El TC declara inconstitucional la privatización del Registro Civil mediante RDL


2 oct. 2015






El Tribunal Constitucional en una sentencia de 24 de septiembre de 2015 ha declarado inconstitucional la privatización del Registro Civil por Real Decreto Ley,


Nota de Prensa del TC de 2/10/2015

Texto de la sentencia

Voto particular

Hoy hemos conocido la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 24 de septiembre de 2015, por la que declara inconstitucional las disposiciones adicionales (20ª a 24ª) del RDLey 8/2014, relativas a la llevanza del Registro Civil, que son declaradas inconstitucionales y nulas.
"No existe “justificación alguna respecto de la urgencia y necesidad de modificar parcialmente el contenido de una norma cuya entrada en vigor se ha pospuesto por un periodo de un año," señala la Sentencia al respecto.

La citada sentencia señala más adelante:
"no se exponen las razones que llevan al Ejecutivo a introducir la regulación mínima de la llevanza del Registro por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles en las DA 20ª a 24ª del Decreto-ley."
"No es posible apreciar fundamento para la regulación del cambio en el régimen de llevanza del Registro Civil que prevén las DA 20ª a 24ª del Real Decreto-ley. ", continúa la sentencia,

Cuando fue aprobado por el Gobierno el Real Decreto Ley 8/2014 que introducía la privatización del Registro Civil, CCOO se dirigió en ese momento a todos los grupos parlamentarios y a la Defensora del Pueblo reclamándoles la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra esa privatización.

CCOO argumentó ante los grupos parlamentarios y ante la defensora del pueblo cuestiones de fondo contra la privatización del Registro Civil. CCOO, manifestó nuestra oposición frontal a esta privatización porque se pretendía entregar a gestores privados la llevanza de un servicio público que hemos defendido, y seguimos defendiendo, debe seguir siendo público, universal y gratuito y prestado como desde hace 140 años por el personal al servicio de la Administración de Justicia.

Pero también expresábamos ante los grupos parlamentarios y la defensora del pueblo la tremenda desvergüenza del Gobierno cuando pretendía utilizar una fórmula espuria como el Real Decreto Ley para privatizar un imprescindible servicio público, que lo es desde hace decenas de años, con el objeto de evitar no solo el debate democrático y parlamentario, sino para impedir que el conjunto de la ciudadanía y de la sociedad pudiera defenderse contra actos ilegítimos como una privatización, por la puerta de atrás, de un servicio público que atenta contra los derechos de millones de ciudadanos.

Pero si bien, varios grupos parlamentarios, el grupo Socialista; el de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda plural; y Unión Progreso y Democracia (a los que agradecemos profundamente de nuevo y públicamente su apoyo) presentaron el presente recurso de inconstitucionalidad, la defensora del pueblo se opuso a nuestros argumentos y no quiso presentar el recurso ante el TC, a pesar del clamor de cientos de miles de personas opuestas a esta privatización. Y ahora se demuestra de nuevo que la defensora del pueblo no ejerció de ninguna manera el papel que le corresponde , pues algunos de nuestros argumentos han sido tenidos en cuenta por el propio Tribunal Constitucionalidad al dictar esta sentencia.

Volvemos a manifestar con la máxima contundencia nuestro rechazo a la decisión de la defensora del pueblo, pues con su pasividad no está ejerciendo el papel que le corresponde constitucionalmente que es apoyar la defensa de los derechos de la ciudadanía. No puede mirar hacia otro lado cuando se privatizan servicios públicos que son de la sociedad en su conjunto, no puede legitimar las políticas de los gobernantes cuando éstos actúan tomando decisiones ilegítimas que atentan contra la mayoría de la sociedad.

No podemos terminar esta nota, sin expresar que nuestra oposición a la privatización del Registro Civil, y nuestra firme apuesta por su mantenimiento dentro del ámbito de la Administración de Justicia, sale aún más reforzada. No vamos a aceptar de ninguna manera ningún intento futuro del poder ejecutivo de intentar volver a pretender su privatización.

Si hemos peleado hasta aquí para impedirlo (logrando una gran victoria parcial con la retirada por el Gobierno de la privatización del Registro Civil tras la aprobación de la Ley 19/2015 que en su disposición derogatoria única anula la privatización del Registro Civil) que anulaba las disposiciones adicionales de la Ley 18/2014), y, con el apoyo de miles de trabajadores/as y de la ciudadanía, logramos recoger cientos de miles de firmas contra la privatización del Registro Civil, no vamos a abandonar esta lucha hasta que logremos que de forma definitiva nadie se atreva a poner en cuestión su carácter público, universal y gratuito.

Foto: EFE

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