Dimite el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce


18 de dic. de 2014


Publicado en www.eldiario.es
  • El enfrentamiento entre Fiscalía General y Gobierno por Cataluña puso fecha de caducidad al mandato de Torres-Dulce en el ministerio público
  • La pésimas relaciones entre Torres-Dulce y el ministro Rafael Catalá han complicado más aún la permanencia de Torres-Dulce en la Fiscalía
  • "Si tengo que sostener una posición contraria al Gobierno, la sostengo", afirmó en su última comparecencia ante el Congreso

Dimite el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce
Dimite el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.


El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, acaba de presentar su renuncia al ministro de Justicia, Rafael Catalá, después de tres años en el cargo. Torres-Dulce sostiene en un escueto comunicado de cuatro líneas que ha hecho público la Fiscalía que su dimisión se debe a "motivos personales" y que su intención es volver a incorporarse a su plaza en la Fiscalía del Tribunal Constitucional.

Torres-Dulce, que relevó a Cándido Conde-Pumpido en el puesto cuando fue nombrado por el Consejo de Ministros el 27 de enero de 2012, era antes fiscal de sala en el Tribunal Constitucional y pertenece a la conservadora Asociación de Fiscales. Comparado con su antecesor, que estuvo ocho años en el puesto, su permanencia ha sido corta.

La trayectoria de Torres-Dulce al frente de la Fiscalía ha estado marcada por las tensiones con los responsables del Ministerio de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá, a raíz, sobre todo, de su negativa a parar la instrucción del caso Gürtel y 'los papeles de Bárcenas'.

El último gran enfrentamiento de Torres-Dulce con el Gobierno fue por Cataluña. En medio del debate soberanista, el Fiscal General desatendió las órdenes del Gobierno de presentar una querella contra Artur Mas y miembros de su Gobierno por seguir adelante con el proceso de participación que sustituyó a la consulta que prohibió el Tribunal Constitucional.

En los últimos meses, las relaciones entre la Fiscalía General y el Gobierno se habían enfriado hasta un punto irreparable. Sin embargo, Rajoy no podía destituir a Torres-Dulce porque los cambios legales incorporados por su predecesor impedían al Ejecutivo el cese del titular del ministerio público. Según fuentes jurídicas, la salida de Torres-Dulce "es una dimisión inducida".

El propio Torres-Dulce rechazó durante su comparecencia en el Congreso el pasado 26 de noviembre que se le pudiera acusar de actuar en favor de los intereses de Rajoy y su Gobierno: "No toleraré nunca que el Gobierno me diga lo que tengo que hacer, porque sería un delito. Si tengo que sostener una posición contraria al Gobierno, la sostengo".

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Oposiciones gestión turno libre, OEP 2103, fecha publicación BOE nombramiento como funcionarios y adjudicación de destinos



El área de concursos del Ministerio de Justicia nos ha comunicado en relación a la publicación de la Orden de nombramiento como funcionarios y la Orden de adjudicación de destinos de los opositores que han superado el proceso selectivo para acceso al Cuerpo de gestión procesal, turno libre, OEP 2013 se publicará en el BOE del próximo 26 de enero si bien la fecha de las citadas órdenes será de 7 de enero.

Cuando se adjudiquen los destinos se colgará la información correspondiente en la página web del Ministerio de Justicia.

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Centro de estudios Jurídicos: formación continua 2015




Se ha publicado en la página web del Centro de Estudios Jurídicos la resolución con la convocatoria general de 100 actividades formativas del plan de formación continua 2015 para la carrera fiscal, Cuerpo de secretarios judiciales, abogados del estado, médicos forenses y facultativos del INTCF.

Formación 2015 carrera fiscal, secretarios judiciales, abogados del estado, médicos forenses y facultativos del INTCF
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CCOO presenta una ILP en defensa del Registro Civil como servicio público


16 de dic. de 2014



CCOO HA PRESENTADO HOY, 16 DE DICIEMBRE, EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS UNA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PARA GARANTIZAR EL CARÁCTER DE SERVICIO PÚBLICO DEL REGISTRO CIVIL, SU GRATUIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD DE LOS DATOS PERSONALES DE LA CIUDADANÍA.

LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR DE CCOO RECHAZA LA LEY 18/2014 QUE PRIVATIZA EL REGISTRO CIVIL, DEFIENDE SU MANTENIMIENTO EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y, PARA ELLO, APOSTAMOS PARA QUE CONTINÚE SERVIDO, COMO EN ESTOS ÚLTIMOS 140 AÑOS, POR EL PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.


Al amparo del artículo 87.3 de la Constitución española y de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular (modificada por la LO 4/2006, de 26 de mayo), la Confederación Sindical, la Federación de Servicios a la Ciudadanía y el Sector de la Administración de Justicia de CCOO presenta el martes 16 de diciembre una iniciativa legislativa popular (ILP) para defender el mantenimiento del Registro Civil como servicio público y gratuito.

