CCOO exige al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos en la Administración del Estado

CCOO exige al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos en la Administración del Estado

Recuerda que los compromisos firmados acumulan, como mínimo, más de un año de retraso en su ejecución, y que está en riesgo la prestación de servicios públicos como la tramitación de los ERTE, la gestión del Ingreso Mínimo Vital, la investigación biomédica y los servicios médicos de Sanidad Exterior, entre otros

Mas de dos centenares de delegadas y delegados de CCOO se han concentrado esta mañana ante la Dirección General de la Función Pública para denunciar, entre otros, los retrasos acumulados en la ejecución de las ofertas de empleo público y de estabilización, la negociación del III Plan de Igualdad, el desarrollo del Estatuto Básico y los recortes salariales por la no aplicación del IV Convenio Único desde hace más de un año y medio

“El Gobierno no puede pretender que los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos se garanticen con casi un 20 % menos de personal público que hace diez años”, sentencia José Manuel Vera, secretario general de FSC-CCOO en la Administración General del Estado. “Es fundamental desarrollar con celeridad las convocatorias de empleo público, que suponen una recuperación inicial de parte de los más de 43.000 efectivos perdidos en estos últimos diez años, y que resultan imprescindibles para cubrir las deficiencias que venimos denunciando en servicios públicos en el SEPE, la Seguridad Social, Organismos Públicos de Investigación o Sanidad Exterior”

CCOO recuerda que está pendiente la negociación del III Plan de Igualdad, “el anterior es de 2015 y, en su mayor parte, no se ha desarrollado”, y espera que las buenas palabras de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, se concreten también en la aplicación del Protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo

El sindicato lamenta que el Gobierno se posicione en la senda de los recortes. “El IV Convenio Único se firmó en marzo de 2019, llevamos más de un año esperando la aplicación de sus tablas retributivas y los atrasos correspondientes desde enero de ese año”, insiste Vera, quien condena que se frene esta recuperación parcial del 14 % de pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2008. “Otros elementos esenciales, como el encuadramiento, la jubilación anticipada parcial y el concurso abierto y permanente, también están pendientes”

CCOO recuerda que estos no son los únicos compromisos que aún no se han puesto en marcha. “La Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, con el desarrollo de la carrera profesional, no ha avanzado desde 2007, cuando se publicó el Estatuto Básico del Empleado Público”. La distribución de los fondos adicionales, el diagnóstico del empleo público y la mejora de los procesos de promoción interna, o la regulación del teletrabajo, son otros acuerdos que siguen sin cumplirse, por lo que el sindicato exige celeridad en su negociación y aplicación

“Además, el Gobierno tiene que reconducir de manera inmediata esta política de privatización de la gestión de servicios públicos, que pone en grave riesgo la garantía de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos con criterios de objetividad, igualdad, transparencia y sujeción al interés general”, sentencia Vera. “Resulta evidente que hay que revertir a lo público los servicios privatizados, que han demostrado suponer un mayor coste y una menor salvaguardia de los derechos”

El sindicato ha anunciado esta misma semana la convocatoria de huelga en los museos estatales y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para los domingos 19 y 26 de julio. “La demora en el encuadramiento, derivado del IV Convenio Único, supone una pérdida de derechos para el personal laboral de estos centros de trabajo. Es imprescindible cerrar cuanto antes este elemento, y recuperar el compromiso de abono inmediato de las tablas retributivas y sus atrasos”, concluye Vera

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Siguen los contactos de CCOO con los partidos políticos sobre el Registro Civil: reunión con Izquierda Unida

Reunión del Sector de Justicia de CCOO con Izquierda Unida:

CCOO CONTINÚA RECABANDO APOYOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA UNA MODIFICACIÓN DE LA LEY 20/2011 QUE GARANTICE QUE EL REGISTRO CIVIL SIGA SIENDO GESTIONADO POR EL PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y CON OFICINAS ABIERTAS EN TODAS LAS LOCALIDADES

Siguiendo con la ronda de contactos con los partidos políticos del Congreso, desde CCOO hemos trasladado a IU nuestras propuestas en materia del Registro Civil y, además, hemos aprovechado para darle traslado de otras problemáticas como la falta de democracia interna en la MUGEJU y las discriminatorias retribuciones del personal del ámbito no transferido

El Sector de Justicia de CCOO ha mantenido una reunión en el Congreso con el diputado Enrique Santiago, responsable de justicia de IU y, hasta la disolución de las Cortes, Vicepresidente de la Comisión de Justicia designado por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos.

En la medida en que se va aproximando la expiración de la prórroga de la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil prevista para el 30 de junio de 2020, CCOO está intensificando las acciones para conseguir el objetivo de mantener este servicio público en la Administración de Justicia y con oficinas principales en todas las cabeceras de partidos judiciales y oficinas delegadas en todos los juzgados de paz.

IU nos ha traslado su total respaldo a estas propuestas compartiendo con CCOO la contradicción que supondría la defensa de la “España vaciada” y el cierre de servicios públicos, como este del Registro Civil, precisamente en los pequeños y medianos municipios con el consiguiente perjuicio a la población de estas localidades.

Entre otras materias tratadas en la reunión, resaltamos que CCOO ha facilitado información exhaustiva de la inaceptable situación de la MUGEJU en la que, además de blindar los puestos de trabajo de este organismo para impedir el acceso del personal titular a los mismos, el Ministerio de Justicia ha establecido un sistema de participación de los y las mutualistas absolutamente antidemocrático y discriminatorio hacia los cuerpos generales en favor de los de superior titulación y, lo que es más grave, favoreciendo los intereses de las entidades médicas frente a los del colectivo de mutualistas.

El representante de IU mostró su indignación y preocupación por este asunto y se comprometió a denunciar, junto a su grupo político, tanto éste como cualquier otro comportamiento que mantenga privilegios injustificados hacia las altas instancias del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal.

Por último, CCOO no ha dejado pasar la oportunidad de solicitar el apoyo de Izquierda Unida y del conjunto de Unidas Podemos y sus confluencias al personal de justicia del ámbito no transferido en su lucha para conseguir unas retribuciones dignas y equiparables a las que en el complemento específico se perciben en las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.

En las últimas semanas, además de esta reunión, hemos mantenido otras con PSOE, PP y Ciudadanos de las que hemos venido informando. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia en funciones sigue negándose a negociar ninguna mejora en nuestras condiciones de trabajo, siguen incumpliendo sus propios acuerdos como por ejemplo la conversión en plantilla de las plazas de refuerzo de más de tres años y sigue negándose a una simple reunión para tratar el tema del Registro Civil, a pesar de las reiteradas insistencias de CCOO en este sentido.

