CONSEJO DE MINISTROS: 7 DE JULIO DE 2020
PARA CCOO, EL MINISTRO DE JUSTICIA HA VUELTO A VULNERAR EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA: DENUNCIAMOS QUE EL PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, QUE HA APROBADO EL CONSEJO DE MINISTROS, SE HA HECHO SIN CONTAR CON EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SIN INFORMAR NI SIQUIERA A LOS REPRESENTANTES DEL PERSONAL DE SU CONTENIDO FINAL
Un plan de actuación que CCOO rechaza por ser absolutamente insuficiente, ineficaz, y hacerse a costa de incrementar las cargas de trabajo del personal, sin ninguna garantía de condiciones de trabajo y retribuciones justas
En la única reunión que el Ministerio de Justicia mantuvo con los sindicatos representativos en la que había un texto sobre el que discutir, remitido con tan solo 16 horas de antelación, los portavoces del Ministerio de Justicia se limitaron a oír las propuestas que les hicimos llegar, sin contestar a ninguna
CCOO estudia todas las acciones legales contra este plan
La nueva actuación del Ministro de Justicia es una nueva demostración de su nula disposición a negociar con los representantes del personal de la Administración de Justicia todas las cuestiones que afectan de lleno a sus condiciones de trabajo
Ayer, 7 de julio, el Ministro de Justicia aprobó un plan de actuación que ni responde a las necesidades de la Administración de Justicia, ni incluye a todas las jurisdicciones y centros de trabajo afectados por un importante retraso y acumulación de asuntos
Por estas cuestiones, entre otras, CCOO rechaza este plan:
a) Porque no comprende todas las jurisdicciones, fiscalías, registros civiles y servicios en los que el atraso es igual de importante y preocupante
b) Porque no se acepta que el plan tenga una jornada máxima de 40 horas semanales, y que las retribuciones sean iguales, para todo el personal de Justicia, a las fijadas para los LAJ
c) Porque rechazamos que sea un plan por objetivos, que lo convierte en una sobreexplotación de las personas que se acojan al mismo
d) Porque debe ser estrictamente voluntario y no impuesto por jueces y letrados
e) Porque el ministerio de justicia se opone a crear 600 equipos de refuerzo compuestos por 1 LAJ, 2 GTA, 4 TPA y 1 AJ para los órganos jurisdiccionales y 1 LAJ, 1 GTA, 1 TPA y 1 AJ para el resto de oficinas, y a reforzar las plazas de M. Forenses, Cuerpos Especiales del INT ni Personal Laboral, como medida imprescindible para lograr que la administración de justicia se recupere de una vez del retraso
f) Porque no se acepta que los refuerzos externos sean cubiertos mediante sustituciones verticales, cobrando el 100 % de la retribución total del cuerpo que se sustituye y por comisiones de servicio, otorgadas de forma objetiva con relevación de funciones
CCOO PRESENTÓ EL MISMO DÍA 30 DE JUNIO A PRIMERA HORA, A PESAR DE HABER RECIBIDO LA PROPUESTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SOLO UNAS HORAS ANTES, UNA PROPUESTA CON DECENAS DE MEDIDAS CONCRETAS QUE SÍ SOLUCIONARÍAN EL PROBLEMA ENDÉMICO DE RETRASOS Y ATASCOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PROPUESTA QUE REMITIMOS POR ESCRITO Y PRESENTAMOS ORALMENTE EN LA REUNIÓN CELEBRADA ESE MISMO DÍA 30 DE JUNIO. ADJUNTAMOS DICHA PROPUESTA:
Además, ni siquiera el Ministerio de Justicia ha remitido a las organizaciones sindicales el texto que ha aprobado el Consejo de Ministros, pues el único texto que se nos remitió la noche del 29 de junio, para una reunión que se convocó por el Ministerio con los sindicatos representativos para la mañana del día siguiente, 30 de junio a las 13 horas (con solo 16 horas de antelación), es el que adjuntamos en este enlace: Propuesta del Ministerio de Justicia
Ayer el Consejo de Ministros aprobó el "ACUERDO por el que se aprueba el plan de actuación de la disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19."