CCOO defiende el derecho de la ciudadanía a que el Registro Civil siga siendo un servicio público, y para ello es imprescindible su mantenimiento dentro del ámbito de la Administración pública.
Además, la capacidad y la cualificación demostrada por el personal de la Administración de Justicia en sus ya más de 140 años en los que el Registro Civil ha sido servido por este personal, demuestra que ahí debe mantenerse, y que es una aberración la pretensión del Gobierno de sacarlo de su ámbito y proceder a su privatización.

La presentación de esta ILP por CCOO tiene el objetivo de lograr que el Parlamento español rechace la Ley 18/2014 de 15 de octubre, aprobada en exclusiva con los votos del grupo parlamentario popular, rompiendo el consenso social establecido en torno a un Registro Civil público y gratuito, y que, además, tiene el rechazo frontal de la inmensa mayoría de la sociedad.

Dicha ley 18/2014 recoge, en sus disposiciones adicionales, vigésimo a vigesimoquinta, la privatización del Registro Civil y la entrega de su gestión a los Registradores Mercantiles, (disposición adicional vigesimoprimera).

Esta ILP, que impulsa y presenta CCOO, nace con tres objetivos fundamentales:

  • 1.- Devolver el Registro Civil a la ciudadanía, manteniéndolo público y gratuito.
  • 2.- Frenar las políticas privatizadoras del gobierno del Partido Popular.
  • 3.- Desenmascarar los oscuros intereses de algunos máximos responsables del gobierno, especialmente de su presidente, que se permite entregar un servicio público, del que no es su propietario, sino solo un servidor más, a la gestión privada, y lo que es aún más grave, a su gestión por un colectivo de élite, los registradores, del que forman parte tanto él como miembros de su familia, a los que las sentencias de la Unión Europea no considera funcionarios públicos.





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Cuando Rajoy afirma que la crisis ha terminado, insulta a millones de trabajadores y trabajadoras


15 de dic. de 2014



  • Rajoy anuncia que “la crisis ha terminado y ya se nota en los salarios” y vuelve a demostrar que algunos responsables políticos carecen de escrúpulos y de vergüenza


LAS AFIRMACIONES DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO INSULTAN A MILLONES DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, ENTRE ELLOS A LAS Y LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

PORQUE NI LOS SALARIOS CRECEN, NI DISMINUYE LA DESIGUALDAD SOCIAL ENTRE LA MINORÍA DE LAS ÉLITES FINANCIERAS Y EL RESTO DE LA SOCIEDAD, NI SE REDUCE EL NÚMERO DE PARADOS Y DE FAMILIAS CON TODOS SUS MIEMBROS EN PARO, SINO TODO LO CONTRARIO.

Que el presidente del Gobierno haya manifestado, “ la recuperación económica y social ya se vive en los mostradores de los pequeños negocios o en los pedidos de los proveedores, en las barras de las cafeterías o en las mesas de los restaurantes o en las nóminas de muchos españoles y en el interior de los hogares”, demuestra una enorme falta de escrúpulos, es un insulto a millones de españoles que siguen pasándolo muy mal, y constituye un alejamiento total de la ciudadanía y sus problemas pues millones de personas siguen teniendo enormes dificultades para llegar a fin de mes.

La percepción del presidente del Gobierno no puede estar más lejos de la realidad, la verdadera situación de España es bien distinta: los salarios de las y los trabajadores fijos han caído más de un  5% de media y del 20% en los temporales (que hoy son una enorme mayoría). Las cifras de pobreza y desigualdad* son enormes, pues España es el país de la OCDE en el que más aumentó durante la crisis.

En relación con las y los empleados públicos, es un auténtico escándalo que el presidente del Gobierno manifieste que los salarios crecen, mientras es incapaz de restituir los derechos que nos han robado desde 2010.

Señor Rajoy,

¿Va a restaurar el salario anterior a mayo de 2010, a todas y todos los empleados públicos, que nos recortó el Gobierno anterior?

¿Va a devolver de oficio a todos los empleados/as públicos la totalidad de la paga extra 2012 que nos robó su Gobierno y restablecer todos los días de asuntos particulares y de vacaciones, también los de antigüedad, que teníamos antes de julio de 2012?

¿Va a incrementar nuestros salarios el 30 %, que hemos acumulado en pérdida de poder adquisitivo, durante el período 2010-2014?

¿Va a restituir el derecho al 100% del salario en todos los casos de IT?


CCOO exige a Rajoy y al Gobierno que nos devuelva todos estos derechos de una vez. Y, por favor, dejen ya de mentir y de expresar que la crisis ha terminado, que los salarios están creciendo y que los hogares ya perciben esa mejora.

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Algunos datos de Unicef y del INE:
*Los parados en España son 5.427.700 y los hogares con todos sus miembros en paro ascienden a 1.789.400.