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CCOO sigue manteniendo reuniones con los partidos políticos para lograr la reforma de la Ley 20/2011 de Registro Civil y asegurar su mantenimiento en la Administración de Justicia

• CCOO sigue manteniendo reuniones con todos los grupos políticos con el fin de lograr la reforma de la Ley 20/2011 del Registro Civil antes del vencimiento de la vacatio legis (30 de junio de 2020) y garantizar su mantenimiento en la Administración de Justicia y con todos los centros y puestos de trabajo existentes, entre otras reclamaciones

El Partido Popular se compromete a promover la modificación de la Ley 20/2011, de Registro Civil, que permita mantenerlo dentro de la Administración de Justicia, con las mismas Oficinas principales que hasta la fecha, y a establecer las competencias que deben tener los Juzgados de Paz

CCOO mantuvo en el pasado lunes, 30 de septiembre, una reunión con las portavoces de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la necesidad de modificación de la Ley 20/2011, de Registro Civil , enmarcada dentro de la solicitud enviada por CCOO a todos los Grupos Parlamentarios para que insten, o en su caso apoyen, una modificación de la Ley 20/2011 que garantice que el Registro Civil siga siendo un servicio público, gratuito, cercano a los ciudadanos, con los LAJ como Encargados de los Registros Civiles, servido íntegramente por personal de la Administración de Justicia y con las mismas oficinas principales y delegadas que en la actualidad, ante su programada entrada en vigor el 30 de junio de 2020.

En dicha reunión María Jesús Moro, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Justicia en el Congreso, manifestó la intención de su Grupo parlamentario de modificar la Ley 20/2011, a fin de que el Registro Civil permanezca servido por personal de la Administración de Justicia, con los LAJ como Encargados de las Oficinas de Registro Civil, que estarían ubicadas en los mismos sitios que en la actualidad y con el mantenimiento de competencias en materia de Registro Civil en los Juzgados de Paz. Al efecto, puso de manifiesto que el Grupo Parlamentario Popular presentó una Proposición de Ley en el mes de septiembre (que ha decaído tras la disolución de las Cortes), que es idéntica a la rechazada en febrero de 2017 por motivos totalmente ajenos al texto de dicha proposición y que recoge dichas cuestiones.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular manifestó que es intención de su partido volver a presentar dicha proposición tan pronto se constituyan las nuevas Cortes Generales, gobierne o no su partido, ya que no habrá tiempo material para tramitar una reforma de la Ley 20/2011 como Proyecto de Ley (es decir, por iniciativa del futuro Consejo de Ministros).

CCOO agradeció el gesto de presentar la Proposición de Ley, que recoge la mayoría de nuestras reivindicaciones, si bien reclamó mejoras en el texto que recojan las competencias delegadas que han de tener los Juzgados de Paz así como una mayor atribución de competencias a aquellas comunidades autónomas que las tienen en materia de personales y materiales de la Administración de Justicia, pero no competencias ejecutivas en materia de Registro Civil en sus Estatutos de Autonomía.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular se comprometió a estudiar el documento preparado por CCOO y a mejorar el texto (un extenso informe con numerosas propuestas que se puede leer en: Informe de CCOO para la modificación de la Ley 20/2011 de Registro Civil), bien sea en el momento de su presentación bien por vías de enmiendas al mismo.

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Registro Civil: CCOO se reúne con PSOE y Ciudadanos en el Congreso

• Reuniones de CCOO con los grupos políticos sobre el Registro Civil.

POR PRIMERA VEZ EL PSOE COMUNICA A CCOO SU POSTURA FAVORABLE A QUE EL PERSONAL DE LOS REGISTROS CIVILES CONTINÚE SIENDO EL DE LOS CUERPOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Ciudadanos, por su parte, nos manifiesta que comparte la totalidad de nuestras propuestas

CCOO hemos mantenido en el día de ayer sendas reuniones con los portavoces de Justicia del Grupo Socialista y de Ciudadanos en el Congreso sobre la necesidad de modificación de la Ley 20/2011, de Registro Civil, enmarcadas dentro de la solicitud enviada por CCOO a todos los Grupos Parlamentarios para que insten, o en su caso apoyen, una modificación de la Ley 20/2011 que garantice que el Registro Civil siga siendo un servicio público, gratuito, cercano a los ciudadanos, con los LAJ como Encargados de los Registros Civiles, servido íntegramente por personal de la Administración de Justicia y con mantenimiento de las oficinas principales y delegadas actuales, ante su programada entrada en vigor el 30 de junio de 2020.

A la reunión con el PSOE han asistido Juan Carlos Campo, portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Congreso, y Beatriz Corredor, Presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso. Dichos responsables han manifestado que nunca ha sido intención del PSOE sacar el Registro Civil fuera de la Administración de Justicia, que su intención siempre ha sido que los Encargados de los Registros Civiles fueran los LAJ y que su personal fuera personal de los Cuerpos de la Administración de Justicia, estando de acuerdo en la posibilidad de modificar la Ley 20/2011 para clarificar dichos extremos.

En cuanto a la demarcación de las Oficinas de Registro Civil, los responsables del PSOE siguen defendiendo el modelo establecido en la Ley 20/2011, que implica la concentración de las Oficinas de Registro Civil en unas pocas localidades y la desaparición de las funciones registrales de los Juzgados de Paz, sobre lo que CCOO discrepa profundamente, si bien entienden que debe haber un largo periodo transitorio que dependerá de la implementación de la nueva aplicación de Registro Civil, y que debe incluirse en la Ley 20/2011 una disposición que recoja todo el tránsito hasta el modelo de oficina de Registro Civil que ellos defienden y que asumen que durará bastantes años.

Entienden que sería un fracaso en la implantación de la Ley que la ciudadanía que hoy no se tiene que desplazar para recibir el servicio del Registro Civil lo tuvieran que hacer en el futuro, y que será la progresiva aplicación de las nuevas tecnologías en el Registro Civil la que en el tiempo podrá llevar a la modificación de la demarcación actual. Más allá de discrepancias sobre cuestiones concretas, existe el compromiso por parte de dichos responsables del Grupo Socialista en el Congreso en trabajar conjuntamente con CCOO sobre un texto que modifique la Ley 20/2011 en los términos citados y permita su entrada en vigor el 30 de junio de 2020.

En la reunión con Ciudadanos, cuya representación estaba encabezada por el diputado Edmundo Bal, portavoz de este grupo en la Comisión de Justicia del Congreso, se nos manifestó su total coincidencia con las posiciones que CCOO le hemos planteado para que el nuevo registro civil único e informatizado y con un folio personal único que sustituya al actual sistema de secciones de nacimientos, matrimonios y defunciones, sea desempeñado en exclusiva por personal de la Administración de Justicia, con los y las Letrados/as como encargados y manteniendo tanto las oficinas principales en los partidos judiciales como las oficinas delegadas de los Juzgados de Paz.

