Publicamos nota de prensa del Área Pública de CCOO sobre la reunión que se ha mantenido con la Directora General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y AAPP esta misma tarde, tras la presión ejercida por CCOO
En dicha reunión, la directora de Función Pública ha manifestado que el RDLey que aprobará el Gobierno mañana 11 de septiembre en la reunión del consejo de ministros, incluirá además de la recuperación del 26,23 % de la paga suprimida en diciembre de 2012, la restitución de los permisos que estaban establecidos antes de 2012. Pero la norma que se aprobará no tendrá carácter básico para todas las Administraciones sino solo será de aplicación directa a la Administración General del Estado, y serán las restantes Administraciones las que decidirán si aplican sus medidas o no, lo que CCOO rechaza contundentemente.
CCOO insistió hasta la saciedad también en la recuperación también de los 9 días de asuntos particulares de que disponía el personal de la Administración de Justicia hasta 2012, en la recuperación también del salario anterior a 2010, tras los recortes de Zapatero, y en que de nuevo se abone el 100% del salario en caso de baja por IT, que ha constituido una de las mayores vergüenzas del Gobierno en los recortes que ha realizado contra las y los empleados públicos.
Sobre la primera cuestión (los 9 días de asuntos particulares del personal de la Administración de Justicia), la directora de Función Pública contestó que estaba en estudio esta reclamación de CCOO por el Gobierno,pero no se comprometió a incluirlo en el Real Decreto-ley.
NOTA DE PRENSA
CCOO EXIGE AL GOBIERNO LA RESTAURACIÓN DE
LOS DERECHOS ARREBATADOS
En el día de hoy se ha
mantenido una reunión con la Dirección de la Función Pública, asistiendo CCOO, UGT y CSIF. Una reunión
informal, que se produce tras el comunicado de prensa emitido ayer por CCOO y
UGT exigiendo una negociación real sobre las condiciones laborales de los
Empleados Públicos.
La Administración se replantea
su posición de julio y acepta la propuesta sindical de recuperar los días de
permisos que fueron arrebatados en 2012, restituyendo los días de libre
disposición, por antigüedad ("canosos") y los 4 días adicionales por
vacaciones, siendo de aplicación ya a 2015, tres días de antigüedad.
Todas estas medidas tendrán
carácter de básico y potestativo, lo que significa que serán de aplicación
directa en la Administración General del Estado y en las otras Administraciones
será en función de la disposición económica de cada Administración, lo que
rechaza CCOO, exigiendo su aplicación obligatoria a todos los colectivos.
El Gobierno acepta algunas de las
propuestas que CCOO y el resto de los sindicatos hicimos en julio, reponiendo
una parte de los derechos que arrebataron a las empleadas y empleados públicos.
No obstante, para CCOO siguen
siendo insuficientes estas reposiciones, que son producto de las movilizaciones
y presión de nuestro sindicato y del movimiento sindical con el apoyo de las
trabajadoras y trabajadores, y seguimos denunciando la falta de voluntad real
del Gobierno por alcanzar un acuerdo pleno de restitución de derechos para su
aplicación al conjunto de las empleadas y empleados públicos, de carácter
básico y obligatorio para todas las Administraciones Públicas: AGE, Enseñanza,
Sanidad, Justicia, Autonómica, Local y
empresas públicas afectadas por los recortes.
CCOO considera que el Gobierno
tiene que hacer un claro reconocimiento de la deuda que mantiene con las
trabajadoras y trabajadores públicos, a los que han arrebatado derechos en
estos años con la excusa de la crisis, derechos que no se amortizan solo con la
restitución de los días de asuntos propios, tienen que incluir el 5% del
Gobierno de Zapatero, las pagas al 100%, recuperar los fondos de acción social,
el 100% en situaciones de IT, además de recuperar el empleo público perdido, y para ello, en primer lugar es necesario
recuperar las 35 horas semanales, así como un acuerdo de Ofertas Públicas de
empleo anuales para disminuir el insoportable volumen de interinidad en algunos
sectores públicos.
CCOO viene demandando que se
restituya el derecho a la negociación colectiva en el seno de las
Administraciones Públicas como una seña de identidad imprescindible, algo que
el Gobierno sigue sin despejar y mucho menos comprometerse.
El Gobierno tiene una gran
deuda con las empleadas y empleados públicos, está obligado a satisfacerla y
debe comprometerse, abandonando la senda del electoralismo que perjudica las
relaciones laborales y debilita la confianza en los servicios públicos al
arrojar sombras de instrumentalización partidaria.