El 32,6 %  de niños que se encuentran en riesgo de exclusión social
El 27,5 %  de niños está en riesgo de pobreza relativa (viven en hogares con una renta por debajo del 60% de la media nacional)
El 8,3% de niños viven en hogares con privación material severa
El 13,8% de niños viven en hogares con muy baja intensidad de trabajo

El 18,7% de niños viven en hogares que sufren pobreza crónica
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OPE 2015 Administración de Justicia: Enmienda aprobada en el Senado ahora vuelve al Congreso para su aprobación definitiva el 15 de diciembre


10 de dic. de 2014


Para CCOO, supone un avance importante, pero aún no asegura una convocatoria sustancial de plazas en la OEP 2015. Falta su aprobación definitiva en el Congreso y que se traslade el número máximo de vacantes (20 %) contenido en la enmienda al Real Decreto de convocatoria de OEP 2015 del Ministerio de Hacienda y AAPP.

Informamos del texto que ha aprobado el Senado sobre el proyecto de LPGE para 2015  (ahora debe volver al Congreso, que lo aprobará finalmente el 15 de diciembre), en el que han incluido la siguiente enmienda sobre la OEP 2015 en la Administración de Justicia, que os reproducimos literalmente. 

Es la misma enmienda que os informamos hace días y que podría permitir la convocatoria de un número de plazas superior a 1.500 en el turno libre además de las de promoción interna, siempre y cuando el Gobierno llevara al Real Decreto de convocatoria de OEP 2015 el máximo de las plazas que se autoriza en el propio texto de la enmienda (máximo de un 20 % de las vacantes, que como hemos venido informando superan las 10.000 en toda España de todos los cuerpos, no menos de 9.000 incluso, según los datos del propio Ministerio de Justicia, que sigue sin entregarnos de forma desglosada por cuerpos y por ámbitos, tal y como CCOO le viene exigiendo) :


Texto de la enmienda:

G) En la Administración de Justicia, atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en la situación de cobertura de sus plazas, se computará el número máximo de plazas a autorizar en función del número total de plazas de la plantilla aprobadas dotadas presupuestariamente, y que hayan estado ocupadas por funcionarios interinos durante al menos los tres últimos años, autorizándose Oferta de Empleo Público en aquellos Cuerpos de funcionarios en el que el porcentaje de las plazas con este tipo de ocupación supere el 15% del total y en un número máximo que, acumulado para todos los Cuerpos, no podrá superar el 20% de las vacantes.


Dicha enmienda constituye un paso importante como viene exigiendo CCOOpero solo será real cuando el Ministerio de Hacienda y AAPP garantice la convocatoria de ese máximo del 20 % de las vacantes y lo lleve al Real Decreto de OEP 2015, pues podría pretender aprobar un número muy inferior. Y además, esas plazas deben serlo de nuevo ingreso (turno libre) e incrementarse necesariamente con las de promoción interna, que la propia LPGE admite pueden ser convocadas aparte.

Lo llamativo es que el propio director general de relaciones con la Administración de Justicia el viernes pasado 5 de diciembre (en la reunión que se celebró de constitución del grupo de trabajo de la reforma de la LOPJ), solo un día laborable antes de que el Senado aprobara esta enmienda, fuera incapaz de asegurar el estado de tramitación de esta enmienda. O no nos dicen la verdad o están en la inopia los responsables de la negociación por el Ministerio de Justicia.


Podéis ver el texto de la enmienda en la página del documento publicado en la web del Congreso (página 27):

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CCOO exige de nuevo al Ministerio de Justicia la restitución de todos los derechos eliminados desde 2010


9 de dic. de 2014




CCOO ha vuelto a exigir al ministro de Justicia que, entre otros derechos robados:

  • Se restituyan los salarios anteriores a mayo de 2010, tras el recorte inadmisible que efectuó el anterior gobierno contra todos los empleados y empleadas públicos en mayo de 2010.

No es tolerable que tras cinco congelaciones sucesivas (2011 a 2015) que venimos soportando, unido al tremendo recorte que se nos infringió a los trabajadores/as públicos en 2010 y a la eliminación de la paga extra de diciembre de 2012 (otro 7,14 % más de recorte adicional), hayamos acumulado ya la pérdida de poder adquisitivo desde 2010 superior al 30 % de salario real.
Es decir, de cada 100 euros que cobrábamos en 2010 hoy solo disponemos 70 euros.
  • Se devuelva de inmediato a todos los trabajadores/as de la Administración de Justicia el total de la paga extra de diciembre de 2012 y no tan solo ese ridículo 24,04% que plantea el gobierno en el proyecto de LPGE 2015. Estamos hartos de la tomadura de pelo de este Gobierno, que, mientras ampara a los corruptos de su organización, es incapaz de cumplir con la ley y la justicia y devolver el 100% de la paga que nos robaron en 2012, como ya muchas sentencias judiciales están resolviendo.
  • Se restituya el 100 % del salario en todos los casos de Incapacidad Temporal (IT)
  • Se restauren todos los días de asuntos particulares y de vacaciones, incluidos los días de antigüedad.
  • Se reponga de nuevo la jornada máxima laboral de 35 horas

  • Se restablezca la convocatoria de la oferta de empleo público anual y de todos los cuerpos. El gobierno debe garantizar la convocatoria de todas las vacantes en la oferta de empleo público en un máximo de tres años, incluyendo no menos de 2500 plazas en 2015 entre turno libre y promoción interna de todos los cuerpos generales y especiales


Asimismo, CCOO ha exigido de nuevo al ministro de Justicia que debe restaurarse el derecho de todas las personas físicas a poder acudir a defender sus legítimos derechos ante la Administración de Justicia sin tasas judiciales. 