Se han comprometido con CCOO en estudiar la fórmula para conseguir que la ley 20/2011 sea modificada en este sentido antes de su entrada en vigor.

En este enlace puedes ver las propuestas de CCOO para la modificación de la Ley del Registro Civil

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CCOO solicita al Defensor del Pueblo medidas contra la vulneración de la igualdad en los expedientes de nacionalidad

 

CCOO denuncia ante el Defensor del Pueblo que, dos años después de la pérdida de competencias de los Registros Civiles para recibir las solicitudes de nacionalidad, existe una vulneración del derecho a la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos públicos   Subsisten agravados los problemas para la resolución de los expedientes de nacionalidad tramitados conforme el procedimiento antiguo   CCOO denuncia que el Ministerio de Justicia está fomentando la privatización del nuevo procedimiento al dar preferencia a las solicitudes electrónicas presentadas a través de abogados y gestorías

 

CCOO ha dirigido una carta al Defensor del Pueblo en la que denuncia que, tras dos años desde la retirada de la competencia de los Registros Civiles para informar, revisar y recibir las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia que se tramitan conforme el procedimiento establecido en el Real Decreto 1004/2015, sin que ninguna otra oficina pública realice las funciones que venían desarrollando los Registros Civiles, se están vulnerando derechos administrativos de los ciudadanos extranjeros para acceder a la nacionalidad española establecidos en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, y en concreto el derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes imponen a sus solicitudes; a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y el de asistencia a los interesados que carecen de medios electrónicos para presentar por sí mismos sus solicitudes. Todo ello supone, a juicio de CCOO, una vulneración del derecho a la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos públicos

Ante la pérdida de competencia de los Registros Civiles para informar, recibir y revisar las solicitudes de nacionalidad a partir del 30 de junio de 2017, CCOO interpuso una queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo, por entender que ello supondría la vulneración de numerosos derechos administrativos de los ciudadanos extranjeros, al no existir ningún órgano administrativo que sustituyera a los Registros Civiles como oficinas de referencia para la tramitación de las solicitudes de nacionalidad. Dos años después, y tras diversas actuaciones del Ministerio de Justicia a requerimiento del Defensor del Pueblo, CCOO denuncia ante éste que subsisten agravados los problemas en materia de adquisición de la nacionalidad española por residencia:

1.- Los ciudadanos extranjeros no tienen un organismo cercano, como son los Registros Civiles, en donde informarse sobre los requisitos para la adquisición de la nacionalidad española, documentación a presentar y trámites a realizar. Sólo tienen la opción de informarse a través de la página web del Ministerio de Justicia o contratar los servicios de un profesional (abogado, gestor administrativo) que les asesore al respecto

2.- Los ciudadanos extranjeros no tienen un organismo ante el que cerciorarse de que la documentación que acompañan a su solicitud de nacionalidad española es la correcta y adecuada, ni para que se digitalice y tramite de forma electrónica su solicitud

CCOO denuncia que ante la dificultad del trámite administrativo (conocimiento de requisitos, documentación a presentar) se ha fomentado con esta medida que los ciudadanos extranjeros contraten los servicios profesionales de abogados y gestores administrativos para su presentación por vía electrónica. Dado que muchos ciudadanos extranjeros no pueden abordar el coste de la contratación de dichos servicios profesionales se está produciendo, a juicio de CCOO, vulneración del derecho a la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos públicos

CCOO, asimismo, pone de manifiesto que el Ministerio de Justicia está tramitando y resolviendo las solicitudes presentadas en formato electrónico mediante un plan de incentivos para personal del Ministerio de Justicia para la calificación de expedientes de nacionalidad fuera de horas de trabajo, mientras que las solicitudes presentadas en formato papel desde el año 2016 están sin digitalizar, metadatar y por tanto pendientes de la incoación del expediente electrónico que permita iniciar su tramitación. Como la inmensa mayoría de solicitudes electrónicas han sido presentadas por medio de profesionales previo pago de sus honorarios, el Ministerio de Justicia está fomentando el uso de esta vía frente a la de los ciudadanos extranjeros que no quieren o no pueden satisfacer sus honorarios y optan por la vía del papel

Respecto a los llamados “procedimientos antiguos”, es decir, las solicitudes presentadas antes del 15 de octubre de 2015, CCOO denuncia que siguen siendo miles las solicitudes pendientes de resolver, con numerosos problemas añadidos:

• Retraso de años en la resolución de los expedientes para los que se ha requerido que aporten documentación adicional
• Requerimientos de documentación adicional en muchos casos redundantes
• Elevado número de recursos de reposición interpuestos contra las denegaciones de nacionalidad
• Contratación de personal ajeno al Ministerio de Justicia (personas recién licenciadas en Derecho) para la resolución de las resoluciones de dichos recursos, tras un mínimo curso de formación
• Única opción de acudir a la vía contenciosa para agilizar la resolución de estos expedientes 

CCOO solicita al Defensor del Pueblo la continuación de la actuación abierta tras nuestra queja y que inste al Ministerio de Justicia para que realice las actuaciones oportunas a fin de evitar la vulneración de los derechos administrativos de los ciudadanos extranjeros que quieran adquirir la nacionalidad española en todo lo relativo a la información sobre los trámites, revisión de su documentación, consulta de dudas y presentación de su solicitud; en definitiva, de su derecho a acceder a la  nacionalidad española en igualdad de condiciones, sin discriminación alguna por lugar de residencia, acceso a nuevas tecnologías o recursos económicos de que puedan disponer. Para CCOO la solución a estos problemas pasa por que los Registros Civiles recuperen la competencia para recibir las solicitudes, como hasta el 30 de junio de 2017; por que los Registros Civiles puedan digitalizar y metadatar las solicitudes que se presenten ante ellos; e incluso que los Registros Civiles puedan ser los competentes para la instrucción de las solicitudes

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Nueva encomienda de gestión de expedientes de nacionalidad a los Registradores de la Propiedad

• Nuevamente, el Ministerio de Justicia paga a los registradores por tramitar los expedientes de nacionalidad por residencia

• CCOO continuaremos la lucha por la recuperación de la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia para el Registro Civil, tal y como defendemos en nuestra propuesta de reforma de la Ley 20/2011 y normas concordantes.

En el BOE de 4 de junio se ha publicado Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia del período 2016-2019.

El coste de este "servicio" se fija en 1.677.732€.

