El consejo de ministros acepta la dimisión del anterior director general de los registros y del notariado y nombra uno nuevo


1 nov. 2014



  • ¿Defenderá el nuevo director los intereses generales, o los intereses corporativos de Rajoy, familia y allegados?
En el Consejo de Ministros de ayer, viernes, fue nombrado el nuevo Director General de los Registros y el Notariado,  Francisco Javier Gómez Gálligo, que desde 1984 es registrador de la propiedad y mercantil y desde 1998 ejerce como letrado en la Dirección General de los Registros y el Notariado del Ministerio de Justicia. Notario (excedente), en 2012 obtuvo la acreditación de Catedrático de Derecho Civil por la Agencia de Calidad Universitaria de Cataluña. Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación

El cese o dimisión del hasta ahora Director General de los registros es una excelente noticia para CCOO, que había pedido su dimisión desde hace meses y le había denunciado (denuncia que también incluye, entre otros, al presidente del Gobierno y al ex ministro Gallardón) ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presunto delito de conflicto de intereses


Pero esta buena noticia no será suficiente mientras no logremos paralizar la privatización del Registro Civil y mantenerlo en el ámbito de la Administración de Justicia, universal y gratuito y servido y gestionado de forma exclusiva por su personal funcionario, sin aranceles y sin costes adicionales para los ciudadanos, y no en manos de profesionales que, por mucho que sean calificados de funcionarios por la Ley Hipotecaria, para la Unión Europea son profesionales liberales que ejercen su actividad en régimen de monopolio (dictamen del Consejo de la Unión Europea sobre el programa de estabilidad de España para 2012 - 2015)


Sin embargo, el nuevo director general también es también registrador de la propiedad y mercantil y notario en excedencia, y ejerce como letrado en la misma Dirección General de los Registros y el Notariado. Esperemos, no obstante, un cambio de actitud en esa Dirección General, a la que CCOO reclama que reconsidere igualmente la decisión de la privatización del Registro Civil, la retirada de la ley 18/2014 y su vuelta en la norma legal a la Administración de Justicia de dónde nunca debió salir, pues nuestros argumentos son irrefutables





Imprimir artículo