El Ministerio de Justicia pretende una nueva encomienda de gestión a los Registradores sobre los expedientes de nacionalidad


7 ene. 2015


  • CCOO rechaza de nuevo la externalización de los expedientes de nacionalidad y exige la modificación del art. 222 del Reglamento del Registro Civil y permitir que sean los Registros Civiles los encargados de su tramitación.
  • El Ministerio quiere firmar una nueva encomienda de gestión de los expedientes con el Colegio de Registradores de la Propiedad, lo que utilizará para justificar la privatización del Registro Civil.
  • El Ministerio trabaja en un expediente digital de nacionalidad, que excluirá de su tramitación a los Registros Civiles y que dejará de ser gratuito.

CCOO ACUSA AL MINISTERIO DE JUSTICIA DE TENER PARALIZADA LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE TODOS LOS EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD REMITIDOS POR LOS REGISTROS CIVILES DESDE FINALES DE 2013, HACIENDO UNA CLARA DEJACIÓN DE SUS COMPETENCIAS

CCOO acusa al Ministerio de Justicia, que en una clara dejación de sus funciones, tiene sin registrar y digitalizar, y, por tanto, sin tramitar todos los expedientes de nacionalidad remitidos desde los Registros Civiles para su resolución desde noviembre de 2013, y dota de insuficientes medios personales y materiales a los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Justicia que desde el 1.1.2014 están tramitando los expedientes de nacionalidad, creando de nuevo un injustificable atasco en su  resolución.

Desde la encomienda de gestión de los expedientes de nacionalidad a los Registradores de la Propiedad, mediante la implantación del Plan Intensivo de Nacionalidad (en adelante PIN) en junio de 2012, que empezó a estar operativo a finales de ese año, todos los Registros Civiles remiten los expedientes de nacionalidad, una vez finalizada la fase de instrucción, al Centro de Digitalización del Colegio de Registradores de la Propiedad en Madrid. En este centro se registraba el expediente, se digitalizaban los documentos y comenzaba la tramitación encomendada a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, con la petición de informes y propuesta de resolución de concesión o denegación al Ministerio de Justicia, que simplemente tenía que firmar digitalmente y se notificaba a los Registros Civiles para la jura de nacionalidad o, en su caso, notificación de la denegación.

El PIN acabó el 31 de diciembre de 2013, con los resultados de todos conocidos (unos 400.000 expedientes resueltos, incremento de denegaciones muchas de ellas de difícil justificación, requerimiento de trámites absurdos, muchos expedientes pendientes de resolver, fallos en las juras ante notarios, etc). Desde entonces, y aunque los expedientes se siguen remitiendo al Centro de Digitalización del Colegio de Registradores de Propiedad en Madrid, el personal de dicho Colegio ya no es responsable ni de la digitalización ni de la tramitación de los expedientes, en contra de lo afirmado por otro sindicato, que no echa la culpa de la paralización actual de los expedientes al verdadero responsable, el Ministerio de Justicia.

Desde el 1.1.2014 es de nuevo el personal del Ministerio de Justicia, compuesto por unas 70 personas, la que ha de tramitar y resolver todos los expedientes, es decir, los expedientes de 2010, 2011 y 2012 que no se repartieron para tramitarse durante el PIN, 20.000 recursos de reposición, un alto porcentaje de expedientes de 2013, la totalidad de los expedientes de 2014 (que aún están todos ellos sin número de expediente)... así que a día de hoy puede haber acumulados ya otra vez una cifra cercana a 200.000 expedientes y alrededor de 20.000 recursos. La dotación de personal del Ministerio resulta claramente insuficiente, haciendo una clara dejación de sus funciones el Ministerio de Justicia de no dotarse con los medios personales y materiales necesarios para resolver en un plazo razonable las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española, lo que abre la puerta a la justificación para su externalización y, por tanto, para su privatización.

El problema además se ve agravado porque el registro y digitalización de los expedientes de nacionalidad, proceso que permite la petición de los informes y propuesta de resolución del expediente, va tremendamente lento, y en la actualidad se están registrando los expedientes remitidos en noviembre de 2013 al Centro de Digitalización del Colegio de Registradores de la Propiedad en Madrid. Además, CCOO ha podido constatar que desde hace unos 4 meses se ha paralizado la digitalización de los expedientes, y desde entonces  la Policía Nacional no recibe peticiones de informes sobre la conducta y antecedentes de los solicitantes de la nacionalidad española. Los solicitantes de nacionalidad, que al tiempo de registrarse su expediente en Madrid tienen que recibir una carta informando sobre su número de expediente, lo que permite su seguimiento telemático, han dejado de recibir dichas cartas, y llaman al teléfono de información del Ministerio de Justicia donde les dicen que tienen que seguir esperando, y que llamen de vez en cuando. Antes de la implantación del PIN esta carta se recibía al mes de enviar el expediente a Madrid, hoy llevan un año de retraso.