"1. Proceder a la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia hasta la puesta a disposición del Ministerio de Justicia, para la elevación del preceptivo informe-propuesta de resolución, de todos los expedientes de nacionalidad por residencia de procedimiento antiguo que, debidamente digitalizados e incorporados por el Ministerio de Justicia al aplicativo informático facilitado por el Colegio de Registradores, hayan sido recibidos en la DGRN desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de junio de 2019 y que se estima que aproximadamente alcanzarán un número total de 56.000. Se incluyen igualmente como parte de esta encomienda, los 6.915 expedientes que tuvieron entrada en el año 2015 y que no se contemplaron en las encomiendas suscritas el 3 de agosto de 2016 y el 20 de septiembre de 2017, referidas en el expositivo primero."

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El gobierno sigue favoreciendo intereses privados en los Registros Civiles

• Acuerdo del Ministerio de Justicia y el colegio de abogados de Madrid (ICAM) para la expedición de certificados en el Registro Civil Central

CCOO DENUNCIA QUE EL MINISTERIO DE JUSTICIA CEDE EL SERVICIO PÚBLICO A INTERESES PRIVADOS Y DISCRIMINA A LOS Y LAS CIUDADANAS PARTICULARES QUE SERÁN PEOR ATENDIDOS QUE LOS ABOGADOS Y ABOGADAS

• Con el acuerdo firmado, las solicitudes de certificaciones efectuadas desde el ICAM al Registro Civil Central se expedirán al día siguiente de su solicitud, mientras que las que solicitan por el trámite ordinario de cita previa o por correo o internet se demoran varios meses.

• CCOO denuncia además que, en paralelo, el Ministerio de Justicia sigue su escalada para dejar en precario la plantilla del Registro Civil Central y justificar de esa forma su privatización encubierta

Desde el 16 de mayo los abogados y abogadas de la Comunidad de Madrid podrán solicitar a través del colegio las certificaciones de nacimiento, matrimonio y defunción del Registro Civil Central.

Deberán pagar por ello una tasa de 6,05 euros; el ICAM presentará las solicitudes y el Registro Civil las expedirá al día siguiente a razón de 30 certificaciones diarias.

CCOO denunciamos que el sistema es absolutamente perverso y favorece los intereses privados frente a los intereses de la ciudadanía, ya que a quienes necesiten obtener los certificados se les ofrecen varias opciones:

- Se podrá pedir cita previa por internet, citas que se están concediendo, como mínimo, para dos meses después de la solicitud.

- Se podrá solicitar la certificación por correo ordinario o en la web del Ministerio de Justicia para que, desde el Registro, se remita por correo al domicilio de la persona que lo solicita. Por este sistema se están recibiendo las certificaciones varios meses después de solicitarlas, en muchos casos hasta seis meses después o más.

- Se podrá efectuar la solicitud a través de una gestoría pagando la minuta correspondiente (las gestorías ya tienen un trato preferente frente a la ciudadanía en general desde hace varios meses).

- Y, ahora, se podrá solicitar la certificación a través de un despacho de abogados, que cobrará, además de los 6.05 euros que el ICAM cobra al abogado o abogada, la minuta correspondiente a la consulta y gestión del abogado o la abogada (con seguridad varias decenas o algún centenar de euros).

Es decir, quien pueda pagarse un despacho de abogados o una gestoría tendrá una atención más rápida que quien no tenga capacidad económica

Este servicio, por el que tanto el Colegio de Abogados de Madrid como los propios abogados y abogadas obtendrán beneficios económicos, será prestado de forma gratuita para ellos por personal funcionario del Registro Civil Central al que se obligará a expedir las 30 certificaciones diarias a que se ha comprometido el Ministerio de Justicia, lo que además provocará más atraso en la expedición de certificaciones a quienes las soliciten directamente, ya que la plantilla de este Registro Civil, que ya era insuficiente, ahora se verá mermada para la atención ordinaria a la ciudadanía al dedicarse parte de ella a atender las solicitudes del ICAM.

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Aplazada por el Ministerio de Justicia la reunión con CCOO sobre el Registro Civil

• CCOO seguimos trabajando en defensa del Registro Civil público, gratuito y gestionado por el personal de la Administración de Justicia

EL MINISTERIO DE JUSTICIA APLAZA SIN NUEVA FECHA LA REUNIÓN QUE TENÍA CONCERTADA CON CCOO PARA DAR UNA SALIDA DEFINITIVA AL FUTURO DE LOS REGISTROS CIVILES

CCOO habíamos solicitado esta reunión con el Secretario de Estado que el ministerio convocó para el día de ayer, 13 de febrero, y anuló a última hora justificándolo con la coincidencia con el debate de los PGE

Aunque hasta el 30 de junio de 2020 está en vigor la vacatio legis de la Ley 20/2011 del Registro Civil en CCOO seguimos llevando a cabo la acción sindical tendente a conseguir del Gobierno y todas las fuerzas políticas el apoyo a nuestras reivindicaciones que comparten el 100% del personal de justicia y la inmensa mayoría de la ciudadanía (como así lo manifestó con su firma en la ILP promovida por CCOO).

Nuestro objetivo con la reunión que habíamos solicitado al Ministerio de Justicia es promover la iniciativa legislativa del Gobierno para que proponga una modificación de esa Ley 20/2011 con el tiempo suficiente para haya un debate sereno en el Congreso de los Diputados y con contenidos que garanticen la permanencia del Registro Civil en el ámbito de la Administración de Justicia, el mantenimiento de todas las oficinas actuales y la recuperación de todas las actuaciones relativas al estado civil de las personas que fueron privatizadas por el anterior gobierno.

Las propuestas de CCOO se concretan principalmente en:

• El mantenimiento de oficinas principales de registro civil en cada partido judicial y oficinas delegadas en cada Juzgado de Paz que seguirán siendo atendidas en exclusiva por personal de la Administración de Justicia.

• Que los expedientes de nacionalidad se puedan presentar y digitalizar en los Registros Civiles.

• Que los expedientes de nacionalidad se instruyan en los Registros Civiles.

• Que la competencia para la tramitación de los expedientes previos de matrimonio sea exclusiva del Registro Civil.

• Que se incrementen las plantillas del personal del Registro Civil Central y cualquier otro en el que las cargas de trabajo así lo justifiquen.

• Que se mantengan las reglas de competencia territorial actuales para la práctica de asientos.

• Que se reconozca la facultad calificadora de determinados asientos por parte del Cuerpo de Gestión.

• Que se regulen las sustituciones de los Encargados por el personal de Gestión.

• Que se garantice el empleo, las retribuciones, la no movilidad geográfica forzosa y el resto de condiciones laborales de todo el personal, transferido o no.

• Que se elabore un programa informático único para la gestión de los procedimientos y expedientes.

• Que se permita el acceso de las Administraciones a las inscripciones.

• Que el cuerpo de Gestión asuma en los juzgados de paz las actuales funciones de los y las Jueces de Paz.