En el contexto de nuestra demanda, es imprescindible que todos los empleados y empleadas públicas recuperen también un derecho inalienable, cuando acuden a la jurisdicción contenciosa a defender sus derechos laborales y profesionales, a no ser condenados en costas, pues lo único que ha pretendido el gobierno con esta decisión es persuadir para no litigar para defender derechos legítimos, sabiendo perfectamente que muchos compañeros y compañeras desisten de emprender acciones judiciales por ese motivo, a pesar de tener la razón de su lado. 
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Oferta de empleo público 2015: el Ministerio sigue sin clarificar su propuesta de convocatoria de OEP




  • En la reunión de constitución del grupo de trabajo de la reforma de la LOPJ, que pretende el ministro de Justicia llevar al consejo de ministros del próximo viernes 12 de diciembre se trató también el tema de la OEP

El Ministerio sigue sin clarificar su propuesta de convocatoria de OEP para 2015. Está pendiente la aprobación por el Senado de la enmienda presentada por el PP que CCOO consiguió arrancar con nuestra presión en la Mesa Sectorial para desbloquear la tasa de reposición del 50% que imponía el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE)

De mantenerse la tasa de reposición establecida originariamente en el proyecto de LPGE 2015, se convocarían unas 350 plazas para todos los cuerpos, algo que para CCOO resulta insultante, a la vista de las más de 10.000 plazas vacantes que existen en la actualidad en la Administración de Justicia y que se encuentran dotadas presupuestariamente.

La propuesta de CCOO sigue siendo el establecimiento de un plazo máximo de tres años para la convocatoria de todas las plazas vacantes para todos los cuerpos, generales y especiales, comenzando en el año 2015 con un mínimo de 2.500 plazas, entre turno libre y promoción interna.

Ante la solicitud de CCOO, el Ministerio de Justicia se ha comprometido a que, caso de prosperar en el Senado la enmienda que desbloquea la tasa de reposición del 50%, se convocará una OEP en 2015 que incluirá plazas para todos los Cuerpos, tanto generales (Gestión, Tramitación y Auxilio), como especiales (Médicos Forenses y Facultativos, Técnicos y Ayudantes del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) y para el Cuerpo de secretarios judiciales.








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CCOO combatirá la pretensión de Catalá de mantener la privatización de los actos de comunicación




  • CCOO reprocha al Ministerio de Justicia que convoque una reunión del Grupo de Trabajo para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sin presentar ningún texto con sus propuestas

CCOO DENUNCIA QUE NO SE NEGOCIE EN LA MESA SECTORIAL LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL YA QUE LOS PLAZOS MÁXIMOS ESTABLECIDOS PARA LA INSTRUCCIÓN PENAL INCIDIRÁN NEGATIVAMENTE EN NUESTRAS CONDICIONES DE TRABAJO SI NO SE DOTA DE MÁS MEDIOS A LOS JUZGADOS

El Ministerio de Justicia impulsa una reforma de la LOPJ que CCOO rechaza, porque contiene pasos atrás en nuestras condiciones laborales y un avance en el desmantelamiento del servicio público de la justicia, al incluir, entre otras medidas, la privatización en favor de los Procuradores de los actos de comunicación y ejecución.


El Ministerio de Justicia ha informado en la reunión mantenida hoy para la constitución del Grupo de Trabajo sobre la reforma de la LOPJ de las principales novedades que se contendrán en la misma, que, en relación con los Libros 1º a 4º, afectará a cuestiones jurisdiccionales y de gobierno de los jueces, y que presentará una propuesta para que los órganos judiciales con menos cargas de trabajo puedan tramitar asuntos de juzgados geográficamente cercanos que estén más sobrecargados. El Ministerio anuncia que está teniendo dificultades en este sentido para encontrar un sistema de reparto que sea compatible con el derecho al juez natural establecido en la Constitución, y por lo manifestado en la reunión, desconocen qué tipo de modelo de reparto podría llevarse a cabo.

CCOO ha reivindicado que, además, ha de tenerse en cuenta que este nuevo reparto del trabajo en ningún caso debe suponer una carga añadida de trabajo a órganos judiciales con un volumen normal de asuntos ya que, en determinados territorios, la inmensa mayoría de los juzgados están trabajando por encima de los módulos de trabajo establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta particularidad obliga, a juicio de CCOO, a dar intervención a los sindicatos mediante la negociación colectiva en las medidas que se adopten y así se lo hemos exigido al Ministerio.

