CCOO defiende que el Registro civil se mantenga como servicio público gratuito, cercano a los ciudadanos


14 nov. 2016




Publicado en www.confilegal.com 


Publicamos el artículo de CCOO, redactado y firmado por nuestro compañero de CCOO de Aragón, Ricardo, en el que se contesta a las declaraciones del Decano del Colegio de Registradores, y, además, volvemos a apostar, como venimos defendiendo desde hace años, por un Registro Civil, público y gratuito y servido por el personal al servicio de la Administración de Justicia.

La lucha por mantener el Registro Civil como servicio público, y dentro del ámbito de la Administración de Justicia, vuelve a ser una de nuestras más importantes reivindicaciones, y vamos a defenderlo con todas nuestras fuerzas y con la lucha que sea necesaria, igual que hemos hecho hasta el momento.


CCOO defiende que el Registro civil se mantenga como servicio público gratuito, cercano a los ciudadanos, adscrito a la Administración de Justicia y servido íntegramente por funcionarios públicos pertenecientes a dicha Administración

CCOO defiende que el Registro civil se mantenga como servicio público gratuito, cercano a los ciudadanos

Ricardo Bueno Castel  14 noviembre, 2016

Tras la constitución del nuevo Gobierno y la confirmación del nombramiento de Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia, muchos son los operadores jurídicos que estos días celebran jornadas o publican artículos haciendo saber al Ministro cuales son, a su juicio, las urgencias en esta legislatura que comienza.

Sin duda, una de estas materias que precisa de solución urgente es el Registro civil. La Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, debería entrar en vigor el 30 de junio de 2017, tras la prórroga por dos veces de su vacatio legis, y sigue sin estar definida a qué Administración deben quedar adscritas funcionalmente las futuras Oficinas de Registro Civil.

La legislatura pasada se caracterizó en esta materia por el intento de atribuir la llevanza del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, privatizando con ello un servicio público hoy prestado por la Administración de Justicia. El proyecto decayó y el Ministro de Justicia prometió abrir un diálogo con todos los operadores jurídicos para buscar una solución consensuada, diálogo que más de un año después todavía no ha comenzado.

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