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Últimas actuaciones de CCOO ante el Defensor del Pueblo en materia de adquisición de la nacionalidad española por residencia

Como ya hemos informado, CCOO interpuso una queja ante el Defensor del Pueblo por la eliminación de las competencias a los registros civiles en materia de expedientes de nacionalidad por residencia.  Por tres veces el Defensor del Pueblo había requerido a la Secretaría de Estado de Justicia para que formulase alegaciones a nuestra queja, y por fin se han dignado a contestar

Por nuestra parte, hemos formulado alegaciones a la respuesta de la Secretaría de Estado de Justicia.  Adjuntamos las alegaciones de la Secretaría de Estado de Justicia, remitidas por el Defensor del Pueblo, y las alegaciones de respuesta de  CCOO

Alegaciones de la Secretaría de Estado de Justicia

Respuesta de CCOO

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Publicada en el BOE la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011 del Registro Civil

Hoy, 12 de junio de 2018, se publica en el BOE la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, cuya disposición final primera dispone que "Se modifica la disposición final décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que pasará a tener la siguiente redacción:

«Disposición final décima. Entrada en vigor 

La presente ley entrará en vigor el 30 de junio de 2020, excepto las disposiciones adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, y excepto los artículos 49.2 y 53 del mismo texto legal, que entrarán en vigor el día 30 de junio de 2017

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la entrada en vigor el 15 de octubre de 2015 de los artículos 44, 45, 46, 47, 49.1 y 4, 64, 66, 67.3 y disposición adicional novena, en la redacción dada por el artículo segundo de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. Hasta la completa entrada en vigor de esta ley, el Gobierno adoptará las medidas y los cambios normativos necesarios que afecten a la organización y funcionamiento de los Registros Civiles.»"

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Aprobada por el Congreso la Proposición de Ley que contiene la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011, de Registro Civil, hasta el 30 de junio de 2020

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la Proposición de Ley, del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por la que se regula un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social, que contiene la enmienda sobre la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011, de Registro Civil, hasta el 30 de junio de 2020

Dicha prórroga había sido reclamada por CCOO y las demás organizaciones sindicales tras el rechazo la toma en consideración de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011 presentada por el Grupo Parlamentario Popular y la imposibilidad de la toma en consideración  de la Proposición de Ley presentada por Podemos en este periodo de sesiones. CCOO también defiende que dicha prórroga debe ser sustantiva, en el sentido de que se establezca ya que el Registro Civil sea prestado por personal de la Administración de Justicia, con mantenimiento de las oficinas de registro en cada partido judicial y juzgado de paz

La enmienda de prórroga de la vacatio legis, cuyo texto no se ha difundido, fue introducida  en la  citada Proposición de Ley por acuerdo de la mayoría de los grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia celebrada el pasado 20 de abril. Durante el debate celebrado ayer previamente a la aprobación de la Proposición de Ley (que salió adelante por solo un voto) no se hizo mención alguna a dicha enmienda

Ahora la Proposición de Ley pasa al Senado, en el que el Partido Popular, que ha apoyado la misma en el Congreso, cuenta con mayoría absoluta, por lo que presumiblemente la Proposición de Ley será aprobada. Sólo en el supuesto de que se introduzca alguna modificación en la misma la Proposición de Ley volvería al Congreso de los Diputados

Una vez que tengamos conocimiento del texto de la enmienda sobre la prórroga de la vacatio legis informaremos inmediatamente

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CCOO se dirige al PSOE en todas las provincias a fin de que presionen al Grupo Parlamentario Socialista para que defienda el mantenimiento de los Registros Civiles en todos los municipios

• Carta de CCOO a las organizaciones provinciales del PSOE para que presionen a su grupo en el Congreso a fin de que modifique su postura favorable al cierre de oficinas del Registro Civil

CCOO SOLICITA A LAS ORGANIZACIONES TERRITORIALES DEL PSOE QUE INSTEN AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO PARA QUE SE UNA AL RESTO DE GRUPOS QUE DEFIENDEN EL MANTENIMIENTO DE LA ACTUAL ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL REGISTRO CIVIL

El Grupo Parlamentario Socialista, con el argumento de la informatización del nuevo Registro Civil, apuesta por el cierre de las oficinas actuales en cada partido judicial y en los juzgados de paz.

La representación del PSOE en el Congreso de los Diputados sigue defendiendo, prácticamente en solitario, la aplicación literal de la Ley 20/2011 del Registro Civil que dispone que:

“En cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía se ubicará al menos una Oficina General del Registro Civil. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia podrán crear en sus respectivos ámbitos territoriales, además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes. 

Excepcionalmente, por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio, se podrán crear otras tres Oficinas Generales en cada Comunidad Autónoma. 

En atención a las dificultades de acceso derivadas del carácter insular de sus territorios, Canarias y Baleares contarán en todo caso con al menos una Oficina General del Registro Civil en cada una de las islas en que exista un Registro Civil al entrar en vigor la presente Ley.”

En el último trimestre del pasado año 2017, tanto el Grupo Popular como el de Unidos Podemos presentaron en el Congreso sendas proposiciones de Ley de modificación de la Ley 20/2011, y ambas proposiciones coincidían en modificar dicha ley, entre otros aspectos, para mantener la misma estructura territorial actual del Registro Civil, es decir, una oficina en cada una de las localidades que son cabeza de Partido Judicial y una en cada uno de los Juzgados de Paz.

En CCOO estamos convencidos de que la posición que defiende el PSOE en el Congreso no es compartida por sus organizaciones territoriales más próximas a los municipios ni, desde luego, por sus representantes municipales, que dudamos que apoyen el cierre del Registro Civil de su localidad.

Por ello, nos hemos dirigido por escrito a estos cargos intermedios del PSOE solicitándoles “que, en la medida que Vd., su equipo y los y las ediles de su partido de los pequeños y medianos municipios comparta nuestras posiciones, se dirija a la organización Federal del PSOE y al Grupo Parlamentario Socialista para que modifiquen esta tajante posición y se avengan a llegar a un acuerdo con el resto de grupos parlamentarios que consiga evitar el cierre de los Registros Civiles de las poblaciones de su ámbito territorial, junto a las del resto del Estado”.

En la carta, CCOO señala que, desde hace casi 150 años, todos los trámites que se realizan ante cualquier Registro Civil son totalmente cercanos y que lo que está defendiendo el PSOE en el Congreso supondrá el alejamiento de este servicio público de la ciudadanía, pues conllevaría la desaparición de las oficinas del Registro Civil en la mayoría de las medianas y pequeñas poblaciones.