En relación con los libros 5º y 6º de la LOPJ que regulan las condiciones de trabajo de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia, el director general ha anunciado, sin entregar ninguna propuesta concreta, que mantendrá entre sus contenidos:

La privatización de los actos de comunicación y ejecución en favor de los Procuradores, a lo que CCOO, con el único apoyo de los sindicatos ELA y CIG, hemos manifestado nuestra más rotunda oposición. Es muy grave que el resto de sindicatos prefieran mirar para otro lado, cuando se pretende por el gobierno avanzar en el desmantelamiento de la Administración de  Justicia.

CCOO reafirma su posición de que debe avanzarse en una reforma de la LOPJ que garantice el empleo, todas las retribuciones y por todos los conceptos, la convocatoria de OEP con todas las plazas vacantes, así como la imposibilidad de imponer planes unilaterales de ordenación de recursos humanos o la movilidad forzosa, geográfica o funcional, junto con las más de 100 propuestas que hicimos al Ministerio y de las que hemos venido informando.

El Ministerio ha anunciado que nos entregará el proyecto de reforma de la LOPJ en diez o quince días, simultáneamente a su aprobación por el consejo de ministros (no será así si cumple con su previsión de aprobar el anteproyecto la próxima semana), y que la negociación se prolongará durante toda su tramitación parlamentaria.

 REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

En otro orden de cosas, y ante la aprobación por el Consejo de Ministros de la reforma de la LECriminal, CCOO ha exigido la dotación de más plantillas y de más medios materiales, suficientes para atender la nueva regulación propuesta de plazos máximos para la instrucción de los delitos, pues, en caso contrario, será imposible llevar a la práctica la reforma, por lo que CCOO denuncia que ésta se quedará solo en una simple cuestión de maquillaje que valdrá para lavar la cara de este Gobierno acosado, como está, por tantos casos de corrupción a lo largo de toda España.
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El gobierno aprueba el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (consejo de ministros del 5 de diciembre de 2012)


6 de dic. de 2014



En el texto, existen al menos varias cuestiones profundamente peligrosas que afectarán al Estado de Derecho y a las condiciones de trabajo del personal de la Administración de Justicia.

No es de recibo la fijación de unos plazos concretos de seis meses para la instrucción, en los que llama el gobierno procedimientos sencillos, mientras que para los llamados complejos por el ministro de Justicia,el plazo que fija el anteproyecto será de dieciocho meses.

Es como mínimo absolutamente tendencioso esta fijación de plazos, salvo lo que se pretenda es que muchos de los procedimientos en los que estén afectados, como en la actualidad, personas que han ocupado u ocupan puestos de responsabilidad política o en grandes grupos financieros, sean sobreseídos, por lo que las palabras del gobierno anunciando que  reforzarán con todas las medidas necesarias su lucha contra la corrupción, de la que es como mínimo cómplice, son de una tremenda hipocresía.

Porque la fijación de esos plazos tasados tan cortos va contra la correcta investigación de los hechos, puede poner en riesgo los resultados de las actuaciones judiciales, además de no tener en cuenta que la aceleración forzada para la finalización de la instrucción de los procedimientos, exige no solo un incremento de la plantilla de Jueces sino la del personal de la Administración de Justicia, porque esta aceleración va a comportar un incremento sustancial de la carga de trabajo en los Juzgados y Tribunales. Y advertimos al ministro de Justicia, que exigiremos un incremento sustancial de las plantillas si pretende llevar a cabo la aprobación de este anteproyecto.



2.- El gobierno también ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo.

Si bien, se rebajan ligeramente las retenciones de las rentas de trabajo de los millones de personas que perciben retribuciones inferiores a 30.000 euros, esta rebaja no alcanza ni de lejos los incrementos en el impuesto sobre la renta que el gobierno ha venido realizando en esta legislatura desde 2012, por lo que en términos absolutos, los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena con esos salarios, seguiremos pagando impuestos más altos que cuando comenzó esta legislatura.

Sin embargo, las rebajas fiscales para rentas más altas, la reforma rebaja los impuestos sobre la renta de forma muy considerable, por lo que sí se verán beneficiadas de largo sobre las rentas más bajas de los trabajadores/as, pues en esos casos, la rebaja fiscal es considerable.