El texto publicado por el Ministerio de Justicia en la página del consejo de ministros, que además también se ha publicado en la web del Ministerio de Justicia, es el siguiente, que, como se puede ver, no recoge ningún plan concreto ni las medidas que se van a adoptar, lo que es además, y de nuevo, una falta de transparencia por parte del Ministerio de Justicia
PLAN DE CHOQUE PARA HACER FRENTE A LA LITIGIOSIDAD POSTCOVID-19 Y UNA REFORMA RADICAL EN MATERIA DE DISCAPACIDAD
El Gobierno ha aprobado el plan de choque para aliviar la acumulación de litigios derivada de la crisis sanitaria. Con una dotación económica de más de 50 millones de euros, su objetivo es recuperar la normalidad en los órganos judiciales y aportar mecanismos, recursos y soluciones a las necesidades inmediatas de la Justicia
Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Campo ha detallado las medidas contenidas en el plan que se desplegará a lo largo de dos fases en los órdenes de lo social, mercantil y contencioso-administrativo y que afectará a un total de 315 juzgados
En la primera fase, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020, la intervención tendrá lugar en los juzgados con mayor carga de trabajo. En la segunda fase, que se iniciará el 1 de enero de 2021, se dispondrá de información más completa respecto al volumen de demandas presentadas y su tiempo de resolución, lo que permitirá definir la extensión de las medidas a aplicar para su desarrollo posterior
Se aplicarán medidas de autorrefuerzo en los partidos judiciales con un volumen de trabajo superior al 130% del módulo de entrada determinado por el Consejo General del Poder Judicial. La participación del personal de los juzgados en estos programas de actuación por objetivos se reconocerá con una retribución extraordinaria
Además, se desplegarán refuerzos externos en los órganos judiciales que asumirán un volumen de trabajo superior al doble del módulo de entrada fijado por el CGPJ, así como para aquellos otros que, sin superarlo, presenten cifras de causas pendientes elevadas
Por último, se contemplan medidas estructurales como es la creación de 21 nuevos órganos judiciales para absorber y minimizar el impacto del incremento de procedimientos
En su intervención Campo ha advertido de que se trata de un plan de actuaciones por objetivos sobre las que habrá un seguimiento constante y que permitirá la posibilidad de cambiar y acelerar respuestas a los distintos escenarios que puedan darse en los juzgados en esta etapa postcovid
Reforma procesal y civil en materia de discapacidad
Sobre la reforma procesal y civil en materia de discapacidad a la que ha dado luz verde el Gobierno, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado que se está actuando de manera contundente para conseguir que la toma de decisiones de las personas con discapacidad sea fruto de su voluntad y preferencias, y no sean sustituidas en la toma de decisiones de lo que les afecta. "Es una norma que implanta un cambio de paradigma", ha apostillado
La reforma evitará que, como ocurría hasta ahora, un altísimo porcentaje de las denuncias o avisos recibidos por la fiscalía terminasen en la incapacitación de miles de personas, "lo que implica la muerte civil de las mismas", ha señalado Campo. Esta Ley provee de un apoyo adaptado a cada una de las circunstancias, según el titular de Justicia
Inspirada en el artículo 10 de la Constitución, responde con rotundidad al respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos fundamentales y en el respeto a la libre voluntad de la persona con discapacidad
Supone un cambio importante de terminología, relegando los términos de "incapacidad" e "incapacitación" por otros más precisos y respetuosos, en línea con la reiterada posición ministerial de la importancia que tiene el lenguaje en el ámbito jurídico
El núcleo principal del proyecto es la regulación de las medidas de apoyo que precisen las personas mayores de edad o emancipadas, para que puedan desarrollar plenamente su personalidad y desenvolverse jurídicamente en condiciones de igualdad. Deben ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad y atender a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que requiera la medida
En definitiva, la nueva ley persigue que las personas con capacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en el futuro de una forma mucho más autónoma y con menos tutelaje