Se produciría el traslado de dichos registros a las capitales de tamaño superior, obligando con ello a la población de las localidades más pequeñas a cubrir decenas de kilómetros para ejercer su derecho o acudir, pagando los honorarios correspondientes, a gestorías o despachos profesionales, además de suponer un deterioro en la dinámica social y económica de los medianos y pequeños núcleos de población. No está garantizado, incluso, que los vecinos y vecinas de un pueblo, puedan seguir inscribiendo a sus hijos e hijas como nacidos en esa localidad cuando nacen en los hospitales comarcales o provinciales, provocando, a medio plazo, la inexistencia de personas nacidas en el municipio.

CCOO ha transmitido al PSOE que el Registro Civil es un servicio público profundamente arraigado en los municipios, donde la población ha venido realizando los trámites obligatorios de forma gratuita y directa y donde los vecinos y vecinas han podido consultar sus antecedentes y los de sus familiares, ascendientes y descendientes lo que ahora, con su desaparición, no podrán seguir haciendo.

Es, desde nuestro punto de vista, una posición, la del Grupo Parlamentario Socialista, alejada de la sociedad y de desmantelamiento y deterioro del Servicio Público.

La informatización y los medios tecnológicos deben ser aplicados sin duda en los Registros Civiles, pero ello no es óbice para que se mantengan abiertas las oficinas que, en los municipios, dan servicio directo a la ciudadanía, tal y como ocurre con otros servicios públicos informatizados como puedan ser la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.

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Propuestas del Ministerio de Justicia sobre la Proposición de Ley del Registro Civil de Unidos Podemos

• El Ministerio de Justicia nos da traslado de sus discrepancias con la Proposición de Ley de Unidos Podemos para la modificación de la Ley del Registro Civil

CCOO ENTIENDE INSUFICIENTE LA PROPUESTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA A LA PROPOSICIÓN DE UNIDOS PODEMOS SOBRE REGISTRO CIVIL, QUE SE LIMITA A REITERAR LA PROPOSICIÓN DEL PP RECHAZADA POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

CCOO remitirá al Ministerio de Justicia, al Grupo Parlamentario Popular y al Grupo Unidos Podemos sus propuestas a dicho documento, para garantizar realmente el mantenimiento de los Registros Civiles en los partidos judiciales y Juzgados de Paz y la recuperación de competencias en materia de matrimonios civiles y nacionalidad

El Ministerio de Justicia remitió el pasado 27 de marzo a las organizaciones sindicales un documento denominado “Concordancias y discrepancias con la Proposición del Grupo Parlamentario Podemos sobre la reforma de la Ley de Registro Civil”, conforme se había comprometido a hacerlo en la reunión mantenida con las organizaciones sindicales el pasado 28 de febrero.

Por medio de dicho documento, el Ministerio de Justicia pone de manifiesto sus principales desacuerdos con la Proposición de Ley de Podemos, y debería implicar el inicio de una negociación con el Ministerio de Justicia para que el Grupo Parlamentario Popular apoye la toma en consideración de la Proposición de Podemos, sin perjuicio de las enmiendas que puedan presentarse en sede parlamentaria.

Analizado el documento, el Ministerio de Justicia se limita a proponer una modificación en la Proposición de Podemos para introducir de nuevo el mismo articulado que la Proposición de Ley del Partido Popular sobre Registro Civil, y cuya toma en consideración fue rechazada por el Congreso de los Diputados en sesión plenaria de fecha 13 de febrero, rechazando todas las propuestas que vayan más allá de dicho articulado, y todo ello en base a un supuesto “Proyecto” cuyos pormenores desconocemos, más allá de las meras declaraciones de intenciones manifestadas por el Ministro de Justicia en la reunión del 28 de febrero.

Es decir, mediante la modificación de las Disposiciones Adicionales y Transitorias de la Ley 20/2011, el Ministerio acepta que el Registro Civil siga siendo un servicio público, con los LAJ como Encargados de las Oficinas de Registro Civil, servido por personal de la Administración de Justicia, y manteniendo las Oficinas del Registro Civil su ubicación en las mismas localidades en que se encuentran las sedes de los actuales Registros Civiles Municipales y de Paz. Sin embargo, la propuesta del Ministerio de Justicia sigue presentando los inconvenientes ya denunciados, de una propuesta que fue tachada de insuficiente por el Congreso de los Diputados, entre los que cabe resaltar:

• No establece qué competencias tendrán los Registros Civiles hoy ubicados en los Juzgados de Paz. De nada sirve decir que mantendrán su ubicación en sus actuales sedes si no se concretan sus competencias. 

• Mantiene la desaparición de criterios de competencia en la calificación y práctica de las inscripciones, lo que dificulta la adecuada planificación y despliegue de las actuales oficinas de Registro civil, y mucho nos tememos que pueda servir en el futuro para el cierre de Oficinas hoy ubicadas en sedes de partidos judiciales. 

• Rechaza la recuperación de competencias en materia de nacionalidad, sea para recibir las solicitudes tal y como se hacía hasta junio de 2017, sea para instruir los expedientes de nacionalidad. 

• Insiste en mantener la competencia compartida de los Notarios en la tramitación de los expedientes previos al matrimonio civil. 

• Centraliza la función registral en su Encargado, ignorando la labor que realiza el personal de la Administración de Justicia en los Registros Civiles. 

• Rechaza la reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria en materia de aprobación de reconocimientos de filiación efectuado por menores de edad, sin ser consciente del problema que surgirá para su constancia una vez se complete la desjudicialización del Registro Civil. 

Ante la insuficiencia de la propuesta del Ministerio de Justicia, que se limita a querer que aceptemos por esta vía la Proposición de Ley del Partido Popular cuya toma en consideración fue rechazada por el Congreso de los Diputados, CCOO va a remitir un documento al Ministerio de Justicia, Partido Popular y Unidos Podemos, en el que expondremos nuestro punto de vista a la propuesta del Ministerio de Justicia, y que en esencia viene a defender el articulado propuesto por Podemos por ser el que realmente garantizaría que el Registro Civil siga siendo un servicio público, gratuito, cercano a los ciudadanos, servido en exclusiva por personal de la Administración de Justicia, con el mantenimiento de la actual estructura territorial, incluidos los Juzgados de Paz dotados de competencias, y de todos los puestos de trabajo. Es decir:

• Que se establezca de forma clara que habrá Oficinas de Registro Civil en cada partido judicial, así como Oficinas delegadas en cada Juzgado de Paz, estableciendo sus funciones y normas de competencia. 

• Que se reconozca la exclusividad de las Oficinas de Registro civil para la tramitación de todos los expedientes de Registro Civil, incluidos los previos al matrimonio civil.

• Que se recuperen las competencias en materia de nacionalidad, poniendo fin al caos creado por el Ministerio de Justicia y del que se hace eco el Defensor del Pueblo en su Informe 2017. 