Ante el desastre que está creando de nuevo el Ministerio de Justicia, el mismo que luego carga contra los Registros Civiles por el elevado número de quejas que afirma hay sobre su funcionamiento, a pesar de que sabe que esas afirmaciones o son mentira o son debidas exclusivamente a la escasez de las plantillas, (ven la paja en el ojo ajeno pero no ven la viga en el propio), sus responsables están negociando con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Madrid (ahora están de nuevo bien avenidos) la implantación de un nuevo PIN, para dar salida a los expedientes no resueltos en el PIN anterior. Colectivos de inmigrantes y abogados en materia de extranjería así lo reclaman, pues están hartos de la incompetencia del Ministerio de Justicia para resolver en un plazo adecuado sus solicitudes de nacionalidad.

La implantación del primer PIN fue la punta de lanza de la privatización del Registro Civil puesta en marcha en 2012 por los entonces responsables del Ministerio de Justicia, con el Director General de Registros y sus asesores que eran registradores a la cabeza, y del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Al efecto, debe reseñarse que la privatización del Registro Civil y su asunción por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles es una vieja aspiración oculta de dirigentes del Partido Popular comandados por Mariano Rajoy: ya en el año 2003, siendo el actual Ministro de Justicia Secretario de Estado de Justicia, se solicitaron informes a Colegios Profesionales sobre qué les parecía que fuesen los Registradores de la Propiedad quienes asumieran el Registro Civil. Afortunadamente el PP perdió las elecciones generales en marzo de 2003 y no pudo entonces llevar adelante su privatización.

La negociación de un nuevo PIN es confirmada por el actual Director General de Registros y del Notariado Francisco Javier Gómez Gálligo, en un reciente artículo publicado en el diario La Ley, en que afirma que “ en los dos primeros años de experiencia de tales encomiendas de gestión se despacharon más de 400.000 expedientes de nacionalidad, lo que ha demostrado la eficiencia en la gestión llevada a cabo por los registradores”,  buscando  justificar la privatización del Registro Civil mediante su asunción por los Registradores. El actual Director General también es Registrador.

CCOO rechazó, desde el primer momento, la implantación del Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN) porque a nuestro juicio suponía externalizar la tramitación y propuesta de resolución de los expedientes de nacionalidad, y que el mismo o mejor resultado se habría obtenido si mediante la modificación del art. 222 del Reglamento del Registro Civil se permitía a los Registros Civiles instructores del expediente la petición de los informes a Policía Nacional y demás, elevando propuesta de resolución para su firma digital por el Director General de los Registros y del Notariado. De esta forma los expedientes no habrían salido de los Registros Civiles y no habría habido la gran cantidad de problemas derivados de la tramitación del PIN por personas desconocedoras de esta materia. Además, y desgraciadamente, se utiliza también el PIN para justificar la privatización del Registro Civil y su asunción por los Registradores Mercantiles, cuando es obvio que el Ministerio de Justicia no dota de medios para esta tarea con la clara intención de provocar esa privatización (es inaceptable, y de una hipocresía insoportable, la dotación que pone el Ministerio de Justicia para hacer ahora todo el trabajo de los expedientes de nacionalidad, tan solo 70 funcionarios del Ministerio).

Pero es que además el Ministerio de Justicia está trabajando en una tramitación completamente novedosa de los Expedientes de Nacionalidad, de forma electrónica y que excluye a los Registros Civiles de su tramitación, pues se hará ante los Notarios incluida la jura de nacionalidad. 

Compartiendo que se modernice y mejore la tramitación de los expedientes de nacionalidad, para CCOO resulta paradójico y constituye un claro ejemplo de privatización de servicios públicos que sean los Notarios, a los que habrá que pagar el correspondiente arancel por cada actuación, quienes se hagan cargo de la tramitación de los expedientes de nacionalidad a través de una plataforma electrónica y de las juras de nacionalidad. Esta nueva forma de tramitación de los expedientes de nacionalidad, que el Ministerio de Justicia quiere meter con calzador en el proyecto de ley de concesión a la nacionalidad española a los serfardíes, empezaría en abril de 2015.


Todo lo anterior demuestra claramente la incompetencia del Ministerio de Justicia para hacer frente a sus responsabilidades, y que la única solución que encuentran a los problemas de los expedientes de nacionalidad creados por su desidia y falta de dotación de los medios adecuados para su tramitación es la externalización y privatización de estos trámites. Los actuales Registros Civiles, con la misma plataforma electrónica que se va a poner a disposición de operadores privados como son los Notarios, podríamos realizar el trabajo de forma más barata y más eficaz para los ciudadanos, pero el Ministerio de Justicia se quiere quitar de encima a los actuales Registros Civiles y buscará cualquier justificación para entregárselo a los Registradores, a pesar de que sabe que al hacerlo está actuando en claro conflicto de intereses y adoptando  decisiones que huelen a presunta corrupción política. 
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