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Jueces y fiscales piden acotar las impugnaciones durante la instrucción



Publicado en www.elpais.com



El ministro de justicia, Rafael Catalá, ha convocado para este viernes a las asociaciones de jueces para informarles de las líneas básicas del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé aprobar el Consejo de Ministros. A falta de que se conozcan los detalles del texto que ha preparado el Gobierno, jueces y fiscales discrepan sobre la limitación a seis o 18 meses de los plazos de instrucción. Las cuatro asociaciones consultadas coinciden en que el plazo de seis meses que plantea el Gobierno es prácticamente “imposible” de cumplir si no se acompaña de un incremento de medios materiales y humanos y de reformas procesales, entre ellas, acotar las opciones de recursos para impedir que las partes impugnen cada resolución judicial.
La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM)considera positiva la medida siempre y cuando se acompañe de un cambio en el sistema de recursos que impida que las partes impugnen cada resolución adoptada por el juez. La asociación Jueces para la Democracia comparte que, con el mecanismo actual de recursos, en la mayoría de los casos es “imposible” cumplir con el plazo de seis meses, pero este límite tampoco podrá cumplirse, asegura esta asociación, si el Gobierno no soluciona la falta de medios materiales y humanos que sufre los juzgados.
“La limitación del plazo de instrucción da a entender que los procedimientos se demoran por una actuación negligente del juez, al que se pretende poner límite. Cuando la realidad es que las causas se alargan porque no hay medios suficientes”, advierte Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, que agrupa a 558 jueces progresistas. Bosch teme que el Gobierno de Mariano Rajoy pretenda descargar en los jueces la culpa de la demora actual de las investigaciones judiciales a pesar de que en la mayoría de los casos se alargan porque se topan con obstáculos que, en la mayoría de los caos, tienen que ver con la falta de recursos. “En la investigación de un delito contra la libertad sexual, por ejemplo, puedes tardar un año en obtener un informe de ADN; una pericial caligráfica, puede demorarse ocho meses”, advierte Bosch.
Además de medios, los jueces progresistas piden que la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal incluya una reforma procesal que limite las opciones de recursos, que, actualmente son una de las causas habituales de retrasos en las investigaciones. “Lo importante no es que la ley establezca plazos, lo importante es que se puedan cumplir”, insiste Bosch. “No se puede hablar de dejadez. Si hay cientos de imputados por corrupción es porque hay cientos de jueces que los están investigando con falta de medios y muchas dificultades”, sostiene el portavoz de Jueces para la Democracia, que advierte, además, de que la imposición de plazos “imposibles” de cumplir puede llevar a que se produzcan archivos y “cierres en falso” de las causas penales.
Sobre esta posibilidad de que los jueces se vean obligados a sobreseer casos si no pueden terminar la investigación en el plazo marcado alerta también Pablo Llarena, portavoz y presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, que agrupa a alrededor de 1.400 jueces. Llarena considera que la limitación temporal de las investigaciones es una buena noticia tanto para los propios jueces como para los ciudadanos, pero coincide en que debe acompañarse de otras reformas que posibiliten cumplir con los plazos. La principal, un cambio en el sistema de recursos que, recuerda, ya estaba previsto tanto en el primer borrador de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal redactado en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como en el proyecto que preparó el Gobierno de Zapatero con Francisco Caamaño como ministro de Justicia.
Pero Llarena sí que cree que el sistema judicial está preparado para cumplir con ese límite de seis meses en los casos más habituales en los juzgados, como los delitos de tráfico de drogas, lesiones o tráfico. Si los plazos se alargan en exceso es en parte, según el portavoz de los jueces conservadores, porque no hay un límite que “apremie” a los instructores. Según Llarena, la imposición de plazos va a obligar no solo a los jueces, sino también a los fiscales, la policía y los peritos, a “agilizar” su forma de trabajar. “Cuando existe la obligación de cumplir con un plazo, la organización de la oficina se construye desde ese parámetro”, afirma el presidente de la APM, que demanda que en los primeros años de la aplicación de la ley haya “especial atención” a cómo se adapta la Administración de Justicia a esa limitación temporal de las investigaciones.
La conservadora Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales coinciden en que la imposición de plazos solo es viable si va acompañada de incremento de medios y de cambios en las normas procesales. “Es extraño que se impongan plazos antes de dotar de más medios a la justicia, como si las demoras fueran algo voluntario”, lamenta Álvaro García, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales. El artículo 324 de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, recuerda García, ya obliga a los secretarios judiciales a explicar por qué un sumario sigue abierto pasado el primer mes de instrucción, pero solo una minoría de casos se cierra en ese plazo.
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BOE 5.12.14 Resolución MUGEJU prórroga concierto sanitario 2105


5 de dic. de 2014



BOE de hoy en donde se ha publicado la  Resolución de 21 de noviembre de 2014, de la Mutualidad General Judicial, por la que se publica la prórroga para 2015 del concierto para la asistencia sanitaria de mutualistas y beneficiarios, y la relación de entidades de seguro que han suscrito la misma.

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Fecha de abono del ridículo 24,04% de la paga robada en diciembre de 2012. Ámbito no transferido




Según las informaciones que hemos podido conocer, sobre las fechas del abono de la ridícula cantidad del 24,04 % de la extra que nos robó el Gobierno en diciembre de 2012, que están manejando tanto el Ministerio de Justicia y del de Hacienda y AAPP, os informamos :

1.- Si finalmente la LPGE para 2015 es aprobada tal y como está redactado el proyecto, el Ministerio de Justicia abonará ese 24,04% (44 días devengados antes del 14 de julio de 2012, del total de los 183 que constituyen el devengo del 100% de dicha paga: 44/183 X 100 = 24,04%) en la nómina del mes de enero.