• Que se reconozca en la Ley la labor que a diario presta el personal de la Administración de Justicia en los Registros Civiles, abandonando la concepción decimonónica que quiere mantener el Ministerio de Justicia. 

• Que se solucionen los problemas que se derivarán de la desjudicialización del Registro civil (aprobación de reconocimientos de filiación, recepción de declaraciones de emancipación, expedientes de cambio de sexo, etc). 

A juicio de CCOO, si el Ministerio de Justicia entiende que la Proposición de Podemos coincide en muchos elementos esenciales con la proposición que en su día planteó el Grupo Parlamentario Popular, lo que no puede hacer es tratar de imponer una reforma ya rechazada, sino posibilitar que el PP apoye la toma en consideración de la Proposición de Podemos y presente en la tramitación parlamentaria las enmiendas que considere oportunas, para su debate.

CCOO va a instar a la celebración urgente de una reunión con el mismo, en que éste concrete su Proyecto sobre Registro Civil a que hace mención constante en su documento. También entendemos necesario que Ministerio de Justicia y Podemos inicien ya conversaciones para la toma en consideración de la Proposición de Podemos sobre Registro Civil, sin que el Ministerio de Justicia pueda imponer un punto de vista ya rechazado por el Congreso.

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TODOS LOS SINDICATOS TRASLADAMOS A CATALÁ QUE APOYAMOS LA PROPOSICIÓN DE LEY DE UNIDOS PODEMOS PARA EL REGISTRO CIVIL

• Catalá se reúne con las organizaciones sindicales para abordar el futuro del Registro Civil

CATALÁ ASEGURA EN LA REUNIÓN QUE, APUESTA POR UN REGISTRO CIVIL, DESJUDICIALIZADO, PÚBLICO, GRATUITO, CERCANO A LA CIUDADANÍA, DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, GESTIONADO POR FUNCIONARIOS DE JUSTICIA Y CON EL MANTENIMIENTO DE SU ACTUAL ESTRUCTURA TERRITORIAL EN PARTIDOS JUDICIALES Y JUZGADOS DE PAZ

El Ministro afirma que está dispuesto a utilizar la proposición de ley de Unidos Podemos como punto de partida para modificar la Ley 20/2011 del REGISTRO CIVIL en los términos que ha anunciado, pero que antes de apoyar dicha proposición en el Congreso, quiere negociar con los representantes de las y los trabajadores para llegar a un acuerdo definitivo

Todos los sindicatos hemos manifestado que apoyamos la proposición de Ley de Unidos Podemos como vehículo normativo para dar una solución definitiva al modelo de Registro Civil y hemos reclamado al ministro Catalá que el Grupo Popular la apoye en el Parlamento español.

Si bien, todos los sindicatos representativos hemos manifestado nuestro acuerdo con las palabras del Ministro Catalá, porque representan un avance sustancial del Ministerio de Justicia sobre sus posiciones iniciales, las intervenciones al final de la reunión del Ministro y de la Secretaria de Estado de Justicia ponen un borrón preocupante sobre sus intenciones finales.

Ambos, pero especialmente la Secretaria de Estado, han manifestado claramente, que, para apoyar la proposición de Ley de Unidos Podemos en la toma de consideración en el Congreso (que para los sindicatos es la única opción posible para que, antes del 30 de junio de 2018 y si no se quiere una nueva prórroga, pueda debatirse en el Congreso y aprobarse la reforma de la Ley 20/2011 en el camino de defender el Registro Civil como lo ha sido durante 140 años), ponen una condición: van a trasladar a los sindicatos representativos sus desacuerdos con la misma y nos emplazan a negociar.

Los sindicatos representativos les hemos trasladado que se apoye desde el Grupo Popular la toma en consideración de la proposición de Ley de Unidos Podemos, ya que contiene todo lo que contenía la proposición de Ley del Grupo Popular que no fue aprobada, y que presenten las enmiendas que consideren, tanto desde dicho grupo como desde el resto. De esa manera, se empezaría a tramitar en el Congreso esta proposición de reforma de la Ley 20/2011, que contiene la inmensa mayoría de las reclamaciones de las y los trabajadores en defensa del Registro Civil, y se abriría el camino definitivo para solucionar de una vez esta situación, que ya dura 6 años, y sin perjudicar el derecho de los grupos parlamentarios a defender sus enmiendas para mejorar el proyecto desde la perspectiva de cada grupo. Las organizaciones sindicales hemos interesado al Ministro que, si fuese necesario, mientras se tramita la modificación de la Ley 20/2011, se prorrogase la vacatio legis de la citada Ley, introduciendo en la norma que prevea la vacatio todos los puntos aceptados por el Ministro en su intervención.

Pero parece que lo que pretende el Ministro y la Secretaria de Estado es que los sindicatos avalemos enmiendas del Gobierno a la proposición de Ley de Unidos Podemos, porque son líneas rojas para el Gobierno y el Grupo Popular, para de esa forma poder justificar su voto favorable a un proyecto ante la ciudadanía, que ha sido elaborado por otro Grupo.

La próxima semana el Ministerio de Justicia nos remitirá los contenidos que rechazan sobre la proposición de Ley de Unidos Podemos, y que quieren presentar para negociación con los sindicatos, antes de tomar la decisión de apoyar o no la toma en consideración de dicha proposición de Ley.

Los sindicatos hemos trasladado al ministro de Justicia, a la secretaria de Estado de Justicia y a todo el equipo (ha asistido también, entre otros, el director de los Registros y del Notariado), que estamos dispuestos a negociar, pero que debe ser el Ministerio el que traslade su propuesta inicial.

HOJA CONJUNTA DE TODOS LOS SINDICATOS

¡¡¡EN DEFENSA DEL REGISTRO CIVIL!!!
PÚBLICO, GRATUITO, CERCANO A LA CIUDADANÍA, ¡SERVIDO EN EXCLUSIVA POR EL PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y CON EL MANTENIMIENTO DE SU ACTUAL ESTRUCTURA TERRITORIAL Y DE TODOS SUS PUESTOS DE TRABAJO 

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Catalá convoca reunión sobre el Registro Civil tras la reclamación unitaria de CCOO y del resto de sindicatos

Tras la reclamación de CCOO y el resto de sindicatos, Catalá convoca reunión sobre el Registro Civil para el miércoles 28 de febrero

La convocatoria de esta reunión es el resultado de la reclamación realizada por CCOO, CSIF, STAJ y UGT de forma unitaria hace días, con el objetivo de trasladar al ministro Catalá que es imprescindible que el grupo parlamentario que apoya al Gobierno adopte una posición favorable para que se apruebe en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la proposición de Ley de Unidos Podemos sobre la reforma de la Ley 20/2011 del Registro Civil, cuyo contenido compartimos los cuatro sindicatos, y que garantizaría totalmente las reclamaciones de las y los trabajadores de la Administración de Justicia

Publicamos la convocatoria recibida el pasado viernes tarde, desde la Subdirección General de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia, de la reunión que, presidida por el Ministro Catalá, se celebrará el próximo miércoles


---------- Mensaje reenviado ----------

"De: CRESPO SANCHEZ, JOSE RAMON <>
Fecha: 23 de febrero de 2018, 17:48

Asunto: Reunión sobre Registro Civil


Buenas tardes,

En atención a las solicitudes expresadas en estos días de febrero por las organizaciones sindicales de la Administración de Justicia, para tratar la reforma de la Ley 20/2011 del Registro Civil, antes del vencimiento de la vacatio legis vigente, se les convoca a una reunión para el próximo miércoles 28 de febrero de 2018 a las 17,00 en la Biblioteca 1 (C/San Bernardo 45), que será presidida por el Ministro de Justicia.

