definitivas que se convocarían no nos han sido comunicadas por el Ministerio de Justicia hasta el momento. Sin datos definitivos, las plazas en el ámbito de las comunidades autónomas con competencias que, como máximo, podrían incluirse en la OEP 2015, serían:


Andalucía
Gestión: 10
Tramitación: 12
Auxilio: 30
Médicos Forenses: 6

Canarias
Gestión: 24
Tramitación: 96
Auxilio: 76
Médicos Forenses: 0

Cataluña
Gestión: 70
Tramitación:168
Auxilio: 205
Médicos Forenses: 15

Comunidad Valenciana
Gestión: 24
Tramitación: 74
Auxilio:80
Médicos Forenses: 2

Madrid
Gestión: 44
Tramitación:172
Auxilio: 205
Médicos Forenses: 23

Navarra
Gestión: 8
Tramitación: 12
Auxilio: 10
Médicos Forenses: 0

País Vasco
Gestión: 34
Tramitación: 88
Auxilio: 30
Médicos Forenses: 5

La Rioja
Gestión: 0
Tramitación: 10
Auxilio: 10
Médicos Forenses:  0


Galicia podría convocar tan solo alguna plaza de Médicos Forenses y el resto, al parecer, no incluirían ninguna plaza en la OEP 2015 (Cantabria, Asturias, Aragón).


Para CCOO es inaceptable que algunas comunidades autónomas no convoquen plazas o que pretendan incluir una ridícula OEP, cuando su número de plazas vacantes es muy superior. 
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CCOO obtiene otra sentencia favorable para el abono del 100% de la paga extra de 2012, ahora en el País Vasco





Los Tribunales siguen dictando resoluciones que declaran la ilegalidad de la supresión de la paga extra de diciembre de 2012 al personal funcionario de la Administración de Justicia.

CCOO OBTIENE OTRO PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE, ESTA VEZ EN EL PAIS VASCO, QUE OBLIGA A LA ADMINISTRACIÓN AL PAGO DEL 1OO%  DE LA PAGA EXTRA DE DICIEMBRE 2012 A UNA FUNCIONARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La sentencia avala los argumentos esgrimidos por CCOO en las demandas presentadas en los distintos ámbitos territoriales, cuando entró en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (norma que establece el derecho a percibir las pagas extras para el personal de la administración de justicia, y de rango superior a un Real Decreto Ley)  ya se había devengado la paga extra de diciembre 2012 en su totalidad por lo tanto no procede descuento alguno

CCOO obtiene otra sentencia favorable que obliga al abono del 100% de la paga extra de diciembre de 2012 a una funcionaria de la Administración de Justicia de el País Vasco, la sentencia dictada por la juez del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Bilbao es la primera sentencia en esta comunidad.

Como venimos informando CCOO ha presentado demandas en los distintos ámbitos territoriales para reclamar el abono del 100% de la paga extra de diciembre de 2012 argumentando, entre otras razones jurídicas, que una norma de rango inferior no puede modificar ni contravenir una norma de rango superior. El Gobierno de Mariano Rajoy suprimió la paga extra de diciembre de 2012 para todo el personal del Sector Público mediante el Real Decreto Ley de 13 de julio de 2012. En dicho RDL se establecía que la supresión de la paga extra para el personal de la Administración de Justicia se llevaría a cabo de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), norma que regula el derecho a la percepción de la paga extra para este colectivo, y de rango superior a un RDL.

La paga extra de diciembre del personal al servicio de la Administración de Justicia se devenga desde el 1 de junio hasta el hasta el 30 de noviembre. El Gobierno modificó la LOPJ mediante la Ley Orgánica 8/2012, publicada en el BOE el día 28 de diciembre de 2012, cuya entrada en vigor se fijó a partir del día siguiente, 29 de diciembre, casi un mes después de estar devengada en su totalidad la paga extra, por lo tanto no procedía descuento alguno.