No existe ningún compromiso aún expreso del Ministerio de Justicia de que este abono se haga en enero, aunque es lo más probable, pero pudieran hacerlo en la nómina del mes de febrero de 2015, si no son capaces de hacerlo en enero.

2.- CCOO se ha dirigido al Ministerio de Justicia exigiéndole también que el abono de esta ridícula cantidad, debe hacerse de forma que no se obligue a decenas de miles de compañeros y compañeras a realizar declaraciones complementarias de la renta 2012. Eso sería inaceptable. 

Advertimos que no vamos a aceptar que el Gobierno, además de robarnos en 2012, de eliminar derechos conquistados en muchos años de lucha, de pretender pasar por una "buena" acción de Gobierno esta devolución miserable, nos obligue a realizar una declaración complementaria de la renta de 2012, por ser esa cantidad referida al año 2012.

3.- Respecto a los compañeros y compañeras que en el período 1 de junio a 30 de noviembre de 2012 prestaban servicios en la Administración de Justicia no transferida, y ahora, por cualquier circunstancia no prestan servicio en este ámbito ( por ejemplo personal interino, funcionario o laboral, que haya cesado o, personal funcionario de carrera o laborales fijos que hayan cambiado de ámbito territorial) el Ministerio de Justicia asegura lo siguiente:

A aquellos que cesaron, se jubilaron, etc. el Ministerio de Justicia lo abonará de oficio desde la Habilitación Central del Ministerio. 

Para aquellas personas que cambiaron de ámbito territorial, el Ministerio de Justicia actuará según el criterio de Hacienda, y de la siguiente manera: Los que se fueron a un ámbito transferido, el Ministerio remitirá un certificado desde la Habilitación Central a cada Comunidad Autónoma. 

Para aquellos que han hecho el camino inverso, es decir, se han trasladado desde una CCAA transferida a un ámbito dependiente del Ministerio de Justicia, será la Comunidad en cuestión quien deba expedir un certificado para abonar desde el Ministerio de Justicia (Habilitación Central).

CCOO, en cualquier caso, recomienda a todos aquellos compañeros y compañeras que estén en una de las situaciones explicada más arriba (cesados o trasladados fuera del ámbito del Ministerio de Justicia, pero que sí estuvieron entre junio y noviembre de 2012 destinados en el ámbito no transferido), remitan un escrito a la Habilitación Central del Ministerio de Justicia (calle San Bernardo 19. Madrid) o a la Subdirección General de Recursos Económicos de la Administración de Justicia (calle San Bernardo 21. Madrid), señalando la circunstancia de que en el período citado (1 de junio a 30 de noviembre de 2012) estaban destinados en el ámbito gestionado por el Ministerio de Justicia, señalando en el escrito los datos personales, destino y cuerpo, y teléfono de contacto y domicilio.

En cualquier caso, CCOO pone a disposición de aquellos compañeros/as que lo necesiten un modelo de solicitud del abono de la cantidad citada, y os aconsejamos se remita al Ministerio de Justicia antes de finalizar el mes de diciembre.

En el resto de los casos, en el que los trabajadores/as hubieran estado destinados en un ámbito transferido y hubieran cambiado de ámbito o cesado después de las fechas citadas del devengo de la paga extra de 2012, deben hacer lo mismo pero dirigiéndose a la Comunidad Autónoma en la que estuvieron destinados en ese período.

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Ausencia de cotizaciones a la Seguridad social: Reunión entre la secretaria de Estado de Justicia y el de Seguridad Social


3 de dic. de 2014



Ante la falta de constancia de muchas cotizaciones sociales en diversos períodos del personal laboral e interino de la Administración de Justicia, CCOO ha advertido que: o se resuelve de oficio esta situación o acudiremos a los Tribunales para defender a todos los compañeros y compañeras afectadas

CCOO HA EXIGIDO REITERADAMENTE QUE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DEBEN ADOPTAR LAS FÓRMULAS QUE  RESUELVAN, DE OFICIO, EL GRAVE PROBLEMA QUE SE HA CREADO AL PERSONAL INTERINO Y LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

Según la información de que disponemos, la reclamación de CCOO obtiene un primer paso: la semana pasada, por fin, se reunieron la secretaria de Estado de Justicia y el secretario de Estado de la Seguridad Social para abordar las graves irregularidades en las cotizaciones sociales del personal interino y laboral de la Administración de Justicia


Ni el personal laboral ni el personal funcionario interino son responsables de las graves irregularidades existentes en muchas de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social en varios períodos de su vida laboral. La única responsable es la Administración: el Ministerio de Justicia o el de Seguridad Social o ambos.

Por eso, esas graves irregularidades, denunciadas por CCOO, deben solucionarse de oficio (solución general para todas las personas afectadas desde la propia Administración, sin necesidad de reclamación individual)

Que por fin, altos responsables del Ministerio de Justicia y el de Empleo y Seguridad Social se hayan reunido para adoptar una solución, es un primer paso, aunque entendemos desde CCOO, que no es suficiente. Deben continuar estas reuniones hasta alcanzar una solución que repare de oficio el problema generado.