Un cordial saludo

José Ramón Crespo Sánchez
Subd. Gral. Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia
Ministerio de Justicia"

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El Ministerio de Justicia remite la Proposición de Ley de modificación de la Ley 20/2011 del Registro Civil, ya presentada en el Congreso de los Diputados, quedan pendientes importantísimas reivindicaciones de CCOO

• Acabamos de recibir del Ministerio de Justicia la Proposición de Ley de modificación de la Ley 20/2011 del Registro Civil, ya presentada en el Congreso de los Diputados.

EL MINISTERIO DE JUSTICIA ASUME POR FIN, POR ESCRITO, LAS REIVINDICACIONES DE CCOO PARA QUE SE MANTENGAN TODAS LAS OFICINAS ACTUALES DEL REGISTRO CIVIL Y PARA QUE SEAN ATENDIDAS EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

No obstante, quedan pendientes importantísimas reivindicaciones de CCOO y el conjunto de trabajadoras y trabajadores, como la recuperación en exclusiva para el Registro Civil de las solicitudes y expedientes de nacionalidad por residencia o la totalidad de los trámites para el matrimonio civil, que sí vienen recogidas en la Proposición de Ley presentada hace casi un mes por Unidos Podemos en el Congreso que el Ministerio de Justicia se ha negado a negociar con este grupo político

De forma incomprensible el Ministerio de Justicia ha optado por presentar a través del Grupo Popular del Congreso una nueva Proposición de Ley para la modificación de la Ley 20/2011 del Registro Civil, en lugar de negociar o desarrollar la propuesta ya presentada por Unidos Podemos.

Básicamente, la proposición de Unidos Podemos recoge todas las propuestas que nos acaba de trasladar el Ministerio de Justicia pero avanza además en muchísimas otras mejoras que a juicio de CCOO son necesarias para la entrada en vigor el próximo 1 de julio de 2018 de un nuevo Registro Civil totalmente público, totalmente gratuito y con funciones propias para los Juzgados de Paz y para todos los cuerpos generales de funcionarios de la Administración de Justicia.

CCOO seguimos apoyando la proposición de Unidos Podemos, porque además del mantenimiento de las oficinas actuales (regulado en el articulado de la ley y no en las disposiciones adicionales, como hace la propuesta del PP) y de la atención exclusiva por el personal de justicia contiene, como ya habíamos informado, las siguientes mejoras que no ha aceptado por el momento el Ministerio de Justicia:

• Mantiene la exclusividad del Registro Civil para todos los expedientes registrales, incluida la tramitación del expediente previo al matrimonio civil.

• Atribuye a los Registros Civiles la competencia para la instrucción de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia.

• Establece normas de competencia territorial ya que, de lo contrario, se producirá un situación de caos que impide la planificación de medios personales y materiales.

• Delimita las competencias entre las oficinas principales y las delegadas de los Juzgados de Paz. 

• Supone un reconocimiento de la labor que a diario realiza en los Registros Civiles el personal de la Administración de Justicia, otorgándoles competencias propias y reconociéndole exclusividad para el ejercicio de la función registral así como el desempeño de jefaturas y sustituciones de los Encargados.

• Añade como posible centro de destino del personal de justicia los Consulados de España en el extranjero.

• Delimita las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas.

• Atribuye a la jurisdicción voluntaria la tramitación de las autorizaciones previas de nacionalidad que sólo habrá que instar cuando el representante legal no sea el padre o madre del menor o incapaz.

• Se atribuye al Encargado del Registro Civil la aprobación de la eficacia del reconocimiento de la filiación no matrimonial de un menor otorgado por quien no pueda contraer matrimonio por razón de edad.

• Permitir otras formas de acreditación de la integración en la sociedad española distinta de los exámenes y estableciéndose determinados supuestos de exención de tasas.

• Se atribuye a los Encargados de los Registros Civiles la aprobación de los expedientes de rectificación de sexo.

PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 20/2011 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

PROPOSICIÓN DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 20/2011 DE UNIDOS-PODEMOS

Se adjunta al final del texto de esta proposición de Ley, el Anexo que recoge la disposición transitoria octava, referida a las Oficinas de Registro Civil que se crean con esta modificación de la Ley 20/2011 que sustituyen a los Registros Civiles y Registro Civil Central exclusivos existentes en la actualidad.

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Nueva encomienda de gestión a los registradores de la propiedad para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia

• Nuevamente, el Ministerio de Justicia paga a los registradores por tramitar los expedientes de nacionalidad por residencia
• CCOO no abandonará la lucha por la recuperación de la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia para el Registro Civil, tal y como defendemos en nuestra propuesta de reforma de la Ley 20/2011 y normas concordantes

Hoy se ha publicado en el BOE la Resolución de 17 de octubre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica la encomienda de gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia del segundo semestre de 2015

En la disposición séptima de dicha encomienda, se establece;

"Séptima. Compensación al Colegio. Se establece una compensación al Colegio para cubrir los costes que le supone la realización de las tareas de calificación de expedientes así como el desarrollo y mantenimiento de la aplicación informática. Dicha compensación se fija en 1.854.640 (un millón ochocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta) euros. (...)

Octava. La presente encomienda estará vigente por un periodo de seis meses (...), si el desarrollo de las actividades encomendadas lo requiere, este plazo podrá ser prorrogado, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, por acuerdo expreso y por escrito de las partes, por un periodo máximo de seis meses (...)"

Ya van varios pagos por este mismo concepto:

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de Justicia al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia. 4.000.000 € 150.000 expedientes

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica la encomienda de gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia. 2.000.000€ 75.000 expedientes 

Finalmente, la publicada hoy en el BOE :

Resolución de 17 de octubre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica la encomienda de gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia del segundo semestre de 2015  1.854.640 € 69.549 expedientes

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