CCOO propone medidas urgentes para atajar el deficiente funcionamiento de los juzgados


6 nov. 2015


  • El sindicato apuesta por una Administración de Justicia entendida como un servicio público, universal, gratuito, cercano a la ciudadanía y atendido en exclusividad por empleadas y empleados públicos
De cara a las próximas elecciones generales, el Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO exige a todos los partidos políticos que asuman un serio compromiso de despolitizar el poder judicial y sus órganos de gobierno, de tal forma que se garantice la imparcialidad de los juzgados, tribunales y fiscalías, especialmente en el control judicial de los otros poderes e instituciones del Estado.

CCOO entiende que los poderes públicos están obligados a dotar de recursos humanos y medios materiales suficientes (medios personales, infraestructuras, edificios judiciales, medios tecnológicos, etc.) a la Administración de Justicia, de forma que los juzgados, tribunales, fiscalías y otros servicios puedan desempeñar sus funciones constitucionales con imparcialidad y celeridad. 

En CCOO compartimos con la inmensa mayoría de la opinión pública que los órganos jurisdiccionales de nuestro país no atienden con la calidad ni con la eficacia suficientes las demandas ciudadanas, y entendemos que es solo el esfuerzo personal de las trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia lo que está permitiendo un mínimo funcionamiento de este servicio público, históricamente abandonado a su suerte por los sucesivos gobiernos.

CCOO plantea a los partidos políticos en materia de Administración de Justicia una oposición frontal a cualquier tipo de privatización y la recuperación para el ámbito público de aquellos servicios que han sido privatizados, en concreto:

-    El mantenimiento de los registros civiles públicos, gratuitos, cercanos a la ciudadanía y atendidos por personal de la Administración de Justicia, abandonándose definitivamente el proyecto de su asignación a los registradores de la propiedad y mercantiles.
-    La derogación de todas las disposiciones vigentes que han venido asignando a los notarios y registradores de la propiedad determinadas actuaciones del Registro Civil, como los expedientes de nacionalidad y de matrimonio civil.
-    La asignación en exclusiva de los actos de comunicación y ejecución a  las y los funcionarios públicos de la Administración de Justicia, impidiéndose su práctica a los procuradores de los tribunales que, por un lado, actúan en estos casos como jueces y parte y, por otra parte, discrimina a las personas que carecen de medios para ser atendidos por estos profesionales privados.
-    La prestación de los servicios de atención a las víctimas de delitos y de los equipos de psicólogos y trabajadoras/es sociales que asesoran a los juzgados de familia y de menores por empleados y empleadas públicas.

CCOO exige también un aumento significativo del número de juzgados y tribunales, de jueces, fiscales y demás personal funcionario de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia y personal laboral que nos acerque a la media de los países más avanzados de nuestro entorno y que pueda garantizar la eficacia, calidad y celeridad de la Administración de Justicia.

En este sentido, todas las plantillas de empleadas y empleados públicos de la Administración de Justicia deben estar ocupadas por personal titular, no pudiéndose permitir cifras escandalosas que alcanzan el 30% de personal eventual en puestos de trabajo y servicios que son permanentes y estructurales. Para ello deben convocarse ofertas de empleo público suficientes para cubrir el 100% de las plazas.

Debe mantenerse la estructura actual de la planta judicial basada en la existencia de partidos judiciales que garantizan un servicio público de la Administración de Justicia cercano a la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables como las mujeres víctimas de la violencia machista.

Por último, CCOO demanda la gratuidad total de todos los servicios de la Administración de Justicia que serán sufragados con dinero público, eliminándose de forma definitiva las tasas judiciales y el cobro de aranceles.
Imprimir artículo