Esta sentencia se une a los cientos de pronunciamientos de jueces que existen en el mismo sentido en los distintos ámbitos territoriales, y al Auto del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 21/11/2014 que cuestiona la legalidad de la supresión de la paga extra al personal de la Administración de Justicia, por eso CCOO vuelve a exigir al ministro Catalá y a todas las CCAA con competencias transferidas la devolución inmediata de la totalidad de la paga extra de diciembre de 2012 a todo el personal de la Administración de Justicia de toda España, porque su obstinación en no hacerlo demuestra de nuevo que el Gobierno sigue empeñado en no cumplir con lo establecido en la Constitución (normas no retroactivas) por mucho que sus palabras digan lo contrario.
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CCOO presenta una iniciativa al Parlamento Europeo para impedir la privatización del Registro Civil


6 de feb. de 2015


CCOO SIGUE PLANTEANDO INICIATIVAS PARA IMPEDIR LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
CCOO EJERCE EL DERECHO DE PETICIÓN ANTE EL Parlamento Europeo, PARA que SE establezca que los Registros Civiles de los países de la UE DEBEN MANTENERSE EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y SERVIDOS POR FUNCIONARIAS/OS PÚBLICOS

CCOO expone en su petición que en España, desde su creación en 1871, el Registro Civil ha estado a cargo del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia


CCOO continúa trabajando para impedir que a partir del 15 de julio de este año el Registro Civil salga de la Administración de Justicia y se privatice, atribuyendo su llevanza a los Registradores Mercantiles. Además de estar pendiente la aceptación a trámite y posterior recogida de firmas a favor de la Iniciativa Legislativa Popular para paralizar la privatización del Registro Civil,  CCOO ejerció ayer a través del portal del Parlamento Europeo el derecho de petición contemplado en el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a fin de que:

1º.- Que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre la necesidad de que los Registros Civiles de los países de la Unión Europea, como institución a cargo de los datos personales esenciales de los ciudadanos de la Unión Europea, sean servidos en todo caso por funcionarios/as públicos integrados en Administraciones públicas, en salvaguarda de los derecho a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal recogidos en los artículo 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

2º- Que el Parlamento Europeo proponga la inclusión, en el Proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y de Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que se establezca de forma expresa que en los Registros Civiles de los Estados miembros de la Unión Europea los responsables del tratamiento de los datos contenidos en los mismos y todo el personal que tenga a su cargo deban ser funcionarios/as públicos integrados en Administraciones públicas.

CCOO solicita que, dado que en España a partir del 15 de julio de 2015 la llevanza del Registro Civil va a corresponder a los Registradores Mercantiles, y que en caso de ser aprobada esta petición dicha llevanza sería contraria a la misma, se proceda a la consideración y votación de su petición antes del 15 de julio de 2015.

Para CCOO, la llevanza del Registro Civil encomendada a los registradores mercantiles y sus trabajadores/as, implicaría que los datos más personales de todos la ciudadanía serán tratados por personal que no tienen la condición de funcionarias/os públicos, por tanto no sujetos al deber de confidencialidad en el tratamiento de datos personales lo cual puede suponer vulneración del derecho a la intimidad al encomendar a particulares la llevanza del Registro Civil. No basta con la titularidad pública del Registro Civil, de sus datos o de los programas informáticos que lo gestionen, es preciso que quien sea responsable del tratamiento de estos datos, quien los gestione y tenga por tanto la oportunidad de registrarlos, modificarlos o cederlos tengan, desde el Registrador hasta sus empleados/as, la condición de funcionarias/os públicos.

CCOO explica en su petición que en España desde su creación en 1871 el Registro Civil ha estado a cargo de la Administración de Justicia, siendo sus responsables los Jueces o Magistrados Encargados de los Registros Civiles municipales principales o Central, y los Cónsules, respecto de los Registros Civiles Consulares, y que los encargados del tratamiento de los datos incluidos en este fichero son las y los funcionarios públicos de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia destinados en los Registros Civiles.


Una vez se admita a trámite esta petición por el Parlamento Europeo explicaremos cómo todas las personas, organizaciones y colectivos que lo deseen pueden adherirse a la misma, para hacer más fuerza ante el Parlamento Europeo y que en caso de que prospere debería suponer la paralización de la privatización del Registro Civil.
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