Cientos de trabajadores y delegados de CCOO exigen la dimisión de Gallardón en la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo


11 sept. 2014


La convocatoria de la concentración por CCOO el día de la apertura del año judicial es el primer gran acto de movilización contra las reformas de Gallardón tras las vacaciones de agosto

CIENTOS DE TRABAJADORES/AS Y DELEGADOS/AS DE CCOO EXIGEN LA DIMISIÓN DE GALLARDÓN POR SUS INFAMES REFORMAS QUE, DENTRO DEL PLAN IDEADO POR EL GOBIERNO PARA ACABAR CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS, PRETENDEN EL DESMANTELAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.


La concentración convocada por CCOO en solitario ante el Tribunal Supremo (a pesar del llamamiento que venimos realizando al resto de organizaciones sindicales para formar un gran frente unitario contra las gravísimas reformas de Gallardón de la Administración de Justicia) ha tenido dos objetivos fundamentales:


Mantener la presión para que el Gobierno dé marcha atrás en la privatización de los Registros Civiles, decisión consumada por el Gobierno tras la aprobación el pasado 4 de julio por el consejo de ministros del RDL 8/2014 que los entrega a los registradores mercantiles. Como venimos informando,   entre otras múltiples actuaciones llevadas a cabo contra esta decisión, CCOO ha presentado denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia por su actuación en esta decisión que podría vulnerar presuntamente, la ley 5/2006 de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, ya que no consta inhibición o abstención de los mismos en la votación y la decisión afecta a intereses directos y  a los de familiares muy próximos.

Paralizar la reforma de la LOPJ que pretende aprobar el Gobierno en un próximo consejo de ministros (para el inicio inmediato de su trámite parlamentario), que crea un instrumento para permitir a la Administración eliminar cientos de partidos judiciales y de órganos judiciales cuando lo consideren necesario,  la dota de una herramienta legal que permitirá amortizar miles de puestos de trabajo, no garantiza las retribuciones actuales, elimina lo establecido en el vigente artículo 523 de la LOPJ de 2003 -que imposibilita la movilidad forzosa fuera del municipio-, privatiza de los actos de comunicación y ejecución con su entrega a los procuradores y, en definitiva, supondrán un inmenso retroceso de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia además de alejar la justicia de la ciudadanía lo que implica un nuevo impedimento para el acceso a los servicios públicos básicos en un estado de derecho.  

Gallardón comenzó sus políticas encaminadas a adoptar incalificables medidas de ataque a los derechos de las personas con la imposición de la Ley de Tasas Judiciales, que ha dejado a una inmensa mayoría de la población sin posibilidades para acudir ante los Juzgados a defender sus derechos, continuó con la ley de justicia gratuita que ahonda más en esta indefensión y siguió  con la ley de jurisdicción voluntaria que privatiza otra parte de la Administración de Justicia al  poner en manos de registradores y notarios muchos de los procedimientos que hasta ahora eran competencia exclusiva de Juzgados y Tribunales y ha dado la mayor vuelta de tuerca hasta el momento con la privatización de los Registros Civiles y la reforma de la LOPJ.

Desde CCOO estamos convencidos que es posible ganar la batalla contra las reformas de Gallardón si unimos nuestras fuerzas en un gran frente unitario con todos los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia. Solo aquellas organizaciones que tengan otros intereses distintos a la defensa de los derechos y condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia, pueden no querer la unidad contra estas gravísimas reformas.

CCOO va a mantener e incrementar las movilizaciones, y va a seguir llamando a la creación de ese gran frente común, mientras no logremos revertir la privatización de los Registros Civiles y que la reforma de la LOPJ recoja sin ambigüedades, o redacciones imprecisas, todos los derechos del personal de la Administración de Justicia, el mantenimiento de todos los partidos judiciales y órganos judiciales, incluidos los Juzgados de Paz, la garantía de las retribuciones actuales y de todos los puestos de trabajo y la prohibición expresa a la movilidad forzosa. 

 
Al final del acto de la apertura del año judicial y a su salida, los delegados y delegadas de CCOO reclamaron al nuevo secretario general del PSOE un compromiso expreso de que su partido derogaría la privatización de los Registros Civiles si gobiernan,  que su grupo parlamentario votará en contra de la reforma de la LOPJ mientras no se garanticen, con una  redacción que no admitan interpretaciones, todos nuestros derechos. Pedro Sánchez, ante los medios de comunicación se ha comprometido a todo ello así como a reunirse en los próximos días con una delegación de CCOO, reunión en la que la exigiremos que estos compromisos sean recogidos de forma efectiva.

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