CCOO ha exigido al ministro de Justicia que en las reuniones entre ambos Ministerios debe acordarse:

  • La adopción de un acuerdo para quede oficio, se haga constar en los certificados de bases de cotización de todos estos trabajadores/as, la efectividad de las mismasdejando sin efecto el vacío de cotización que se les imputa (y certifica de forma imperdonable) a pesar de que trabajaron y cotizaron de forma efectiva en la Administración de Justicia en esos períodos, tal y como consta en sus nóminas.
  • La corrección, igualmente, de todos los casos de aquellos trabajadores/as, personal laboral, que pasaron de trabajar a tiempo parcial (media jornada) a jornada completa (por acuerdo de la Subcomisión delegada de la Administración de Justicia, refrendado por la CIVEA y la CECIR), que en vez de constar en la certificación de cotizaciones de Seguridad Social, cotizaciones a jornada completa, consta tan solo cotización a media jornada.
  • La apertura de un nuevo plazo para aquellos trabajadores/as interinos que prestaron servicio en la Administración de Justicia entre el mes de junio de 1978 y antes del 31 de julio de 1990, y que no pudieron regularizar sus cuotas. Esta cuestión es de máxima importancia también, pues de no abrirse un nuevo plazo, muchos compañeros y compañeras tendrán reducciones muy sensibles en las prestaciones de jubilación.

En esta reunión al máximo nivel entre Justicia y Seguridad Social que ha tenido lugar la semana pasada,  según las informaciones de que disponemos, parece de más fácil solución los vacíos en las cotizaciones posteriores a 1995 y hasta 2004, al haber sido la propia Gerencia de informática de la Seguridad Social la que gestionaba el programa informático de las cotizaciones del personal de la Administración de Justicia.  También pueden tener  fácil solución las cotizaciones posteriores a 2004, gestionadas ya directamente por el Ministerio de Justicia.

Pero, al parecer, existen mayores problemas con las cotizaciones anteriores a 1995, período en el que la gestión de las cuotas estaba desperdigada en muchos órganos administrativos (Gerencias, Audiencias…)


Respecto a la apertura de un nuevo plazo para la regulación de las cotizaciones anteriores a julio de 1990, no existe posición favorable del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a hacerlo, por lo que CCOO continuará con esta batalla, siendo conscientes de que va a ser muy dura.
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El Ministerio de Justicia cesa al Director de departamento de Barcelona del INT y CF tras las denuncias presentadas por CCOO



  • CCOO HABÍA ADVERTIDO HACE SEMANAS AL MINISTERIO DE JUSTICIA QUE SI NO CESABA AL DIRECTOR DEMOSTRARÍA COMPLICIDAD, POR LO QUE LLEVARÍAMOS HASTA EL FINAL NUESTRAS DENUNCIAS CONTRA SUS GRAVÍSIMAS ACTUACIONES
  • EL CESE DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE BARCELONA DEL INT Y CF DEMUESTRA QUE SOLO LA PRESIÓN Y LA FIRMEZA LOGRAN DETENER LAS AGRESIONES CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES/AS

Ayer por fin, tras meses y meses de retrasos inexplicables por parte de los responsables del Ministerio de Justicia, ha sido cesado el director del departamento de Barcelona del INT y CF.

Para CCOO, la actuación que ha venido desarrollando esta persona constituía una agresión intolerable contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras del INT y CF de Barcelona y no podía pasar ni un minuto más sin que fuera cesada.

Responsables del Ministerio de Justicia han tardado demasiado tiempo en tomar esta decisión, que CCOO les había exigido, advirtiéndoles que, en caso de no adoptarla en breve, llevaríamos este asunto hasta sus últimas consecuencias.

CCOO había exigido al director general y al ministro de Justicia que si no se producía el cese, exigiríamos también responsabilidades, por complicidad, a los que desde el Ministerio de Justicia eran incapaces de adoptar una decisión que era imprescindible para que los derechos del personal de la Administración de Justicia destinado en el INT y CF de Barcelona fueran respetados y para que la situación en dicho centro recuperara la normalidad y se acabara con el caciquismo.

Ahora se abre una nueva etapa en dicho centro, pero CCOO considera que los daños que se han causado deben repararse de inmediato, y lo primero que debe hacer el director general del Ministerio de Justicia es entregar el informe psicosocial a los delegados de prevención, informe realizado ya hace meses y que sigue oculto en el Ministerio, porque de lo expuesto en dicho informe, de sus conclusiones y de las medidas que se propongan para corregir los daños causados, está afectada la salud de los trabajadores y trabajadoras del centro del INT y CF de Barcelona.

En el caso de que antes del fin de esta semana, no se nos entregue dicho informe, CCOO presentará denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, entre otras actuaciones.

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